La secretaria de Finanzas de Río Grande, Valeria Capotorto, cuestionó las demoras del Gobierno provincial en las transferencias de coparticipación, cuya deuda superaba los $17.000 millones al momento de sus declaraciones. Confirmó que el Municipio intimó formalmente al Ministerio de Economía y advirtió que la falta de recursos compromete la planificación presupuestaria, las obligaciones salariales y la prestación de servicios. También reclamó explicaciones ante posibles diferencias en el tratamiento financiero de los municipios y sostuvo que la gestión de Martín Pérez prioriza el diálogo institucional antes que la judicialización del conflicto.
Río Grande, 27 de octubre de 2026.- La secretaria de Finanzas del Municipio de Río Grande, Valeria Capotorto, formuló una severa advertencia sobre las consecuencias de los atrasos en las transferencias de coparticipación provincial y aseguró que la deuda acumulada está provocando un verdadero “ahogo financiero” que afecta la capacidad de planificación de la administración municipal.
Durante una entrevista concedida al programa Buscando el Equilibrio, por Radio Provincia, la funcionaria explicó que el reclamo no responde a una controversia política, sino a la falta de transferencia de recursos que, según sostuvo, ya fueron percibidos por la Provincia y corresponden legalmente a Río Grande.
Capotorto confirmó que el Ejecutivo municipal avanzó con una intimación formal al Ministerio de Economía provincial y advirtió que los montos adeudados continúan incrementándose.
Una deuda que crece y que ya estaba documentada en 2025
La funcionaria recordó que el pasado 30 de septiembre, durante la presentación del proyecto de presupuesto municipal 2027 ante el Concejo Deliberante, el intendente Martín Pérez expuso la situación financiera derivada de las demoras provinciales.
“El 30 de septiembre, en oportunidad de la presentación del presupuesto 2027, que lo hizo el intendente en primera persona, hizo un planteo ante el cuerpo de concejales sobre la situación por la que estábamos atravesando con la deuda que mantenía el Gobierno de la provincia en términos de coparticipación”, recordó.
En aquella oportunidad, la deuda superaba los $16.000 millones, según los informes contables presentados por el Municipio.
Sin embargo, al realizar una nueva evaluación, las autoridades municipales constataron que el monto había continuado aumentando.
“Transcurrió un mes y volvimos a hacer un análisis sobre la situación de esa deuda y, lamentablemente, se ha incrementado en más de mil millones”, señaló.
Capotorto también hizo referencia al informe del Tribunal de Cuentas de la Provincia correspondiente a la Cuenta de Inversión 2025, donde, según explicó, se encontraba documentada una deuda superior a los $11.000 millones al cierre del año pasado.
Para la funcionaria, estos antecedentes demuestran que las demoras no constituyen un episodio aislado, sino una situación que se prolonga en el tiempo.
“Esto claramente demuestra que es una permanente y continua forma de obrar por parte del Gobierno en retrasar la remesa de los fondos”, cuestionó.
Cabe señalar que, posteriormente, el intendente Martín Pérez actualizó públicamente la deuda a $18.000 millones durante la rueda de prensa de este martes.
“La plata que nos deben es lo que presupuestamos para todo el ejercicio de Salud”
Uno de los aspectos más significativos de la entrevista fue la comparación que realizó Capotorto entre los recursos adeudados por la Provincia y el presupuesto destinado al sistema municipal de Salud.
“Hoy hablaba con el subsecretario Agustín Pérez, de Salud, y referíamos que la plata que nos deben es lo que nosotros presupuestamos para todo el ejercicio para Salud”, reveló.
La funcionaria sostuvo que esta equivalencia permite dimensionar el impacto que tiene la falta de transferencias sobre las finanzas municipales.
Explicó que los recursos reclamados resultan indispensables para sostener las prestaciones sanitarias, afrontar compromisos asumidos y garantizar el funcionamiento de los distintos servicios públicos.
