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Marisa Fontana, familiar de uno de los policías territoriales retirados, cuestionó el proyecto de declaración de emergencia de la Caja y aseguró que el sector rechaza que las medidas propuestas vuelvan a trasladar parte del esfuerzo económico a los beneficiarios. Señaló reparos sobre el incremento de aportes, los plazos previstos y la conformación de una mesa técnica sin representación de los territoriales. Además, confirmó que presentaron una impugnación ante la Legislatura provincial.

Ushuaia, 15 de septiembre de 2026.- Los policías territoriales retirados y sus familiares expresaron su rechazo al proyecto de declaración de emergencia de la Caja y presentaron una impugnación ante la Legislatura provincial, en medio del conflicto que mantienen por atrasos en el pago de sus haberes y diferencias previsionales.

Marisa Fontana, familiar de uno de los retirados territoriales y colaboradora del sector, explicó en diálogo con el programa “Está Pasando”, conducido por Jorge “el Pulpo” Águila por FM After 103.7, los principales cuestionamientos que realizan a la iniciativa.

Fontana señaló que tomaron conocimiento del proyecto el pasado 7 de septiembre y afirmó que, si bien consideran necesaria una respuesta ante la situación financiera de la Caja, discrepan con distintas herramientas contempladas para afrontar la emergencia.

Uno de sus principales cuestionamientos apunta a la interpretación que, según sostiene, realiza el proyecto respecto del impacto de los retirados territoriales sobre el financiamiento del sistema.

“Nos encontramos cuando leemos el proyecto que los retirados somos los culpables del desfinanciamiento”, cuestionó.

La entrevistada rechazó esa interpretación y recordó que se trata de personas que realizaron aportes durante aproximadamente 30 años de servicio.

Cuestionamientos al aumento de los aportes

Fontana aseguró que entre las medidas contempladas se encuentra un incremento de tres puntos porcentuales en el aporte de los beneficiarios.

También cuestionó que se contemplen 90 días para elaborar un plan estratégico destinado a abordar la situación financiera.

“Si en dos años y medio, casi tres, no tuvieron la capacidad de armar un plan estratégico, ¿a mí quién me garantiza que en 90 días lo van a hacer?”, planteó.

Otro de los puntos cuestionados es la duración que tendría la emergencia.

Según explicó Fontana, la iniciativa establecería inicialmente una vigencia de dos años con posibilidad de extenderla por otro período similar.

La referente de los familiares objetó además los plazos previstos para regularizar las obligaciones con los beneficiarios y consideró que, en la práctica, el período para resolver definitivamente la situación podría prolongarse considerablemente.

Reclaman participación de los territoriales

Fontana también cuestionó la conformación de una mesa técnica contemplada en la iniciativa.

Según explicó, esa instancia estaría integrada por profesionales, entre ellos contadores y abogados, pero no tendría representación directa de los policías territoriales retirados.

“Solicitaron armar una mesa técnica, pero no está llamado ningún representante de los territoriales”, afirmó.

Para Fontana, quienes se encuentran directamente afectados por la situación previsional deberían tener participación en el análisis de las posibles soluciones.

Otro de los aspectos cuestionados se relaciona con la forma en que se pagarían futuros incrementos salariales que correspondieran a los beneficiarios.

Fontana sostuvo que, de acuerdo con la propuesta que ellos analizaron, los aumentos podrían abonarse con un diferimiento de dos meses y sujetos a la disponibilidad de fondos.

El planteo sobre el esfuerzo de los beneficiarios

Uno de los argumentos centrales expuestos por Fontana estuvo relacionado con la distribución de los esfuerzos económicos durante una situación de emergencia.

La entrevistada sostuvo que las medidas no deberían recaer fundamentalmente sobre un único sector y recordó que los territoriales vienen reclamando desde hace más de un año por diferencias en sus ingresos.

“Hace 15 meses, tres aguinaldos, que el sacrificio pesa sobre los territoriales”, manifestó.

Fontana consideró que cualquier alternativa para resolver el problema financiero debe contemplar criterios que distribuyan las cargas entre los distintos sectores involucrados.

Continúa el acampe

Los retirados y sus familiares mantienen además el acampe instalado como parte de las medidas mediante las cuales vienen haciendo visible el reclamo.

Fontana explicó que inicialmente el sector estaba dispuesto a analizar un esquema que permitiera normalizar los pagos hacia adelante y posteriormente acordar la forma de cancelar la deuda acumulada.

Sin embargo, aseguró que esa posición cambió ante la falta de una solución.

“Ahora ya estamos intransigentes nosotros. Queremos todo lo que nos adeudan de una y que se empiece a pagar como corresponde”, afirmó.

También relató inconvenientes surgidos durante la permanencia en el acampe y aseguró que, pese a una predisposición inicial de integrantes de Bomberos y de la Comisaría Primera para facilitar algunas necesidades básicas, posteriormente se les habría comunicado que no podían acceder a esas dependencias.

Se trata, en este caso, de una situación relatada por Fontana durante la entrevista.

Impugnación ante la Legislatura

En paralelo con la continuidad de las medidas de protesta, Fontana confirmó que el sector decidió trasladar sus objeciones al ámbito legislativo.

“Ya se presentó ante la Legislatura una impugnación a esta ley”, señaló.

La entrevistada expresó su expectativa de que los legisladores analicen tanto el contenido de la iniciativa como los cuestionamientos formulados por los retirados.

El sector sostiene que las medidas propuestas podrían afectar derechos previsionales que consideran adquiridos y reclama que cualquier alternativa destinada a superar la situación financiera de la Caja contemple la participación de los beneficiarios.

Fontana recordó finalmente que los policías territoriales realizaron durante décadas los aportes correspondientes al sistema previsional y sostuvo que el reclamo busca que puedan percibir la totalidad de los haberes que, según afirman, les corresponden.

Mientras el proyecto de emergencia queda sujeto al tratamiento legislativo, los retirados territoriales y sus familiares anticiparon que continuarán con el acampe y con las presentaciones destinadas a plantear sus objeciones a las medidas propuestas para afrontar la situación de la Caja.