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El abogado y magíster en Derechos Humanos Jerónimo Guerrero Iraola explicó los alcances de la acción presentada ante la Justicia Federal de Río Grande contra Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum por el proyecto petrolero Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte. El planteo busca frenar las actividades vinculadas con una futura explotación e investigar las rutas de financiamiento. También advirtió sobre los riesgos ambientales en el Atlántico Sur y cuestionó duramente al Gobierno de Javier Milei, al que acusó de llevar adelante un “plan sistemático de entrega de soberanía”.

Río Grande, 3 de septiembre de 2026.- El abogado y magíster en Derechos Humanos Jerónimo Guerrero Iraola confirmó la presentación ante la Justicia Federal de Río Grande de una acción preventiva de daño fiscal y soberano contra las petroleras Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum por las actividades vinculadas con el proyecto Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte.

En diálogo con FM La Isla, el abogado del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM) explicó que la presentación fue impulsada conjuntamente con la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y apunta a que la Justicia Federal intervenga para impedir el avance de las actividades petroleras y, paralelamente, investigue el entramado financiero que sostiene el emprendimiento.

“Hemos presentado una acción preventiva de daño fiscal y soberano contra Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, en la inteligencia que están operando de forma completamente ilegal sobre nuestro territorio, sobre la Cuenca Norte Malvinas”, afirmó Guerrero Iraola.

El abogado precisó que el planteo se concentra particularmente en Sea Lion, emprendimiento situado a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas.

Buscan frenar también el financiamiento

Guerrero Iraola explicó que la presentación no se limita a las actividades exploratorias, sino que alcanza la búsqueda de socios e inversores y las obras de infraestructura destinadas a generar las condiciones logísticas necesarias para una futura explotación.

“Exploración que ya, además, ha comenzado un desarrollo absolutamente financiero, esto es la búsqueda de socios e inversores”, explicó.

También señaló que se están desarrollando obras de infraestructura en las Islas Malvinas destinadas, según sostuvo, a preparar la logística necesaria para el emprendimiento hidrocarburífero.

Para Guerrero Iraola, estos elementos demuestran que no se está frente a una posibilidad meramente futura, sino ante un proceso en marcha que involucra empresas, capitales e infraestructura.

Por ese motivo, el planteo solicita que se detengan las actividades y que las empresas se abstengan de avanzar con nuevas acciones relacionadas con el proyecto.

Pero incorpora además otro aspecto: determinar de dónde provienen los recursos económicos que permiten financiar las operaciones.

“Estamos pidiendo a la Justicia que tome cartas en el asunto y que no solo frene, ordene que no se continúen o no se realicen ninguna acción más, sino que, además, que se abstengan de realizar cualquier acción en este sentido, pero también que investigue cuáles son las rutas del dinero”, sostuvo.

La Justicia Federal de Río Grande ante una definición

La presentación quedó radicada ante el Juzgado Federal de Río Grande, a cargo de la jueza Mariel Borruto.

Para Guerrero Iraola, una intervención judicial tendría una trascendencia que excedería el resultado inmediato de la medida cautelar solicitada.

El abogado sostuvo que un pronunciamiento que limite las acciones de empresas privadas que operan con autorización británica constituiría por sí mismo una señal institucional.

“La Justicia es un poder del Estado, conforme el artículo 1º de la Constitución Nacional”, remarcó.

En ese sentido, consideró que “un juez de la Nación ponga límites, en este caso, a unas empresas privadas que están trabajando con la anuencia del Estado usurpador, ya de por sí es un mensaje clarísimo para todos quienes quieran o deseen invertir en este tipo de emprendimiento, para el directorio mismo de las empresas”.

Para Guerrero Iraola, una decisión favorable también representaría una manifestación concreta del Estado argentino respecto de la cuestión Malvinas y enviaría una señal a la comunidad internacional.

Fue en ese contexto que formuló una de las definiciones centrales de la entrevista.

“Argentina debe respetar su soberanía, y si el Poder Ejecutivo no lo hace, porque es un Poder Ejecutivo que está llevando adelante un plan sistemático de entrega de soberanía, debe ser el Poder Judicial el último guardametas, cancerbero de la Constitución, de nuestras leyes”, afirmó.

“De lo contrario, estamos perdidos”, agregó.

Ambiente y soberanía

La participación de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas permitió incorporar otra dimensión al planteo: los eventuales efectos de la actividad hidrocarburífera sobre el ecosistema del Atlántico Sur.

Guerrero Iraola explicó que la demanda identifica dos bienes jurídicos que consideran amenazados.