En ese contexto, advirtió que la acumulación de atrasos obliga al Municipio a reorganizar sus obligaciones financieras y dificulta el cumplimiento de los plazos previstos.
“Por eso ya lo definimos como un ahogo financiero”, afirmó.
Capotorto reconoció que pueden existir demoras administrativas razonables en los procesos de registración y distribución de fondos, pero consideró que la situación actual excede ampliamente esos márgenes.
“Los municipios no somos un gasto para la Provincia”
La secretaria de Finanzas también cuestionó los argumentos vinculados con las obligaciones presupuestarias que debe afrontar el Gobierno provincial.
En ese sentido, sostuvo que existe una diferencia fundamental entre los gastos propios de la administración central y los recursos coparticipables que corresponden a los municipios.
“Los municipios o la coparticipación no es un gasto para el Gobierno, no podemos sostener ni tolerar que se nos entienda como un gasto”, enfatizó.
Capotorto explicó que los ingresos provenientes de la coparticipación nacional y de los tributos provinciales sujetos a distribución deben ser transferidos a las administraciones municipales conforme a los porcentajes establecidos legalmente.
“El gasto lo tienen en educación, en salud, en seguridad. Los municipios no somos un gasto, no podemos estar en la cola del cumplimiento de esas obligaciones”, cuestionó.
Y profundizó su planteo al afirmar que “la coparticipación no es un gasto, es una obligación que tiene el Gobierno de la provincia. Es plata que no le corresponde”.
Para ilustrar el mecanismo, definió la distribución de esos recursos como “un pasamano de billetera”, al considerar que el Ejecutivo provincial no debería disponer de fondos destinados a otras jurisdicciones.
Preocupación por posibles diferencias en el trato a los municipios
Otro de los aspectos abordados fue la posibilidad de que existan diferencias en las propuestas de regularización de deudas realizadas por el Gobierno provincial a las distintas administraciones municipales.
Capotorto hizo referencia a declaraciones públicas que indicarían que otro municipio habría recibido algún ofrecimiento para comenzar a reducir los montos pendientes.
“Cuando hoy nos encontramos con una declaración que da cuenta de que a otro municipio se le ha acercado alguna propuesta para ir achicando esa deuda, entonces claramente estamos en un posicionamiento totalmente desventajoso”, sostuvo.
La funcionaria reclamó que Río Grande también reciba una propuesta concreta para comenzar a regularizar la situación financiera.
Estas declaraciones adquieren particular relevancia en momentos en que el diputado nacional Jorge Neri “Koky” Araujo Hernández solicitó formalmente al gobernador Gustavo Melella información documentada sobre las transferencias realizadas a Río Grande y Ushuaia y los criterios utilizados para determinar sus plazos y prioridades.
El planteo del legislador busca establecer si existen diferencias administrativas o financieras entre ambos municipios y, en caso afirmativo, conocer sus fundamentos.
Intimación formal y voluntad de evitar la judicialización
Consultada sobre los próximos pasos del Municipio, Capotorto confirmó que ya se efectuó una intimación formal al Ministerio de Economía provincial.
La funcionaria explicó que aguardarán el cumplimiento de los plazos correspondientes y una eventual respuesta de las autoridades provinciales.
“Vamos a esperar el cumplimiento de los plazos, vamos a ver si hay algún intento de acercamiento”, manifestó.
También recordó que anteriormente participó de reuniones técnicas con funcionarios provinciales y aseguró que existe disposición para retomar esas conversaciones.
“Nosotros siempre la capacidad de diálogo la tenemos abierta, creemos que es el camino, es el único camino en la política, es el diálogo”, expresó.
Ante la posibilidad de recurrir a la Justicia, sostuvo que la intención es evitar esa instancia.
“Esperamos que no, la política tiene que resolver las cosas dentro de la política”, respondió.
No obstante, insistió en que cualquier acuerdo deberá contemplar tanto la reducción de la deuda acumulada como la regularización de las transferencias futuras.
