El legislador del Movimiento Popular Fueguino, Pablo Villegas, expresó su respaldo a los reclamos de Río Grande y Ushuaia por las demoras en la transferencia de recursos coparticipables. Advirtió que, según las cifras que maneja, la deuda provincial asciende a unos $18.000 millones con Río Grande y entre $11.000 y $12.000 millones con Ushuaia. Además, cuestionó el manejo de los fondos destinados a la Caja de Jubilaciones y la OSEF, criticó los adelantos de coparticipación nacional y sostuvo que la solución a los problemas financieros no debe buscarse mediante nuevos impuestos, sino a través de una administración más eficiente de los recursos públicos.
Río Grande, 29 de octubre de 2026.- El legislador provincial Pablo Villegas, representante del Movimiento Popular Fueguino (MPF), manifestó su preocupación por la situación financiera que atraviesan los municipios de Río Grande y Ushuaia como consecuencia de las demoras en la transferencia de los recursos de coparticipación provincial, y formuló cuestionamientos a la administración económica del Gobierno encabezado por Gustavo Melella.
Durante una entrevista concedida a FM La Voz Tolhuin, el parlamentario sostuvo que los fondos reclamados por las administraciones municipales pertenecen a los habitantes de ambas ciudades y que su transferencia no debería estar condicionada por las necesidades financieras del Ejecutivo provincial.
En ese contexto, Villegas respaldó el planteo que viene realizando el intendente de Río Grande, Martín Pérez, aunque aclaró que no mantiene conversaciones recientes con el jefe comunal.
“Los recursos no son de un intendente, sino de los riograndenses”
Consultado sobre su relación institucional y política con Martín Pérez, el legislador explicó que no ha mantenido contactos con el intendente durante los últimos meses.
“No, no he hablado con el intendente Martín Pérez; la última vez creo que hablé fue hace más de un año y medio. Sin embargo, entiendo perfectamente el reclamo que hacen el intendente y el municipio de Río Grande, porque los recursos, en definitiva, no son de un intendente ni de una gestión en particular, sino de los riograndenses”, afirmó.
De esta manera, Villegas diferenció las relaciones políticas entre dirigentes de la obligación institucional de garantizar la transferencia de los recursos que corresponden a los municipios.
El parlamentario consideró que las demoras en los envíos de coparticipación afectan fondos que deben estar disponibles para que las administraciones municipales puedan cumplir con sus obligaciones y sostener los servicios que prestan a la comunidad.
Una deuda que, según Villegas, alcanza los $30.000 millones entre ambas ciudades
Uno de los aspectos centrales de sus declaraciones estuvo relacionado con la magnitud de los fondos que el Gobierno provincial adeudaría a los municipios.
Villegas señaló que, de acuerdo con las cifras mencionadas durante la entrevista, Río Grande reclama aproximadamente $18.000 millones, mientras que Ushuaia registra una deuda estimada de entre $11.000 y $12.000 millones.
“Lo que está haciendo el Gobierno de la provincia es financiarse a costa de quedarse con la plata de los municipios. En este caso, hay un reclamo de 18.000 millones de pesos de Río Grande y cerca de 11.000 o 12.000 millones de pesos a nivel de Ushuaia”, expresó.
Las cifras expuestas por el legislador representan un monto conjunto de entre $29.000 y $30.000 millones, aunque corresponden a estimaciones señaladas por el parlamentario y no a una conciliación contable presentada durante la entrevista.
Para Villegas, la situación refleja un mecanismo mediante el cual el Ejecutivo provincial posterga transferencias que corresponden a otras jurisdicciones para atender sus propias necesidades de financiamiento.
Su cuestionamiento se suma a los reclamos que vienen formulando las administraciones municipales por la regularización de los envíos de coparticipación.
Cuestionamientos por los aportes a la Caja de Jubilaciones y la OSEF
El legislador también amplió sus críticas hacia la relación financiera que mantiene el Gobierno provincial con los organismos de la seguridad social.
En particular, mencionó la Caja de Jubilaciones y la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF), al señalar que existirían demoras en el cumplimiento de obligaciones relacionadas con aportes y contribuciones.
