radiouniversidad.com.ar

El abogado constitucionalista Eduardo Barcesat confirmó que patrocina una demanda colectiva por 26.000 millones de dólares contra empresas pesqueras que operan en el Atlántico Sur mediante permisos otorgados por las autoridades británicas de Malvinas, sin autorización argentina. En una entrevista concedida a FM La Isla, explicó que la presentación se sustenta en una investigación del especialista César Lerena y busca obtener una compensación económica destinada al conjunto del pueblo argentino. Cuestionó que los gobiernos nacional y provincial no hayan impulsado oportunamente el reclamo, pese a que, según aseguró, la propuesta les fue presentada hace varios años. También destacó la actuación de la Justicia Federal de Río Grande, reclamó revisar los acuerdos con el Reino Unido y advirtió que la defensa de la soberanía exige decisiones concretas y el cumplimiento efectivo de la Constitución Nacional. 

Río Grande, 14 de octubre de 2026.- El abogado constitucionalista Eduardo Barcesat confirmó que interviene como patrocinante en una demanda colectiva por 26.000 millones de dólares contra empresas pesqueras que desarrollan actividades en el Atlántico Sur utilizando licencias expedidas por las autoridades británicas de las Islas Malvinas, sin contar con las autorizaciones correspondientes de la República Argentina.

La presentación judicial se sustenta en una investigación desarrollada por el especialista en recursos pesqueros César Augusto Lerena y tiene como propósito reclamar una compensación económica por la explotación de recursos naturales que, conforme a la posición argentina, se encuentran bajo su jurisdicción.

En diálogo con el periodista Guillermo Lacaze en el programa “El primero de la fila” en FM La Isla, Barcesat explicó los fundamentos de la iniciativa, cuestionó la falta de acompañamiento de los gobiernos nacional y provincial y sostuvo que el reclamo constituye una herramienta para avanzar en la defensa de los derechos argentinos sobre los recursos marítimos del Atlántico Sur.

El constitucionalista también se refirió a la actuación de la Justicia Federal de Río Grande, a los acuerdos celebrados con el Reino Unido y a lo que considera una insuficiente aplicación de las disposiciones constitucionales vinculadas con la soberanía y los recursos naturales.

Una investigación de César Lerena que llegó a la Justicia

Barcesat explicó que la demanda es el resultado de un trabajo de investigación desarrollado durante varios años por César Augusto Lerena, especialista en cuestiones pesqueras, recursos marítimos y soberanía.

“Es una presentación que ha venido elaborando el presidente de la Fundación Lerena, el doctor César Lerena, que es un gran experto en temas pesqueros, en riqueza ictícola y en defensa del mar territorial”, señaló.

El abogado indicó que su participación se concentra especialmente en los fundamentos constitucionales y jurídicos de la acción, mientras que la investigación técnica y los antecedentes vinculados con la actividad pesquera fueron desarrollados por Lerena.

Según explicó, la presentación busca establecer las responsabilidades de las empresas que explotan recursos pesqueros mediante autorizaciones concedidas por las autoridades británicas de Malvinas.

“Han recibido permisos de pesca de una autoridad usurpante, sin consulta con las autoridades ni de la Nación ni de la provincia de Tierra del Fuego”, cuestionó.

La expresión utilizada por Barcesat responde a la posición argentina de rechazo a la ocupación británica de las Islas Malvinas y al otorgamiento unilateral de licencias para explotar recursos en los espacios marítimos en disputa.

La controversia sobre la soberanía de las islas y sus espacios marítimos constituye, precisamente, uno de los elementos centrales del planteo judicial.

Un reclamo económico de 26.000 millones de dólares

Uno de los aspectos más relevantes de la demanda es su magnitud económica.

Barcesat confirmó que la acción judicial reclama una compensación de 26.000 millones de dólares por la explotación de recursos pesqueros realizada durante años por empresas que operan con permisos británicos.

El constitucionalista aclaró que el dinero eventualmente recuperado no tendría como destinataria a la fundación que impulsa la presentación.

Por el contrario, explicó que la intención es “constituir un fideicomiso con los fondos que se logren colectar en beneficio del conjunto del pueblo argentino”.

De esta manera, los impulsores de la acción proponen que una eventual reparación económica tenga un destino colectivo.

Sin embargo, la cifra constituye el monto reclamado por los demandantes y no una indemnización reconocida judicialmente. Su procedencia, cuantificación y eventual ejecución deberán ser examinadas en las instancias correspondientes.

Barcesat señaló que la presentación incluye una importante cantidad de antecedentes documentales relacionados con la explotación de recursos pesqueros.

“Hay diez anexos con todas las publicaciones que tienen las constancias de los años en que han estado, diría, depredando el mar austral, la zona económica exclusiva”, sostuvo.

