El concejal de Río Grande, Jonatan Bogado, confirmó que las autoridades municipales acordaron impulsar las presentaciones jurídicas correspondientes para reclamar los fondos de coparticipación adeudados por el Gobierno provincial. En declaraciones a FM del Pueblo, señaló que la deuda alcanzaba los $17.000 millones, con demoras de 45 días, y advirtió que la situación compromete el sostenimiento de servicios esenciales. También cuestionó el veto a la ley de goteo diario y destacó que el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad una comunicación dirigida a la Legislatura provincial para solicitar su intervención.
Río Grande, 27 de octubre de 2026.- El concejal Jonatan Bogado confirmó que las autoridades de las distintas instituciones municipales de Río Grande acordaron avanzar con las presentaciones jurídicas necesarias para reclamar al Gobierno provincial los recursos de coparticipación que permanecen pendientes de transferencia.
Durante una entrevista concedida a FM del Pueblo, el edil explicó que la decisión surgió de la preocupación compartida por los atrasos en la remisión de fondos y sus consecuencias sobre el funcionamiento de la administración municipal.
Según precisó, la deuda alcanzaba los $17.000 millones, con una demora aproximada de 45 días, situación que consideró especialmente grave por tratarse de recursos destinados al sostenimiento de servicios públicos esenciales.
“Acá no es una deuda con Martín Pérez o con un intendente particular”, manifestó, al remarcar que los fondos reclamados pertenecen a la comunidad de Río Grande.
“Se trata del mantenimiento básico de los servicios”
Bogado explicó que las consecuencias de los atrasos provinciales no se limitan a la paralización o postergación de nuevas obras públicas, sino que también afectan la previsibilidad financiera necesaria para garantizar prestaciones cotidianas.
Entre los ejemplos mencionó la potabilización del agua y la recolección de residuos, dos servicios indispensables para el funcionamiento de la ciudad.
“Se trata del mantenimiento básico de los servicios”, sostuvo.
El concejal consideró que la magnitud de la deuda obliga a las autoridades municipales a adoptar medidas concretas para defender los recursos que corresponden a Río Grande.
En ese sentido, insistió en que el reclamo debe interpretarse como una responsabilidad institucional y no como una disputa entre dirigentes políticos.
Acciones jurídicas y diálogo político en forma paralela
Uno de los aspectos más relevantes de sus declaraciones fue la confirmación de que las autoridades municipales acordaron avanzar con las presentaciones jurídicas correspondientes.
Bogado explicó que la decisión responde a la obligación que tienen los funcionarios de resguardar los intereses económicos y patrimoniales de la administración municipal.
“No es una cuestión de buena o mala voluntad política, sino una responsabilidad jurídica y política”, afirmó.
El edil advirtió que la falta de actuación frente a un eventual perjuicio económico también podría generar responsabilidades para quienes tienen la obligación de impulsar los reclamos.
No obstante, aclaró que la decisión de avanzar por la vía legal no implica abandonar las conversaciones con el Gobierno provincial.
“Eso no quita que haya que ir por el carril legal correspondiente mientras tanto”, expresó.
Aunque confirmó el acuerdo institucional, Bogado no precisó qué tipo de presentación se realizará ni ante qué organismo judicial o administrativo se formalizará.
De esta manera, las eventuales actuaciones legales y las gestiones políticas aparecen como mecanismos complementarios para procurar una solución al conflicto.
“Es dinero que ya ingresó a las arcas provinciales”
El concejal también se refirió a las conversaciones mantenidas entre las áreas financieras del Municipio y la Provincia, aunque consideró que las transferencias realizadas resultan insuficientes frente al volumen de la deuda acumulada.
En ese contexto, sostuvo que Río Grande no está solicitando un préstamo, un adelanto financiero ni recursos extraordinarios, sino el cumplimiento de las obligaciones de coparticipación.
“Es dinero que ya ingresó a las arcas provinciales”, afirmó.
Bogado cuestionó que esos fondos no hayan sido remitidos al Municipio en los plazos correspondientes y reclamó explicaciones sobre las razones de los atrasos.
