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La legisladora Natalia Gracianía, presidente del bloque de La Libertad Avanza, cuestionó con dureza la actuación del Gobierno provincial frente al prolongado conflicto docente y reclamó que se dicte la conciliación obligatoria para garantizar el regreso de los estudiantes a las aulas mientras continúa la negociación salarial. También apuntó contra el SUTEF, planteó interrogantes sobre el destino de las horas cátedra y advirtió que los dos proyectos de financiamiento educativo actualmente en discusión requieren un análisis profundo de su impacto fiscal y financiero.

Ushuaia, 10 de septiembre de 2026.- La legisladora provincial Natalia Gracianía, presidente del bloque de La Libertad Avanza, realizó un duro análisis de la crisis educativa que atraviesa Tierra del Fuego y sostuvo que el Gobierno provincial debe utilizar las herramientas legales disponibles para lograr el regreso de los estudiantes a las aulas mientras continúan las negociaciones con el sector docente.

En una entrevista concedida a Radio Provincia, Gracianía se refirió a las reuniones mantenidas con representantes del Gobierno y del Sindicato Unificado de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF), y afirmó que después de seis semanas de conflicto las posiciones permanecen prácticamente sin modificaciones.

“Llevamos seis semanas sin clases. El segundo semestre del ciclo lectivo no inició”, señaló la parlamentaria, quien sostuvo que tanto el Ministerio de Educación como la conducción gremial mantienen posiciones que hasta el momento no permitieron alcanzar una salida.

Según explicó, desde el Gobierno se sostiene que no existen posibilidades de formular una propuesta salarial superior a la ya realizada, mientras que desde el sindicato se mantiene la decisión de continuar con las medidas de acción directa.

Ante ese escenario, Gracianía cuestionó particularmente que el Ejecutivo provincial no haya recurrido a la conciliación obligatoria.

“El Gobierno decidió, porque esta es una decisión política, no utilizar las leyes que tiene para garantizar las clases en las escuelas de Tierra del Fuego”, afirmó.

La legisladora aseguró que planteó personalmente esta posibilidad al ministro de Educación, Pablo López Silva, quien le manifestó que la alternativa sería analizada y conversada con el gobernador Gustavo Melella.

“Le pedí que dicte la conciliación obligatoria. Me dijo que lo iban a revisar, que iban a plantearlo, que lo iban a hablar con el Gobernador”, relató.

“Los chicos tienen que volver a las aulas”

Gracianía remarcó que la aplicación de una conciliación obligatoria no significaría, desde su perspectiva, terminar con la discusión salarial, sino retrotraer momentáneamente el conflicto mientras las partes continúan negociando.

“Los chicos inmediatamente vuelven a clases mientras se negocia”, sostuvo, y agregó que el mecanismo “de ninguna manera deja sin posibilidades de negociación”.

La parlamentaria aclaró además que no cuestiona el derecho de los docentes a reclamar mejores salarios ni el derecho constitucional a la huelga.

“No discuto que los docentes ganen bien o ganen mal, no estoy poniendo en discusión el reclamo que están haciendo, ni la legitimidad de reclamar que tienen, ni el derecho constitucional a huelga”, expresó.

Sin embargo, consideró que el conflicto llegó a un nivel de desequilibrio que afecta directamente el derecho a la educación de los estudiantes fueguinos.

En ese marco, dirigió fuertes cuestionamientos tanto al Gobierno provincial como al secretario general del SUTEF, Horacio Catena.

Gracianía sostuvo que la falta de intervención del Ejecutivo terminó otorgando al dirigente sindical un poder de decisión que, según consideró, no le corresponde.

“El que parece que más poder tiene de decisión en Tierra del Fuego es el secretario general de un gremio de docentes, Horacio Catena”, afirmó.

Para la legisladora, la situación se produjo porque quienes tenían la responsabilidad institucional de adoptar decisiones “no las tomaron”.

También cuestionó la convocatoria gremial para dejar vacíos los establecimientos educativos en vísperas del Día del Maestro, en un contexto en el que, según indicó, ya se acumulaban seis semanas sin clases.

Cuestionamientos al Ministerio de Educación

Gracianía fue particularmente crítica con el ministro de Educación, Pablo López Silva, e incluso planteó la existencia de un posible conflicto de intereses por su afiliación al SUTEF.

“El ministro de Educación es afiliado al mismo gremio”, afirmó, para luego señalar que, si existiera un conflicto de intereses, debería resolverlo porque su responsabilidad institucional es garantizar el funcionamiento del sistema educativo.

La parlamentaria extendió la responsabilidad política al gobernador Gustavo Melella, al considerar que el Ejecutivo permitió que el conflicto se prolongara sin utilizar las herramientas disponibles.