Para el abogado, esa documentación constituye una parte fundamental del reclamo, porque busca respaldar la actividad atribuida a las empresas y los perjuicios económicos cuya reparación se solicita.

La competencia de Tierra del Fuego y los recursos del Atlántico Sur

El constitucionalista explicó que, según su interpretación jurídica, Tierra del Fuego tiene un papel central en la controversia debido a la vinculación territorial de la provincia con las Islas Malvinas y los espacios marítimos comprendidos en la demanda.

Barcesat sostuvo que la mayor afectación de los recursos pesqueros se habría producido en espacios vinculados con la jurisdicción fueguina.

No obstante, aclaró que la problemática también involucra otras áreas del litoral marítimo argentino, particularmente aquellas vinculadas con la actividad pesquera en la zona económica exclusiva.

En ese sentido, señaló que las consecuencias de la explotación de estos recursos alcanzan también a las provincias costeras desde Buenos Aires hasta Santa Cruz.

La determinación de la competencia judicial y del alcance territorial del reclamo constituye una cuestión jurídica que deberá ser analizada por los tribunales intervinientes.

“Se lo propusimos a las autoridades provinciales y nunca tuvimos una respuesta”

Uno de los cuestionamientos más importantes formulados por Barcesat estuvo dirigido a los gobiernos nacional y provincial.

El abogado aseguró que la posibilidad de impulsar una demanda de estas características fue planteada a las autoridades de Tierra del Fuego varios años antes de concretarse la presentación judicial.

“Quiero aclarar que esto, oportunamente, se lo hemos propuesto a las autoridades provinciales. Nunca hemos tenido una respuesta concreta en el sentido de decir que la provincia va a hacer esta reclamación”, afirmó.

Según relató, la iniciativa también fue acercada a funcionarios nacionales, sin obtener el acompañamiento que sus impulsores esperaban.

“Pusimos el ofrecimiento a autoridades provinciales y también de la Nación, no hubo eco, no hubo eco”, remarcó.

Barcesat estimó que las gestiones ante las autoridades fueguinas comenzaron al menos cuatro o cinco años atrás.

El constitucionalista consideró que tanto el Estado nacional como el Gobierno provincial deberían haber asumido un papel activo en la promoción de acciones judiciales vinculadas con la explotación de los recursos pesqueros.

Ante la falta de respuestas, explicó que finalmente se resolvió avanzar mediante la fundación y los mecanismos jurídicos disponibles para promover una demanda colectiva.

Sus declaraciones constituyen un cuestionamiento directo a la actuación institucional de ambos niveles de gobierno, aunque en la entrevista no se incorporaron respuestas de las autoridades aludidas.

Empresas extranjeras y permisos otorgados por las autoridades británicas

Durante la entrevista también se abordó la participación de flotas pesqueras de diferentes nacionalidades en el Atlántico Sur.

Consultado sobre empresas españolas, chinas, noruegas y de otros países, Barcesat explicó que el reclamo no establece distinciones por la bandera de los buques o la nacionalidad de las compañías.

“Nadie está excluido del reclamo”, aseguró.

Y agregó: “No hemos hecho distinción de banderas, de pertenencias, sino señalar que todos ellos han operado bajo, entre comillas, permisos de pesca del usurpante del territorio argentino”.

El constitucionalista sostuvo que el aspecto determinante para los impulsores de la demanda es la utilización de autorizaciones expedidas por las autoridades británicas para desarrollar actividades pesqueras en espacios marítimos reivindicados por la Argentina.

Respecto de la eventual participación de empresas argentinas asociadas con firmas extranjeras, evitó identificar casos concretos y explicó que esos detalles corresponden a la investigación técnica realizada por César Lerena.

La presentación busca que se examinen las responsabilidades de las empresas comprendidas en el reclamo, con independencia de su nacionalidad.

El expediente ya fue presentado y solicitaron incorporar a Nación y Provincia

Barcesat confirmó que la demanda fue ingresada formalmente en sede judicial.

“Aclaro que el expediente ya tiene número, entrada, autoridad judicial interviniente”, señaló.

El abogado explicó que también se solicitó convocar a las autoridades nacionales y provinciales para que puedan participar del proceso en carácter de terceros interesados, de acuerdo con las posibilidades procesales que correspondan.

Según sostuvo, la intervención de ambos niveles del Estado permitiría fortalecer el reclamo y ampliar su representación institucional.

No obstante, aclaró que al momento de la entrevista todavía no había recibido una respuesta del Gobierno nacional y precisó que habían transcurrido apenas dos días desde la presentación.

Respecto del Gobierno de Tierra del Fuego, manifestó que tampoco se había establecido contacto con los impulsores de la demanda.