También planteó interrogantes sobre el destino de los recursos mientras permanecen bajo administración provincial.
Durante la entrevista, mencionó como hipótesis la posibilidad de que esos fondos fueran utilizados en operaciones financieras, como colocaciones a plazo fijo. Sin embargo, no presentó documentación que permitiera acreditar esa circunstancia.
Sus declaraciones reflejaron el nivel de preocupación existente por la falta de información sobre el manejo de los recursos pendientes de distribución.
Cuestionamientos al veto de la ley de goteo diario
Bogado también cuestionó la decisión del gobernador Gustavo Melella de vetar la denominada ley de goteo diario, una iniciativa que buscaba establecer un mecanismo automático para la transferencia de recursos coparticipables a los municipios.
El concejal consideró que la implementación de ese sistema habría permitido evitar buena parte de las controversias actuales, al establecer mayor regularidad y previsibilidad en la distribución de los fondos.
Asimismo, recordó que durante su gestión como intendente de Río Grande, Melella había formulado reclamos por demoras en las transferencias provinciales.
Según señaló, en aquel período se cuestionaban atrasos de aproximadamente 22 días, mientras que la demora denunciada actualmente alcanza los 45 días.
Para Bogado, esta comparación evidencia la necesidad de aplicar criterios institucionales consistentes, independientemente de quién ocupe la conducción del Gobierno provincial.
El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad un reclamo a la Legislatura
Otro de los puntos destacados fue la aprobación de una comunicación institucional dirigida a la Legislatura de Tierra del Fuego para informar sobre la situación financiera de Río Grande y solicitar la intervención de los legisladores provinciales.
“El proyecto de comunicación ha salido de forma unánime”, destacó Bogado.
El concejal confirmó que todos los bloques políticos acompañaron la iniciativa, incluido FORJA, espacio vinculado al gobernador Gustavo Melella.
Consideró que ese respaldo constituye una señal institucional importante, porque demuestra que la defensa de los recursos municipales puede superar las diferencias partidarias.
En ese sentido, sostuvo que los representantes de la ciudad tienen la responsabilidad de resguardar los intereses de los vecinos, independientemente de sus pertenencias políticas.
La posibilidad de un acuerdo similar al de Ushuaia
Durante la entrevista también se abordó la posibilidad de alcanzar un entendimiento político que permita comenzar a regularizar las transferencias pendientes.
Ante la referencia periodística a conversaciones entre el Gobierno provincial y el Municipio de Ushuaia para dar continuidad a los pagos, Bogado expresó su expectativa de que Río Grande pueda acceder a una solución semejante.
“Ojalá que nosotros podamos también llegar a un acuerdo político para poder solucionar este tema y se haga lo más rápido posible”, manifestó.
Sus declaraciones se producen en un contexto en el que funcionarios municipales vienen reclamando mayor previsibilidad financiera y cuestionando la acumulación de atrasos en las transferencias provinciales.
La secretaria de Finanzas, Valeria Capotorto, confirmó recientemente que el Municipio intimó formalmente al Ministerio de Economía provincial y advirtió que la situación constituye un verdadero “ahogo financiero”.
Por su parte, el intendente Martín Pérez actualizó este martes el monto de la deuda a $18.000 millones, cifra posterior a la referencia de $17.000 millones utilizada por Bogado durante su entrevista.
Un reclamo que suma respaldo institucional
La decisión de avanzar con presentaciones jurídicas representa un nuevo paso en el conflicto por la coparticipación provincial.
A los planteos realizados desde el Departamento Ejecutivo se suman ahora el respaldo unánime del Concejo Deliberante, la participación de los organismos municipales y la posibilidad de impulsar actuaciones legales para reclamar los fondos pendientes.
Mientras tanto, la administración municipal mantiene abierta la posibilidad de alcanzar una solución mediante el diálogo con las autoridades provinciales.
Para Bogado, ambas alternativas deben avanzar de manera paralela, porque la defensa de los recursos de Río Grande constituye una obligación institucional que no puede quedar supeditada exclusivamente a los acuerdos políticos.
