El intendente de Río Grande respaldó la decisión de la Legislatura de incorporar el macizo 67 al proceso de expropiación de las chacras de la Margen Sur, aunque advirtió que la ley original fue sancionada en 2019 y todavía no se ha completado su ejecución. Cuestionó las demoras acumuladas durante casi siete años y reclamó al Gobierno provincial que destine los recursos necesarios para concretar el pago de las tierras y garantizar seguridad jurídica a las familias productoras que llevan décadas trabajando en el sector.
Río Grande, 29 de octubre de 2026.- El intendente de Río Grande, Martín Pérez, expresó su respaldo a la decisión de la Legislatura de Tierra del Fuego de avanzar con la incorporación del macizo 67 al proceso de expropiación de las chacras ubicadas en la Margen Sur de la ciudad, aunque advirtió que todavía resta resolver una cuestión fundamental: el pago de las tierras por parte del Gobierno provincial.
A través de una publicación en sus redes sociales, el jefe comunal valoró la medida legislativa como un avance para las familias productoras que desde hace años reclaman una solución definitiva a su situación dominial.
Sin embargo, también formuló cuestionamientos por las demoras registradas desde la sanción de la legislación original, en 2019, y reclamó que las decisiones parlamentarias se traduzcan en acciones concretas.
Un avance legislativo que todavía necesita concretarse
“Celebro que la Legislatura provincial haya avanzado con la incorporación del macizo 67 al proceso de expropiación de las chacras de la Margen Sur. Es una decisión necesaria que acompañamos, porque significa un paso más hacia una solución que nuestras familias productoras esperan desde hace muchos años”, expresó Martín Pérez.
Con estas palabras, el intendente manifestó su acompañamiento a la decisión legislativa, al considerar que representa una nueva instancia para avanzar en la regularización de las tierras ocupadas por familias dedicadas a actividades productivas.
La incorporación del macizo 67 amplía el alcance del proceso de expropiación, aunque, según advirtió el mandatario municipal, todavía resulta necesario completar los procedimientos pendientes para alcanzar una solución definitiva.
En ese sentido, Pérez diferenció la aprobación de herramientas legislativas de su efectiva implementación, al sostener que las normas deben estar acompañadas por las decisiones presupuestarias necesarias.
“Fueron años de demoras, prórrogas y compromisos que todavía no se cumplieron”
El intendente recordó que el proceso de expropiación de las chacras de la Margen Sur tiene su origen en una ley sancionada durante 2019.
Desde entonces, señaló, transcurrieron casi siete años sin que se haya completado la regularización prevista.
“Pero también hay que decirlo. La ley original fue sancionada en 2019 y, casi siete años después, el proceso de expropiación sigue sin completarse. Fueron años de demoras, prórrogas y compromisos que todavía no se cumplieron”, manifestó.
El jefe comunal puso así el acento en el tiempo transcurrido desde la sanción de la normativa y en las dificultades que enfrentan los productores mientras continúa pendiente la resolución definitiva sobre las tierras.
Para Pérez, la incorporación de nuevos sectores al proceso representa un avance, pero no resuelve por sí sola la incertidumbre que atraviesan las familias involucradas.
Reclamó al Gobierno provincial que destine los recursos necesarios
Uno de los aspectos centrales del pronunciamiento del intendente estuvo dirigido a la responsabilidad del Ejecutivo provincial en la ejecución de la expropiación.
Pérez sostuvo que el Gobierno de Tierra del Fuego debe avanzar con las medidas financieras y administrativas necesarias para concretar el pago de las tierras comprendidas en el procedimiento.
“Ahora es el Gobierno provincial quien tiene que dar una respuesta concreta. No alcanza con seguir aprobando leyes si después no se destinan los recursos necesarios para cumplirlas. Es momento de avanzar con el pago de las tierras y resolver definitivamente esta situación”, afirmó.
De esta manera, el mandatario municipal planteó que la continuidad del proceso depende de que la Provincia garantice los fondos necesarios para cumplir con las obligaciones derivadas de la expropiación.
Su reclamo se centra en evitar que la incorporación del macizo 67 se convierta en una nueva instancia legislativa sin una resolución material para los productores.
La seguridad jurídica de las familias productoras
Martín Pérez también destacó la trayectoria de las familias que desarrollan actividades productivas en las chacras de la Margen Sur y que, según señaló, llevan décadas trabajando e invirtiendo en ese sector de Río Grande.
El intendente consideró que la falta de resolución del proceso de expropiación mantiene una situación de incertidumbre que afecta a quienes han destinado años de esfuerzo al desarrollo de sus emprendimientos.
“Detrás de este reclamo hay familias de Río Grande que llevan décadas trabajando, produciendo e invirtiendo con esfuerzo, mientras esperan la seguridad jurídica que les corresponde”, expresó.
La regularización de la situación dominial constituye uno de los aspectos fundamentales del planteo, ya que permitiría avanzar hacia un marco de mayor certeza para las familias involucradas.
En ese sentido, el jefe comunal vinculó la necesidad de completar la expropiación con el reconocimiento al trabajo y las inversiones realizadas por los productores a lo largo de los años.
“Los productores de la Margen Sur no pueden seguir esperando”
En el cierre de su publicación, Martín Pérez reiteró la necesidad de que el Gobierno provincial avance con una respuesta definitiva.
“Los productores de la Margen Sur no pueden seguir esperando”, sostuvo.
La expresión sintetiza el planteo del intendente, quien acompañó la incorporación del macizo 67 al proceso de expropiación, pero insistió en que el cumplimiento de la legislación requiere decisiones concretas y disponibilidad de recursos.
El pronunciamiento vuelve a poner en discusión una problemática que se extiende desde 2019 y que involucra tanto la regularización de las tierras como la situación de las familias que desarrollan actividades productivas en la Margen Sur de Río Grande.
Para el mandatario municipal, el próximo paso debe ser la ejecución efectiva de las medidas pendientes, especialmente el pago de las tierras, con el objetivo de concluir el proceso y otorgar la seguridad jurídica que reclaman los productores.