Villegas sostuvo que la Provincia “pisa el pago de aportes y contribuciones a los organismos de la seguridad social, como la Caja de Jubilaciones y la OSEF, y además se financia con los adelantos de coparticipación multimillonarios que le otorga el Gobierno nacional. Esa es la realidad del Gobierno provincial”.
Sus declaraciones introducen otro aspecto del debate sobre las finanzas públicas fueguinas: la necesidad de distinguir entre los recursos propios del Ejecutivo, las transferencias que corresponden a los municipios y las obligaciones que mantiene con los organismos previsionales y asistenciales.
El parlamentario vinculó estos compromisos con la situación general de las cuentas provinciales y cuestionó que la administración recurra a distintas fuentes de financiamiento sin resolver, a su entender, los problemas estructurales de gestión.
Críticas a los adelantos de coparticipación nacional
Otro de los puntos señalados por Villegas fue la utilización de adelantos de coparticipación otorgados por el Gobierno nacional.
El legislador incluyó esos mecanismos dentro de sus cuestionamientos al manejo de los recursos provinciales, al considerar que la gestión de Gustavo Melella recurre a financiamiento de corto plazo para afrontar sus obligaciones.
Desde su perspectiva, esta modalidad no resuelve las dificultades financieras de fondo y puede prolongar los desequilibrios si no se acompaña de cambios en la administración del gasto público.
En ese sentido, el representante del MPF planteó la necesidad de revisar las prioridades presupuestarias y mejorar los mecanismos de control sobre la utilización de los fondos disponibles.
Rechazo a la creación de nuevos impuestos
Villegas también cuestionó las propuestas destinadas a incrementar la presión tributaria como alternativa para mejorar la situación de las finanzas provinciales.
El legislador consideró que la respuesta a las dificultades económicas no debería trasladarse a los contribuyentes ni afectar los recursos que corresponden a los municipios.
“No encuentran mejor solución para salir de ese atolladero que crear o aumentar impuestos. La salida no pasa por quedarse con recursos municipales ni por aumentar impuestos; pasa por mejorar los estándares de la gestión de gobierno y por administrar mejor los recursos que se tienen en la provincia”, sostuvo.
Sus declaraciones se producen en un contexto de debate legislativo sobre iniciativas de financiamiento provincial y sobre la distribución de los recursos públicos entre el Gobierno de Tierra del Fuego y los municipios.
Para el parlamentario, antes de impulsar nuevas cargas tributarias resulta necesario revisar la eficiencia del gasto y los criterios utilizados para administrar los fondos existentes.
“Son muy rápidos para mirar el bolsillo ajeno, pero no para mirar el propio”
En el tramo final de la entrevista, Villegas insistió en que las dificultades financieras provinciales requieren modificaciones en la administración y en los mecanismos de control del gasto público.
El legislador advirtió que, de mantenerse las actuales prácticas de financiamiento, la Provincia continuará recurriendo a soluciones transitorias sin resolver los problemas que, según su evaluación, originan los desequilibrios.
“Si no se cambia el rumbo, vamos a seguir emparchando o jugando a la ‘bicicleta’ económica y financiera con recursos ajenos. Son muy rápidos para mirar el bolsillo ajeno, pero no para mirar el propio y fiscalizar en qué gastan los funcionarios del Gobierno provincial”, concluyó.
Las declaraciones del representante del Movimiento Popular Fueguino incorporan una nueva posición al debate sobre la coparticipación y la situación financiera de Tierra del Fuego.
Mientras los municipios reclaman la regularización de las transferencias que consideran adeudadas, Villegas plantea que el problema debe abordarse mediante una revisión de la administración provincial, el cumplimiento de las obligaciones con otras jurisdicciones y organismos, y un mayor control sobre la utilización de los recursos públicos.
El conflicto mantiene abierta una discusión institucional sobre los mecanismos de distribución de fondos y la capacidad de las distintas administraciones para sostener sus compromisos financieros y la prestación de servicios a los habitantes de la provincia.