“Hasta acá son los municipios los que han apoyado vivamente esta presentación, en tanto que el gobierno provincial no ha hecho ningún contacto con los presentantes para interiorizarse, sumarse o lo que fuere”, cuestionó.

El constitucionalista destacó el respaldo expresado desde ámbitos municipales fueguinos y consideró necesario que las autoridades provinciales y nacionales puedan interiorizarse del contenido del expediente.

La presentación de la demanda y la solicitud de intervención de terceros no significan, por sí mismas, que las empresas demandadas hayan sido declaradas responsables ni que exista una decisión judicial favorable al reclamo económico.

Elogios a la Justicia Federal de Río Grande

Otro de los aspectos destacados de la entrevista estuvo relacionado con la actuación de la Justicia Federal de Río Grande en causas vinculadas con la soberanía argentina sobre Malvinas y la explotación de recursos naturales.

Barcesat fue consultado sobre las intervenciones del juzgado a cargo de la Juez Federal Mariel Borruto, donde se han presentado distintas iniciativas relacionadas con la defensa de los intereses argentinos en el Atlántico Sur.

Entre esos antecedentes se encuentran actuaciones impulsadas por organizaciones de excombatientes y presentaciones del Municipio de Río Grande vinculadas con la explotación de recursos en Malvinas.

El constitucionalista realizó una valoración positiva del trabajo judicial.

“Yo hago una apreciación, por supuesto, soy externo al juzgado y a la fiscalía interviniente, pero lo que aprecio es que, primero, saben derecho; segundo, lo aplican; tercero, no admiten presiones políticas ni buscan negociados económicos”, expresó.

Barcesat consideró importante que las controversias relacionadas con la soberanía y los recursos naturales sean examinadas mediante criterios jurídicos.

Sus declaraciones constituyen una apreciación personal sobre la actuación de los funcionarios judiciales, no una evaluación institucional del desempeño del juzgado.

Críticas a la política nacional sobre Malvinas

El abogado también cuestionó la actuación del Gobierno nacional respecto de la defensa de los derechos argentinos en el Atlántico Sur.

Según su interpretación, existe una diferencia entre las declaraciones públicas sobre soberanía y las medidas concretas destinadas a proteger los recursos naturales.

“El gobierno nacional tiene una pose de reclamar soberanía, pero en lugar de tener una conducta activa para reclamar esa soberanía, se limita a la preocupación por los recursos hidrocarburíferos”, sostuvo.

Barcesat reconoció la importancia de las acciones relacionadas con la explotación de hidrocarburos y minerales, pero consideró que la defensa de los intereses argentinos no puede limitarse a esas actividades.

En su opinión, la pesca debe ocupar un lugar igualmente importante dentro de una estrategia integral de protección de los recursos del Atlántico Sur.

También cuestionó que empresas e intereses económicos vinculados con actividades en Malvinas mantengan, según sus afirmaciones, relaciones con emprendimientos en territorio continental argentino, entre ellos los vinculados con Vaca Muerta.

El constitucionalista consideró que estas situaciones deberían ser examinadas por las autoridades nacionales dentro de una política más amplia de defensa de la soberanía.

“Nos dieron diplomas de visitantes ilustres, pero las propuestas no avanzaron”

Barcesat recordó que durante años participó en actividades y encuentros institucionales en Tierra del Fuego, donde presentó iniciativas relacionadas con la soberanía territorial y marítima.

Según explicó, algunas de esas propuestas estaban orientadas a promover legislación provincial que posteriormente pudiera proyectarse hacia el Congreso de la Nación.

Sin embargo, manifestó su decepción por la falta de avances concretos.

“Créame que hemos empleado mucho tiempo en aportar iniciativas reivindicativas de soberanía territorial y marítima a la provincia”, afirmó.

También cuestionó que los reconocimientos protocolares no se hayan traducido, según su apreciación, en decisiones institucionales.

“Nos dieron diplomas de ciudadano ilustre, visitante ilustre, todo esto es eso, pero de las acciones y de las propuestas que hicimos, incluso para una legislación de la provincia de Tierra del Fuego, y también para su proyección hacia el Congreso de la Nación”, expresó.

Para el constitucionalista, la defensa de la soberanía requiere que las iniciativas jurídicas y legislativas sean evaluadas y, cuando corresponda, transformadas en medidas concretas.

Reclamó revisar los acuerdos celebrados con el Reino Unido

Otro de los ejes de la entrevista estuvo relacionado con los compromisos diplomáticos celebrados entre la Argentina y el Reino Unido.

Barcesat cuestionó la continuidad de los acuerdos de Madrid I y II y de los entendimientos conocidos como Foradori-Duncan y Mondino-Lammy.

El abogado sostuvo que esos instrumentos deben ser examinados a la luz de las disposiciones constitucionales que regulan las atribuciones del Congreso Nacional en materia de tratados internacionales.