“Hay dos bienes jurídicos, tutelables y tutelados en esta demanda, cuya vulneración nosotros estamos denunciando. Uno es el ambiente”, señaló.

En ese sentido, sostuvo que los ecosistemas del Atlántico Sur, las Islas Malvinas y la Antártida poseen un valor que excede los intereses exclusivamente argentinos.

“Los ecosistemas propios y relativos al Atlántico Sur, las Malvinas, a la Antártida, tienen incalculable valor, no solo para el pueblo argentino, sino para toda la humanidad”, afirmó.

El segundo bien jurídico señalado por el abogado es la soberanía.

“Soberanía es un bien jurídico. La norma que prevé y convalida este bien jurídico es la Constitución Nacional”, explicó.

El planteo ante las Naciones Unidas

Guerrero Iraola vinculó además las actividades petroleras con las resoluciones de las Naciones Unidas referidas a la cuestión Malvinas y sostuvo que los actos unilaterales desarrollados por el Reino Unido contradicen el marco internacional aplicable a la disputa.

En particular, mencionó la Resolución 3149 de Naciones Unidas.

“Este tipo de acciones, como las de Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, forman parte de actos unilaterales contrarios también a la Resolución 3149 de Naciones Unidas”, sostuvo.

Fuertes críticas al Gobierno de Milei

La entrevista avanzó posteriormente hacia un terreno marcadamente político cuando Guerrero Iraola fue consultado sobre la posición del Gobierno nacional respecto de Malvinas.

“¿Qué expectativas se puede tener sobre un gobierno que viene desplegando un plan sistemático de entrega de la soberanía?”, cuestionó.

El abogado enumeró entre las áreas que, a su entender, están siendo debilitadas al sistema de energía atómica, ARSAT, el sistema científico y tecnológico, las universidades nacionales, las represas y la vía troncal navegable del Paraná, además de mencionar los derechos laborales.

También vinculó directamente esa política con la situación de Tierra del Fuego y reivindicó el valor estratégico del régimen de promoción industrial fueguino.

“Era un régimen no solo que fomentaba la actividad económica en Tierra del Fuego, sino que permitía una política poblacional activa aquí, en esta tierra bicontinental”, sostuvo.

“Milei es un experimento global”

Guerrero Iraola profundizó sus cuestionamientos al Presidente y planteó una interpretación particularmente crítica sobre el rumbo adoptado por el Gobierno nacional.

“Javier Milei es un experimento global que ha venido a hacer los deberes a una nueva oligarquía global que necesita de la República Argentina sus recursos naturales”, afirmó.

Según su análisis, este proceso podría provocar que futuras administraciones nacionales encuentren debilitadas las herramientas estatales necesarias para adoptar decisiones sobre áreas estratégicas.

“El gobierno que le toque acceder al poder el 10 de diciembre del año próximo encontrará posiblemente muchas áreas estratégicas de nuestro país con el joystick desconectado para tomar las decisiones que hay que tomar”, advirtió.

“Argentina tiene todo para romperla toda”

Pese al duro diagnóstico político, Guerrero Iraola cerró la entrevista expresando una visión optimista sobre las posibilidades de desarrollo de la Argentina.

“Somos muy optimistas respecto a las condiciones y potencialidades de nuestro país”, afirmó.

“Yo creo que la República Argentina tiene todo, absolutamente todo lo que el mundo requiere y todo lo que hay que tener para romperla toda, decimos, en el siglo XXI”, agregó.

Para el abogado, transformar esas potencialidades en desarrollo requiere una dirigencia política capaz de preservar y utilizar las herramientas del Estado.

“Lo que se necesita es una dirigencia que esté a la altura, y sobre todo las capacidades estatales”, sostuvo.

Guerrero Iraola mencionó entre las principales fortalezas nacionales el agua dulce, la capacidad energética, los minerales críticos y, especialmente, el capital humano.

“Argentina es la cuna mundial del talento”, afirmó.

Finalmente, volvió a relacionar esa capacidad con su concepto de soberanía: disponer de las herramientas necesarias para que el país pueda adoptar sus propias decisiones estratégicas.

“De eso hablamos cuando hablamos de soberanía, de poder tomar decisiones y tener las herramientas para tomar esas decisiones que nos permitan llegar de un punto a otro”, explicó.

Y concluyó con una última crítica al Gobierno nacional: “Lo que está haciendo Milei es precisamente romper esto, es quebrar el sistema soberano que nos puede permitir llegar a la construcción de un modelo de éxito, un modelo de desarrollo”.