Luego de que la Legislatura provincial aprobara el proyecto impulsado por el gobernador Gustavo Melella para avanzar en la regularización de los terrenos destinados a actividades productivas en las chacras de la zona sur de Río Grande, el secretario de Representación Política, Federico Giménez, cruzó las declaraciones del intendente Martín Pérez y defendió la iniciativa del Ejecutivo provincial.
Río Grande, 30 de octubre de 2026.- La aprobación en la Legislatura de Tierra del Fuego de una iniciativa destinada a avanzar en la regularización de las tierras productivas de la Margen Sur de Río Grande abrió un nuevo capítulo de confrontación política entre el Gobierno provincial y el Municipio.
El secretario de Representación Política, Federico Giménez, salió al cruce de las declaraciones del intendente Martín Pérez, quien había celebrado la incorporación del Macizo 67 al proceso de expropiación, aunque cuestionó las demoras acumuladas desde la sanción de la ley original en 2019.
En respuesta, Giménez defendió la decisión del gobernador Gustavo Melella de impulsar la iniciativa legislativa y consideró contradictorio que las críticas municipales aparezcan precisamente cuando se logró avanzar con una herramienta normativa para atender una demanda histórica de las familias productoras.
“No se hizo nada desde el Municipio en los últimos ocho años para estas familias y, una vez conseguida la norma, lo único que se escucha es la crítica, por la crítica misma”, expresó el funcionario provincial.
Cuestionamientos a la gestión municipal
Giménez profundizó sus críticas al intendente de Río Grande al señalar que existe un desconocimiento de las dificultades que enfrentan las familias asentadas en las chacras, particularmente aquellas ubicadas en el Macizo 67.
“Existe incluso un claro desconocimiento de la situación de incertidumbre e inseguridad jurídica que padecen las familias del Macizo 67 desde hace muchos años, por lo que resultaba imperioso avanzar con una regularización”, puntualizó.
En ese contexto, el funcionario cuestionó la relación de la gestión municipal con las necesidades de los habitantes de la Margen Sur y puso en discusión las obras realizadas durante los últimos años.
“Pérez parece haber perdido la conexión con la realidad de la Margen Sur. Una muestra de eso es que, en los barrios de la zona, lo único que se hizo durante estos años fue una ciclovía y algunas cuadras de pavimento”, afirmó.
Las declaraciones evidencian una nueva confrontación entre ambas administraciones, esta vez alrededor de una problemática territorial que involucra a familias dedicadas a distintas actividades productivas y que reclaman desde hace años una solución definitiva a su situación dominial.
La regularización como respuesta a una demanda histórica
Más allá de los cuestionamientos políticos, Giménez destacó que la aprobación legislativa representa un avance para los productores que desarrollan sus actividades en las chacras de la Margen Sur sin contar con la seguridad jurídica necesaria para consolidar sus emprendimientos.
Según explicó, la iniciativa promovida por el gobernador Gustavo Melella busca generar condiciones que permitan avanzar en la regularización de los terrenos y otorgar mayor previsibilidad a las familias involucradas.
“Los chacareros de la zona estuvieron esperando años por una respuesta y hoy estamos dando un paso concreto para que puedan regularizar su situación. Esto es posible por la decisión política y el compromiso del gobernador Gustavo Melella”, señaló.
El secretario de Representación Política sostuvo que la problemática no debe analizarse únicamente desde una perspectiva administrativa o vinculada con la titularidad de los terrenos, sino también considerando la importancia económica y social de las actividades que allí se desarrollan.
En ese sentido, recordó que detrás de cada establecimiento existen familias que han destinado tiempo, recursos y esfuerzo al desarrollo de proyectos productivos, muchas veces en condiciones de incertidumbre respecto de la situación legal de las tierras.
“Es una herramienta muy importante, porque detrás de cada chacra hay trabajo, esfuerzo y proyectos que queremos ayudar a fortalecer”, manifestó.
Una ley sancionada en 2019 y un proceso todavía pendiente
La controversia también puso nuevamente en discusión los tiempos de implementación de las políticas de regularización territorial.
El intendente Martín Pérez había señalado que la legislación original fue sancionada en 2019 y que, transcurridos casi siete años, el proceso de expropiación todavía no se encuentra concluido.
Desde el Ejecutivo provincial, en cambio, Giménez puso el acento en la reciente aprobación legislativa como una herramienta necesaria para avanzar en la resolución del conflicto, especialmente en lo relacionado con la situación del Macizo 67.
De esta manera, mientras el Municipio reclama que se concreten los procedimientos pendientes, el Gobierno provincial reivindica la decisión política de impulsar una nueva instancia legislativa para encaminar la regularización.
El desafío de transformar la normativa en soluciones concretas
Finalmente, Giménez consideró que la etapa que comienza deberá concentrarse en la implementación de la legislación aprobada y en la generación de respuestas efectivas para los productores.
El funcionario insistió en que las discusiones políticas no deberían desplazar el objetivo central de la iniciativa: brindar seguridad jurídica a las familias que trabajan en las chacras y fortalecer las actividades productivas de la Margen Sur.
La aprobación legislativa constituye un avance normativo, aunque la resolución definitiva de la situación de los terrenos dependerá de los procedimientos administrativos y legales que deban concretarse para completar la regularización.
En ese escenario, el cumplimiento de las próximas etapas será determinante para establecer si la nueva herramienta legislativa logra traducirse en soluciones para las familias que esperan desde hace años una respuesta del Estado.
