El concejal de Río Grande Federico Runin (FORJA) respaldó el reclamo por los fondos de coparticipación adeudados por el Gobierno provincial, aunque cuestionó la falta de información pública sobre los ingresos y gastos municipales. Durante el tratamiento del asunto Nº 562, señaló que Río Grande recibió aproximadamente $100.000 millones en transferencias hasta la semana 41 de 2026 y advirtió que la ciudad ocupa el puesto 914 en un ranking nacional de transparencia municipal, según los datos que citó. Reclamó que el Ejecutivo publique las ejecuciones presupuestarias y permita a los vecinos conocer cómo se administran los recursos públicos.
Río Grande, 27 de octubre de 2026.- En el marco del debate por la deuda de coparticipación que mantiene el Gobierno provincial con el Municipio de Río Grande, el concejal Federico Runin, integrante del bloque FORJA, expresó su acompañamiento al reclamo institucional, aunque planteó que la administración municipal también debe brindar información clara y accesible sobre los fondos que recibe, su recaudación propia y el destino de los recursos públicos.
La posición fue expuesta durante el tratamiento del asunto Nº 562, en la sesión que el Concejo Deliberante desarrolló el pasado jueves, oportunidad en la que el edil sostuvo que la defensa de los recursos municipales debe estar acompañada por mecanismos efectivos de transparencia y rendición de cuentas.
“Me parece que es sumamente legítimo que desde la institución municipal se mantenga un discurso en cuanto a las deudas de coparticipación que la Provincia le estaría debiendo al Municipio, pero también es legítimo el deber de transparentar los recursos que el Municipio ha recibido de parte de la Provincia”, expresó.
Runin consideró que ambas cuestiones deben abordarse de manera conjunta, dado que los vecinos tienen derecho a conocer tanto los montos reclamados como los recursos efectivamente percibidos y su utilización.
Los ingresos municipales y las cifras de coparticipación
Durante su intervención, el concejal recordó que el presupuesto municipal correspondiente al ejercicio 2026, aprobado durante el año pasado, contemplaba en su Anexo I una estimación de ingresos por coparticipación de impuestos nacionales y provinciales de aproximadamente $133.000 millones.
Asimismo, señaló que, de acuerdo con información del Ministerio de Economía provincial, hasta la semana 41 del año el Municipio había recibido alrededor de $100.000 millones por esos conceptos.
“Así como cuando uno dice la deuda que presuntamente tiene, me parece que también es importante transparentar los recursos que se reciben, los recursos que recibe la ciudad de Río Grande, como así también los recursos que se recaudan y poder conocer cómo se administran”, manifestó.
El edil sostuvo que la información sobre los ingresos municipales debería encontrarse disponible para su consulta pública, de manera que cualquier vecino pueda conocer la evolución de los recursos y su aplicación presupuestaria.
Cabe aclarar que los $133.000 millones mencionados corresponden a una previsión de ingresos para todo el ejercicio 2026, mientras que los aproximadamente $100.000 millones representan transferencias acumuladas hasta la semana 41.
Por lo tanto, la comparación entre ambas cifras no permite establecer, por sí sola, el monto de la deuda de coparticipación que reclama el Ejecutivo municipal, ya que se trata de conceptos y períodos diferentes.
Cuestionamientos a la información disponible en la página municipal
Otro de los ejes de la intervención estuvo relacionado con la publicación de información presupuestaria en los canales oficiales del Municipio.
Runin cuestionó que, según su evaluación, los vecinos no puedan acceder adecuadamente a los datos correspondientes a la ejecución de ingresos y gastos.
“Si hablamos de la deuda, en la página oficial del Municipio no aparece. No hay forma de que exista una información respecto a la ejecución de los recursos presupuestarios. Tampoco hay una ejecución presupuestaria de los gastos”, señaló.
El concejal consideró que la publicación de estos datos resulta indispensable para garantizar el control ciudadano sobre la administración de los fondos públicos.
En ese sentido, reclamó mayor claridad respecto de la recaudación municipal, los recursos provenientes de otras jurisdicciones y las erogaciones efectuadas por las distintas áreas de gobierno.
Río Grande y el ranking nacional de transparencia
Runin también hizo referencia a la plataforma digital Municipios Argentinos, a la que atribuyó una evaluación de indicadores de transparencia correspondientes a 1.280 municipios del país.
Según manifestó, Río Grande ocupa el puesto 914 de ese relevamiento.
El edil vinculó esa posición con la falta de publicación de determinada información institucional, entre ella datos sobre la planta de personal, adjudicaciones, licitaciones, presupuesto vigente y obligaciones presupuestarias.
“Me parece que hay una deuda importante en la gestión municipal actual con los vecinos en cuanto a la transparencia, porque no hay una claridad respecto a la administración de los recursos municipales”, cuestionó.
La ubicación mencionada corresponde a los datos citados por el concejal durante su intervención y no constituye, por sí misma, una verificación independiente del estado actual de la información publicada por el Municipio.
No obstante, Runin consideró que estos indicadores deberían motivar una revisión de los mecanismos de acceso público a la información.
“Tan importante como defender los recursos es defender el derecho de los vecinos”
El concejal insistió en que su acompañamiento al reclamo de coparticipación no implica renunciar a la facultad de controlar la administración municipal.
“Tan importante como defender los recursos de Río Grande me parece que es defender el derecho de los vecinos a que sepan qué se hace con su dinero”, afirmó.
En esa línea, sostuvo que el Ejecutivo debe informar con claridad cuáles son los recursos que recibe, cuánto recauda por sus propios tributos y cómo distribuye esos fondos entre las distintas obligaciones presupuestarias.
“Si uno plantea una deuda, y es un reclamo totalmente legítimo, me parece que es importante que también ese reclamo tenga la contrapartida de transparentar, la obligación de transparentar los recursos”, remarcó.
Para Runin, el ejercicio del derecho a reclamar fondos provinciales debe desarrollarse junto con el cumplimiento de las obligaciones de publicidad y rendición de cuentas que corresponden a la administración municipal.
La Carta Orgánica Municipal y la obligación de rendir cuentas
Durante su exposición, Runin fundamentó parte de su planteo en el artículo 65 de la Carta Orgánica Municipal de Río Grande, al que hizo referencia por sus disposiciones vinculadas con la transparencia de los recursos públicos.
El concejal consideró que el acceso a la información presupuestaria constituye una herramienta fundamental para fortalecer la confianza entre los vecinos y sus representantes.
En ese sentido, sostuvo que la publicidad de los actos de gobierno debe abarcar tanto las obligaciones pendientes de otras jurisdicciones como la administración de los recursos disponibles.
Una posición diferenciada dentro del debate por la coparticipación
La intervención de Runin se produjo en un contexto de creciente preocupación institucional por la deuda que el Gobierno provincial mantiene con Río Grande.
Mientras el intendente Martín Pérez informó este martes que el monto adeudado alcanzó los $18.000 millones, distintos sectores del Concejo Deliberante manifestaron su respaldo al reclamo municipal.
En ese marco, la posición del edil de FORJA introduce una exigencia adicional: que la Municipalidad acompañe sus planteos por los recursos pendientes con información pública sobre sus propios ingresos y gastos.
Runin no cuestionó la legitimidad de reclamar las transferencias que correspondan a Río Grande, pero sostuvo que la transparencia debe aplicarse de manera integral, tanto a los fondos provenientes de la Provincia como a los recursos que administra el Ejecutivo municipal.
De esta manera, el concejal ratificó su acompañamiento institucional al reclamo de coparticipación, aunque dejó planteada la necesidad de fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas y acceso ciudadano a la información presupuestaria.
