El legislador provincial Matías Lapadula (Provincia Grande) cuestionó al Gobierno de Gustavo Melella por los atrasos en las transferencias de coparticipación a Río Grande y sostuvo que existiría una decisión política destinada a perjudicar la gestión del intendente Martín Pérez. En declaraciones a FM Provincia, anticipó que buscará los votos necesarios para insistir con la ley de goteo diario vetada por el Ejecutivo. También criticó la superposición de proyectos que crean o incrementan impuestos y advirtió que la iniciativa de financiamiento educativo no resolverá los problemas estructurales del sector.
Río Grande, 27 de octubre de 2026.- El legislador provincial Matías Lapadula, integrante del bloque Provincia Grande, formuló fuertes cuestionamientos a la administración del gobernador Gustavo Melella por las demoras en las transferencias de recursos coparticipables a los municipios y consideró que la situación responde no solamente a dificultades financieras, sino también a decisiones políticas que estarían afectando particularmente a Río Grande.
Durante una entrevista concedida a Radio Provincia, el parlamentario sostuvo que los problemas económicos que atraviesan distintos organismos provinciales no justifican la utilización de fondos que corresponden a los gobiernos municipales.
En ese sentido, mencionó las dificultades de la caja compensadora de la Policía, la Dirección Provincial de Energía, la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF), el sistema educativo y el sector sanitario.
“Todos esos agujeros los empezaron a tapar con fondos que no le corresponden”, afirmó.
Lapadula consideró que la administración provincial debe resolver sus desequilibrios financieros sin afectar los recursos que legalmente pertenecen a los municipios.
“Están haciendo un uso político y transferencias discrecionales”
Uno de los planteos más contundentes del legislador estuvo relacionado con las diferencias que, según su interpretación, existirían en el tratamiento de las transferencias destinadas a Río Grande y Ushuaia.
Lapadula vinculó el crecimiento de la deuda con Río Grande con declaraciones de funcionarios de la capital fueguina que habrían reconocido una reducción de los atrasos en las remesas provinciales.
“Evidentemente, están haciendo un uso político y transferencias discrecionales”, cuestionó.
En ese contexto, sostuvo que la situación podría responder a una estrategia destinada a “ahogar el municipio de Río Grande, ahogar una gestión”.
El parlamentario advirtió que las consecuencias de los atrasos no recaen únicamente sobre las autoridades municipales, sino también sobre los vecinos que dependen de los servicios públicos.
Consultado sobre la posibilidad de que esa situación estuviera relacionada con el posicionamiento político del intendente Martín Pérez de cara a las elecciones de 2027, respondió: “Yo creo que sí”.
De esta manera, Lapadula planteó sus sospechas sobre una eventual utilización política de las transferencias, aunque no presentó en la entrevista documentación que permitiera acreditar una decisión deliberada del Ejecutivo provincial con fines electorales.
Las transferencias diarias no eliminan una deuda acumulada
El legislador también rechazó los argumentos que buscan relativizar la existencia de atrasos a partir de la continuidad de las transferencias provinciales.
“Si yo te transfiero todos los días con 60 días de atraso, no puedo decir que no tengo deuda”, ejemplificó.
A partir de su experiencia en el área de Finanzas del Municipio de Río Grande, explicó que la administración de los recursos coparticipables requiere regularidad y previsibilidad para afrontar las obligaciones corrientes.
Según señaló, las demoras actuales superan los 45 o 50 días, un período que consideró incompatible con una administración financiera ordenada.
“No es normal 30 días. Lamentablemente lo hemos normalizado”, remarcó.
Lapadula explicó que la disminución de los recursos provenientes de Nación también afecta a los municipios, porque estos participan de la distribución de los fondos que recibe la Provincia.
Por ese motivo, consideró que una caída de la recaudación nacional no habilita al Ejecutivo fueguino a postergar la transferencia de los porcentajes correspondientes a las administraciones municipales.
Buscará los votos para insistir con la ley de goteo diario
Frente a este escenario, Lapadula anticipó que trabajará para reunir los consensos legislativos necesarios que permitan insistir con la ley de goteo diario, oportunamente aprobada por la Legislatura y posteriormente vetada por el gobernador Gustavo Melella.
El parlamentario recordó que aquella iniciativa fue resultado de acuerdos entre distintos proyectos y bloques políticos, y defendió su viabilidad técnica.
“Si fuera cierto que envían como corresponde todos los fondos, ¿por qué vetaron la ley de goteo? ¿En qué los perjudicaba?”, preguntó.
A su entender, la implementación de un mecanismo automático de distribución permitiría evitar que los municipios vuelvan a acumular atrasos de semejante magnitud.