Según relató, entre el anuncio del paro por tiempo indeterminado y la primera convocatoria a una negociación paritaria transcurrió aproximadamente un mes.

A su entender, esa demora contribuyó a que el conflicto alcanzara su actual magnitud.

Gracianía también rechazó que la falta de recursos enviados por Nación pueda explicar por sí sola la crisis educativa fueguina.

Sostuvo que educación, salud y seguridad se encuentran entre las responsabilidades provinciales y consideró que el Gobierno fueguino debe revisar la administración de sus propios recursos antes de atribuir la situación exclusivamente a decisiones nacionales.

Horas cátedra y utilización de recursos

Otro de los puntos centrales de la entrevista estuvo relacionado con las horas cátedra.

Gracianía afirmó que todavía no existe información suficientemente clara respecto de su utilización y sostuvo que deben investigarse situaciones en las que esos recursos, originalmente vinculados con Educación, podrían estar destinándose a otras prestaciones o contrataciones.

“Hay que empezar a mirar dónde está el dinero, hay que empezar a mirar cómo lo pueden manejar de una manera más eficiente”, señaló.

En ese contexto, consideró que el próximo tratamiento del Presupuesto provincial será una oportunidad para analizar los recursos destinados a diferentes organismos y estructuras del Estado.

Mencionó específicamente al Laboratorio del Fin del Mundo y a la Agencia de Innovación, sobre los cuales planteó la necesidad de conocer sus presupuestos, cantidad de personal, funciones y prestaciones.

Para Gracianía, una revisión integral podría permitir detectar recursos que eventualmente puedan ser redireccionados hacia el sistema educativo y los salarios docentes.

Los proyectos de financiamiento educativo

La legisladora también se refirió extensamente a los proyectos destinados a generar financiamiento adicional para el sistema educativo.

Recordó que una primera iniciativa impulsada por el SUTEF perdió estado parlamentario y rechazó las afirmaciones de que no hubiera sido analizada por la Legislatura.

“El proyecto del SUTEF fue tratado ampliamente en la Legislatura”, aseguró.

Explicó que La Libertad Avanza había anticipado que no acompañaría esa iniciativa porque contemplaba un incremento de impuestos al sector productivo y podía generar consecuencias vinculadas con el Pacto Fiscal.

Según Gracianía, durante el análisis también se habría determinado que la recaudación prevista no resultaba suficiente para financiar los objetivos planteados.

“El proyecto perdió estado parlamentario, nadie volvió a tomarlo y ese proyecto ya no está en discusión”, aseguró.

Actualmente, explicó, existen otras dos iniciativas bajo análisis: una presentada por el Gobierno provincial y otra impulsada por distintos bloques legislativos.

Gracianía reveló que la Legislatura solicitó en mayo una opinión técnica al Ministerio de Economía sobre ambas propuestas y que la respuesta llegó recién en agosto.

La demora también fue cuestionada por la parlamentaria, quien remarcó que el análisis legislativo requiere contar previamente con información sobre las consecuencias económicas y fiscales de cada alternativa.

De acuerdo con su interpretación del informe remitido por Economía, ninguno de los dos proyectos recibió un respaldo concluyente respecto de su viabilidad.

“En pocas líneas, no respalda como viables ninguno de los dos proyectos, ni el propio del Gobierno ni el de Interbloques”, señaló.

Por esa razón, Gracianía rechazó avanzar apresuradamente con una ley y reclamó conformar una instancia técnica que permita estudiar detalladamente las iniciativas.

“Hay que parar la pelota, empezar a revisar los dos proyectos y ver de qué manera podemos determinar si alguno de los dos es viable y avanzar en la discusión”, expresó.

También cuestionó el corte de la calle San Martín

La presidente del bloque de La Libertad Avanza incorporó además al debate la situación de la calle San Martín de Ushuaia, afectada por las protestas gremiales.

Gracianía cuestionó tanto al Gobierno provincial como a la Municipalidad de Ushuaia por considerar que no adoptaron medidas suficientes para garantizar la circulación.

Sostuvo que el corte afecta a comerciantes, residentes y al movimiento turístico de la capital provincial, y planteó que el ejercicio del derecho a manifestarse no debería perjudicar los derechos de terceros.

Para la legisladora, la salida inmediata de la crisis educativa debería comenzar con el dictado de la conciliación obligatoria.

“Los chicos vuelven a las aulas, los docentes vuelven a las aulas y se continúa con el debate y la discusión y la negociación en paritarias”, resumió.

Gracianía insistió finalmente en que, mientras se discuten salarios, financiamiento educativo, infraestructura y administración de los recursos provinciales, la prioridad inmediata debe ser recuperar la normalidad del ciclo lectivo.

“Se tiene que restablecer el derecho constitucional de los estudiantes a tener clases de manera normal en Tierra del Fuego. Esto tiene que ser urgente”, concluyó.