Documentación respaldatoria ante el Concejo Deliberante
Capotorto también se refirió a la reunión mantenida entre representantes del Ejecutivo municipal y los integrantes del Concejo Deliberante, en la que se abordó la situación de la coparticipación.
Aclaró que no participó personalmente del encuentro, aunque estuvieron presentes funcionarios de su área, entre ellos el contador general, un subsecretario y el secretario de Gobierno.
Según explicó, la reunión permitió responder un pedido de informes formulado por el cuerpo legislativo y presentar documentación respaldatoria sobre los montos adeudados.
“El contador general hizo un informe muy circunstanciado, con mucha documental respaldatoria”, detalló.
La funcionaria remarcó que las demoras provinciales no afectan exclusivamente al Departamento Ejecutivo, sino también al Concejo Deliberante, al Tribunal de Cuentas y a los proveedores que mantienen vínculos contractuales con el Municipio.
“No estamos pidiendo más plata, estamos pidiendo lo que ya ingresó a la Provincia”
La secretaria de Finanzas reconoció que la caída de la actividad económica nacional repercute sobre la recaudación y reduce los recursos disponibles para las distintas jurisdicciones.
Sin embargo, diferenció esa situación del reclamo que formula Río Grande.
“Esta es plata que ya le ingresó a la Provincia. No estamos pidiendo que incremente. Estamos diciendo: esta plata ya le ingresó a la Provincia y no la mandó al Municipio de Río Grande”, enfatizó.
Capotorto sostuvo que el Municipio no está solicitando aportes extraordinarios, sino el cumplimiento de obligaciones de distribución de recursos previstas por la legislación vigente.
También explicó que las administraciones municipales enfrentan mayores restricciones que las provincias para acceder a mecanismos de financiamiento, ya que determinadas operaciones requieren autorizaciones y garantías de otros niveles del Estado.
Salarios, aguinaldos y presupuesto 2027 bajo incertidumbre
La funcionaria advirtió que la falta de previsibilidad financiera también repercute sobre la planificación de las obligaciones que el Municipio deberá afrontar durante los próximos meses.
Entre ellas mencionó el pago de salarios, aguinaldos y beneficios vinculados con las vacaciones de los trabajadores municipales.
En ese sentido, aclaró que el problema central es la imposibilidad de conocer con certeza cuándo estarán disponibles los recursos que corresponden a Río Grande.
“No hay peor cosa que trabajar a ciegas”, resumió.
Capotorto también anticipó que esta situación condicionará la ejecución del presupuesto municipal 2027, actualmente en tratamiento legislativo.
Explicó que, aunque el Municipio puede estimar los ingresos que le corresponden mediante los porcentajes legales de coparticipación, resulta difícil organizar el gasto cuando las transferencias no se concretan en los plazos esperados.
“Uno gasta en función de esos recursos. Cuando esos recursos no ingresan, empiezan los problemas”, concluyó.
Una controversia que suma nuevos planteos institucionales
Las declaraciones de Capotorto se producen en un contexto de creciente preocupación por las finanzas municipales y de nuevos reclamos institucionales dirigidos al Gobierno provincial.
Mientras el intendente Martín Pérez confirmó que la deuda alcanzó los $18.000 millones, distintos organismos municipales comenzaron a evaluar acciones conjuntas para exigir la regularización de los fondos.
En paralelo, el pedido de información presentado por el diputado nacional Jorge Neri “Koky” Araujo Hernández incorporó al debate la necesidad de esclarecer los criterios de distribución de recursos entre Río Grande y Ushuaia.
Para la secretaria de Finanzas, la solución requiere no solamente cancelar los montos adeudados, sino también establecer mecanismos que garanticen transferencias regulares y previsibles.
La funcionaria insistió en que la gestión municipal continuará priorizando el diálogo institucional, aunque advirtió que la persistencia de los incumplimientos compromete cada vez más la capacidad de planificación y administración de los recursos públicos de Río Grande.