No obstante, diferenció dos cuestiones: la necesidad de establecer un sistema que garantice las transferencias futuras y la resolución de la deuda que ya se encuentra acumulada.
Sobre este último aspecto, señaló que deberán utilizarse las herramientas administrativas o judiciales correspondientes.
La insistencia legislativa requerirá reunir los votos exigidos por el procedimiento constitucional para superar el veto del Poder Ejecutivo.
Cuestionó la acumulación de proyectos que aumentan impuestos
En otro tramo de la entrevista, Lapadula se refirió al debate económico y tributario que se desarrolla en la Legislatura provincial.
El representante de Provincia Grande cuestionó la presentación simultánea de distintas iniciativas que contemplan la creación o el incremento de cargas impositivas.
Entre ellas mencionó el proyecto de financiamiento educativo, las medidas vinculadas con la emergencia de la caja compensadora policial y las modificaciones tributarias incluidas en el proyecto de presupuesto provincial para 2027.
“Cuando voy a leer, se pisa una con otra”, advirtió.
El legislador consideró que las propuestas deben analizarse de manera integral para evitar superposiciones y contradicciones entre los distintos instrumentos de financiamiento.
En ese sentido, calificó de “muy desprolijo” avanzar con iniciativas tributarias que, según su análisis, no presentan una articulación adecuada.
Por ese motivo, defendió la necesidad de ordenar el debate dentro del tratamiento del presupuesto provincial, donde pueden evaluarse conjuntamente los ingresos previstos, las prioridades de gasto y las necesidades de financiamiento.
“No va a solucionar” los problemas de la educación
Lapadula también expresó sus reparos respecto del proyecto de financiamiento educativo impulsado por el Gobierno provincial.
Si bien reconoció la necesidad de garantizar mayores recursos para el sistema, sostuvo que las herramientas propuestas resultan insuficientes frente a la magnitud de los problemas existentes.
Como ejemplo, mencionó que el incremento tributario sobre la actividad de distribución de gas permitiría recaudar, según su estimación, aproximadamente $3.000 millones anuales.
Esa cifra fue contrastada por el legislador con un presupuesto educativo provincial que situó en alrededor de $600.000 millones para el presente ejercicio.
“La verdad que no mueve la aguja”, afirmó.
A partir de esa comparación, cuestionó la capacidad del proyecto para producir una mejora sustancial en el financiamiento del sistema educativo.
También acusó al Ejecutivo de impulsar la propuesta “para trasladar una discusión a la Legislatura”, sin abordar de manera integral los problemas que atraviesan la educación fueguina.
Se trata de una evaluación política y presupuestaria formulada por Lapadula, cuyos cálculos deberán contrastarse con las proyecciones oficiales de recaudación y las partidas efectivamente destinadas al sector.
Pidió discutir el financiamiento educativo junto con el presupuesto 2027
El legislador defendió que el proyecto de financiamiento educativo continúe su tratamiento parlamentario sin la aplicación del trámite de urgencia.
Consideró que la discusión debe desarrollarse junto con el presupuesto provincial para 2027, a fin de determinar cuáles son las necesidades reales del sistema y qué recursos pueden garantizar su funcionamiento.
“Asegurar que esos fondos que necesita la educación pública lleguen a las aulas, lleguen al salario de los docentes, lleguen a cada uno de los pibes: esa es la discusión que hay que dar”, sostuvo.
Para Lapadula, el debate no debe limitarse a la creación de nuevos impuestos, sino que también debe contemplar la distribución de los recursos existentes, las prioridades presupuestarias y la efectiva llegada de los fondos a las instituciones educativas.
Dos debates que atraviesan las finanzas provinciales
Las declaraciones de Matías Lapadula vinculan dos discusiones que actualmente ocupan un lugar central en la agenda legislativa fueguina: la distribución de los recursos de coparticipación y la búsqueda de financiamiento para las obligaciones del Estado provincial.
Por un lado, el parlamentario insistió en que los municipios deben recibir oportunamente los fondos que les corresponden y adelantó que buscará revertir el veto a la ley de goteo diario.
Por otro, cuestionó que la respuesta a los problemas financieros provinciales consista en la presentación de múltiples proyectos tributarios sin una evaluación presupuestaria conjunta.
En ambos casos, Lapadula reclamó revisar los mecanismos de administración y distribución de los recursos públicos, al tiempo que atribuyó al Gobierno provincial la responsabilidad de resolver sus dificultades financieras sin trasladarlas a los municipios ni incrementar impuestos mediante iniciativas que considera insuficientes o superpuestas.
