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El intendente Martín Pérez anunció que el Municipio de Río Grande, a través de su Asesoría Letrada, se presentó como parte interesada ante el Juzgado Federal de la ciudad en la causa impulsada por el CECIM La Plata y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas contra Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum. La decisión se produce después de que el Juez Federal Dra. Mariel Borruto declarara la competencia de su tribunal y reconociera la jurisdicción argentina para intervenir en un litigio que involucra ambiente, recursos naturales y soberanía. “Defender Malvinas también es actuar”, afirmó Martín Pérez.

Río Grande, 11 de septiembre de 2026.- El Municipio de Río Grande decidió avanzar institucionalmente en la causa judicial que busca frenar las actividades hidrocarburíferas desarrolladas sin autorización argentina en torno a las Islas Malvinas y se presentó como parte interesada ante el Juzgado Federal de esta ciudad.

La decisión fue anunciada por el intendente Martín Pérez, quien informó que la presentación se realizó a través de la Asesoría Letrada municipal dentro del expediente promovido por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA).

“Río Grande se presentó ante la Justicia contra las petroleras que operan ilegalmente en Malvinas”, expresó Martín Pérez a través de sus redes sociales.

La intervención municipal representa un nuevo paso dentro de una causa que adquirió particular trascendencia esta semana, luego de que el Juez Federal de Río Grande, Dra. Mariel Borruto, declarara la competencia de su tribunal y reconociera la jurisdicción internacional de la Justicia argentina para intervenir frente a las empresas extranjeras demandadas.

El Municipio de Río Grande invocó el mandato de la Carta Orgánica

Martín Pérez explicó que la presentación judicial encuentra sustento en las obligaciones institucionales establecidas por la Carta Orgánica Municipal.

“Nuestra Carta Orgánica, en sus artículos 16, 18, 21 inciso 6, 24 inciso 1 y 61, nos da un mandato concreto para defender nuestro ambiente, nuestros recursos naturales y nuestra soberanía”, sostuvo.

Desde esa perspectiva, la participación de Río Grande procura incorporar formalmente al Municipio dentro de una controversia que excede la explotación hidrocarburífera y alcanza directamente intereses vinculados con la soberanía argentina en el Atlántico Sur.

“Río Grande no puede ser indiferente frente a la explotación ilegal de nuestros recursos en el Atlántico Sur”, afirmó el Intendente.

La posición mantiene la línea expresada por Martín Pérez apenas conocida la resolución de Borruto. En aquella oportunidad había considerado el pronunciamiento judicial como “un paso concreto y serio para afirmar la soberanía Argentina y defender nuestros recursos de la explotación ilegal de los ocupantes”, y había sintetizado su postura con la expresión: “Este es el camino”.

Una causa que involucra ambiente y soberanía

La acción judicial fue promovida contra Rockhopper Exploration plc y Navitas Petroleum Development and Production Limited (NPDP), compañías vinculadas con el desarrollo del proyecto hidrocarburífero Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte.

El planteo del CECIM La Plata y los abogados ambientalistas busca prevenir un eventual daño ambiental y soberano y solicita, entre otras medidas, impedir el inicio o la continuidad de perforaciones, obras submarinas e infraestructura relacionada con el proyecto.

Al resolver sobre su competencia, Borruto consideró que la controversia presenta simultáneamente componentes ambientales, marítimos, territoriales y de soberanía que justifican la intervención de la Justicia Federal argentina.

Uno de los aspectos centrales de la resolución fue precisamente reconocer que el conflicto no puede analizarse únicamente desde una perspectiva ambiental. El fallo coloca la defensa de la soberanía nacional entre los intereses federales comprometidos y también considera la jurisdicción argentina sobre el lecho y subsuelo de la plataforma continental.

La decisión judicial, sin embargo, todavía no implica la paralización del proyecto Sea Lion. Las medidas cautelares solicitadas por los demandantes quedaron pendientes mientras se completan distintos requisitos procesales ordenados por el Juzgado.

De la expresión política a la presentación judicial

La intervención anunciada ahora por Martín Pérez incorpora un elemento nuevo al escenario abierto por el fallo: el Municipio de Río Grande busca asumir una participación institucional dentro del proceso.

La decisión adquiere además una significación particular por tratarse de una causa radicada ante la Justicia Federal de Río Grande, ciudad que históricamente ha construido una fuerte identificación institucional con la Cuestión Malvinas.

Para Martín Pérez, esa responsabilidad no debe quedar limitada a declaraciones públicas, sino traducirse en acciones concretas.

“Defender Malvinas también es actuar. Y Río Grande va a estar siempre donde tenga que estar para defender los intereses y la soberanía de los argentinos”, concluyó el intendente.

La presentación municipal se suma así a una causa que comienza a incorporar diferentes niveles institucionales. La propia resolución de Borruto también dio intervención a la Fiscalía de Estado de Tierra del Fuego para que la Provincia pueda participar en defensa de los intereses patrimoniales, ambientales y vinculados con sus recursos naturales.

Con la decisión anunciada por Martín Pérez, Río Grande busca ahora tener voz dentro de ese proceso judicial, llevando al expediente el mandato que el Municipio entiende surge de su propia Carta Orgánica: la defensa del ambiente, los recursos naturales y la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y los espacios marítimos correspondientes.