El Ejecutivo municipal, el Concejo Deliberante, el Juzgado de Faltas y el Tribunal de Cuentas comenzaron a coordinar acciones frente a la deuda de coparticipación que el Gobierno provincial mantiene con Río Grande, superior a los 17.000 millones de pesos. El secretario de Gobierno, Gastón Díaz, denunció una decisión política de desfinanciar a la ciudad, advirtió que las demoras en las transferencias alcanzan los 45 días y anticipó que se formalizará un reclamo administrativo, sin descartar una presentación judicial.
Río Grande, 27 de octubre de 2026.- La creciente deuda de coparticipación que el Gobierno de Tierra del Fuego mantiene con el Municipio de Río Grande motivó una reunión entre representantes del Ejecutivo municipal, el Concejo Deliberante, el Juzgado de Faltas y el Tribunal de Cuentas, con el propósito de evaluar el impacto financiero de los atrasos y coordinar acciones institucionales para reclamar la transferencia de los recursos adeudados.
El encuentro fue encabezado por el secretario de Gobierno municipal, Gastón Díaz, quien estuvo acompañado por integrantes del equipo de Finanzas del Municipio. También participaron concejales y representantes de los organismos de control y administración municipal.
La preocupación central gira en torno a una deuda que ya supera los 17.000 millones de pesos, correspondiente a recursos coparticipables que, según sostienen desde el Municipio, fueron percibidos por la administración provincial, pero no transferidos a Río Grande dentro de los plazos correspondientes.
Díaz denunció una decisión política de desfinanciar a Río Grande
Durante el encuentro, el secretario de Gobierno cuestionó con dureza la conducta del Ejecutivo provincial y vinculó los atrasos con una decisión política que, a su entender, afecta directamente a la administración municipal y a los vecinos.
“Existe una decisión política de parte del Gobierno Provincial de desfinanciar a Río Grande, y eso ya está perjudicando a los vecinos de nuestra ciudad”, sostuvo Gastón Díaz.
El funcionario explicó que las demoras en las transferencias alcanzan actualmente los 45 días y aseguró que la ciudad no registra antecedentes de atrasos de semejante magnitud.
En ese sentido, remarcó que no se trata de recursos adicionales solicitados por el Municipio, sino de fondos que legalmente le corresponden a Río Grande y que resultan indispensables para garantizar el funcionamiento de la administración local.
La situación, según advirtió, introduce un importante factor de incertidumbre en la planificación financiera municipal, particularmente en un contexto económico que exige sostener servicios esenciales y acompañar a las familias que atraviesan dificultades.
El impacto sobre los servicios municipales
Uno de los principales puntos abordados durante la reunión fue la repercusión que tiene la falta de transferencia de fondos sobre las prestaciones que el Municipio brinda diariamente a la comunidad.
“Los fondos que se le están retrasando a Río Grande van en desmedro de los servicios municipales y de los riograndenses”, afirmó Díaz.
El secretario de Gobierno recordó que los recursos de coparticipación permiten sostener servicios fundamentales como el abastecimiento de agua potable, el sistema de cloacas, el transporte público de pasajeros y el funcionamiento de los distintos dispositivos municipales de atención sanitaria.
En materia de salud, señaló que el Municipio cuenta con 15 dispositivos de atención, mientras que en el ámbito deportivo mantiene más de 20 espacios destinados a actividades físicas, recreativas y comunitarias.
A estas prestaciones se suman las políticas de asistencia social, cuyo sostenimiento adquiere especial relevancia frente a las dificultades económicas que atraviesan numerosas familias.
Entre ellas mencionó los comedores, el Programa Alimentario Municipal, la distribución de agua y el sistema de becas, herramientas que forman parte de la red de acompañamiento municipal.
Desde el Ejecutivo consideran que la falta de previsibilidad en la recepción de los fondos compromete la planificación de estas políticas y obliga a revisar permanentemente la disponibilidad de recursos para garantizar su continuidad.
Los cuatro organismos municipales coordinarán acciones
Otro de los aspectos destacados del encuentro fue la participación de representantes de los distintos organismos que integran la estructura institucional de Río Grande.
Díaz valoró especialmente el acompañamiento de todos los bloques políticos del Concejo Deliberante al reclamo impulsado por el Ejecutivo municipal, al considerar que la situación excede las diferencias partidarias y afecta al conjunto de la comunidad.
En ese marco, explicó que mediante una ordenanza se creó una mesa de trabajo integrada por el Ejecutivo municipal, el Concejo Deliberante, el Juzgado de Faltas y el Tribunal de Cuentas.
La finalidad de este espacio es compartir información sobre la situación financiera, analizar las consecuencias de los atrasos y avanzar en una estrategia institucional conjunta para exigir la regularización de las transferencias.
La participación del Tribunal de Cuentas y del Juzgado de Faltas incorpora a la discusión a organismos que también forman parte del funcionamiento institucional de la ciudad y cuya actividad depende de la disponibilidad de recursos presupuestarios.
Reclamo administrativo y eventual presentación judicial
Ante la persistencia de la deuda, el Municipio anticipó que avanzará con una presentación formal para exigir al Gobierno provincial el cumplimiento de sus obligaciones financieras.
“Vamos a realizar un reclamo formal, primero por la vía administrativa y eventualmente por la vía judicial, para que la Provincia corrija esta situación y los fondos lleguen a los vecinos de Río Grande”, sostuvo Gastón Díaz.
De esta manera, el Ejecutivo municipal dejó abierta la posibilidad de judicializar el conflicto en caso de que las gestiones administrativas no permitan obtener una respuesta satisfactoria.
La estrategia será evaluada en el ámbito de la mesa de trabajo institucional, donde los distintos organismos podrán analizar la información disponible y determinar las acciones que correspondan dentro de sus respectivas competencias.
Un reclamo que busca garantizar previsibilidad financiera
El conflicto por la coparticipación se ha convertido en uno de los principales puntos de tensión entre la administración municipal de Río Grande y el Gobierno provincial, debido al volumen de los recursos reclamados y a las consecuencias que los atrasos pueden generar sobre el funcionamiento de los servicios públicos.
Desde el Municipio insisten en que la regularización de las transferencias resulta indispensable para recuperar previsibilidad presupuestaria y garantizar el cumplimiento de las obligaciones de la administración local.
En ese contexto, la conformación de una mesa de trabajo con participación del Ejecutivo, el Concejo Deliberante, el Juzgado de Faltas y el Tribunal de Cuentas representa un nuevo paso institucional en el reclamo por los fondos adeudados.
La posición expresada por Gastón Díaz anticipa que el Municipio buscará agotar las instancias administrativas, pero que no descarta recurrir a la Justicia si el Gobierno provincial mantiene las demoras en la transferencia de los recursos que corresponden a Río Grande.