“¿Cuánto tiempo vamos a esperar para denunciar por su falta de aprobación en el Congreso de la Nación los tratados Madrid I, Madrid II, Foradori-Duncan y Mondino-Lammy?”, planteó.

El constitucionalista fundamentó su posición en el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, que establece la competencia del Congreso para aprobar o desechar tratados concluidos con otras naciones y organizaciones internacionales.

Su planteo apunta a revisar el tratamiento institucional de los compromisos asumidos con el Reino Unido y sus consecuencias sobre la posición argentina en la controversia de soberanía.

Cabe distinguir que los instrumentos mencionados no necesariamente poseen idéntica naturaleza jurídica. La determinación de si cada uno requiere aprobación legislativa, y de cuáles son sus efectos jurídicos, exige un análisis específico de su contenido y de las normas aplicables.

“La Constitución está en una caja fuerte bajo 70 candados”

Las críticas más contundentes de Barcesat estuvieron dirigidas a lo que considera una falta de aplicación efectiva de la Constitución Nacional en asuntos vinculados con la soberanía y la protección de los recursos naturales.

“A mí me da la sensación que, en esta, como en otros temas sobre los cuales también he escrito, la Constitución no existe para el gobierno, en este caso nacional, y también agrego, lamentablemente, provincial”, afirmó.

El constitucionalista profundizó su cuestionamiento mediante una expresión que sintetizó su posición.

“Pareciera que el texto es para tenerlo en una vitrina institucional, y para lo que es el gobierno nacional, creo que está en una caja fuerte, bajo 70 candados, el texto de la Constitución y de los tratados internacionales de derechos humanos”, manifestó.

Barcesat sostuvo que las disposiciones constitucionales y los compromisos internacionales deben traducirse en decisiones efectivas de protección del patrimonio natural.

En ese contexto, recordó que los pactos internacionales de derechos humanos reconocen principios vinculados con la libre disposición de las riquezas y recursos naturales por parte de los pueblos.

También formuló observaciones sobre el tratamiento de determinados bienes estatales en el Código Civil y Comercial, al considerar que la legislación interna no refleja adecuadamente, según su interpretación, el alcance de esos principios internacionales.

Para el abogado, existe una contradicción entre el reconocimiento formal de los derechos y su aplicación en las decisiones de gobierno.

La soberanía sobre Malvinas y la defensa de los recursos naturales

A lo largo de la entrevista, Barcesat vinculó la demanda pesquera con una discusión más amplia sobre la defensa de la soberanía argentina en el Atlántico Sur.

Desde su perspectiva, la controversia sobre Malvinas no puede reducirse a declaraciones diplomáticas ni a reclamos vinculados exclusivamente con los hidrocarburos.

El constitucionalista consideró necesario contemplar también la explotación pesquera, la protección del ambiente marino y los intereses estratégicos argentinos en las islas del Atlántico Sur, el sector antártico y los pasos bioceánicos.

En ese marco, la acción judicial por 26.000 millones de dólares es presentada por sus impulsores como un instrumento para reclamar responsabilidades económicas y promover una mayor intervención de las autoridades públicas.

La demanda se desarrolla en un contexto de controversia de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido, por lo que sus fundamentos y alcances deberán ser examinados en las instancias judiciales correspondientes.

Una demanda que busca trascender el reclamo económico

Finalmente, Barcesat dejó planteado que la presentación judicial no tiene únicamente una finalidad económica.

Aunque la cifra reclamada alcanza los 26.000 millones de dólares, el constitucionalista considera que el proceso también puede contribuir a visibilizar la explotación de los recursos pesqueros del Atlántico Sur y promover acciones institucionales para su protección.

La iniciativa pretende obtener una compensación por las actividades cuestionadas, establecer responsabilidades y promover la participación del Estado nacional y de la provincia de Tierra del Fuego.

Al mismo tiempo, las declaraciones del abogado reflejan su disconformidad con las respuestas recibidas durante los últimos años y su reclamo de revisar los instrumentos diplomáticos vinculados con Malvinas.

La controversia judicial deberá determinar si corresponde admitir y dar curso a las pretensiones formuladas, cuáles son las responsabilidades que eventualmente pueden establecerse y qué alcance podría tener una reparación económica.

Mientras tanto, el planteo de Barcesat instala nuevamente en la discusión pública la relación entre soberanía, explotación de recursos naturales y responsabilidades de los distintos niveles del Estado.

Para el constitucionalista, la defensa de los derechos argentinos sobre Malvinas y el Atlántico Sur debe expresarse no solamente en declaraciones y reconocimientos institucionales, sino también en acciones judiciales, decisiones de gobierno y aplicación efectiva de las disposiciones constitucionales.