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La Municipalidad de Ushuaia anunció que se sumará como querellante a la causa que tramita ante el Juzgado Federal de Río Grande contra Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum por el proyecto hidrocarburífero Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte. La decisión se conoce luego de que la Juez Federal Mariel Borruto declarara la competencia de su Juzgado para intervenir en el expediente, al considerar que están involucradas cuestiones ambientales, jurisdiccionales y vinculadas con la soberanía argentina.

Ushuaia, 10 de septiembre de 2026.- La Municipalidad de Ushuaia anunció que se presentará como querellante en la causa judicial iniciada por el proyecto hidrocarburífero Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte y desarrollado sin autorización argentina por las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited.

La causa tramita ante el Juzgado Federal de Río Grande, a cargo de la Juez Federal Mariel Borruto, quien esta semana resolvió declarar la competencia de ese tribunal para intervenir en el expediente.

La acción había sido promovida por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y la Asociación Civil de Abogados, Abogadas y Profesionales Ambientalistas bajo el concepto de “tutela ambiental soberana”, que plantea una vinculación entre la protección ambiental de los espacios marítimos argentinos y el ejercicio de la soberanía nacional.

Antes de concretarse la presentación judicial, representantes de las organizaciones impulsoras fueron recibidos en la Intendencia de Ushuaia por el secretario de Relaciones Parlamentarias y Articulación Política, Omar Becerra; el secretario de Asuntos Malvinas, VGM Dante Asili; y el VGM Daniel Guzmán.

Durante ese encuentro fueron analizados los fundamentos jurídicos de la acción y la necesidad de abordar conjuntamente la dimensión ambiental, la explotación de los recursos naturales y la defensa de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes.

El antecedente del fallo de Mariel Borruto

La presentación judicial realizada a principios de septiembre sostiene que cualquier explotación de hidrocarburos desarrollada sobre la plataforma continental argentina debe ajustarse a la legislación nacional y contar con las correspondientes autorizaciones ambientales.

Esta semana, la Juez Federal Mariel Borruto resolvió una cuestión central para la continuidad del expediente al establecer que el Juzgado Federal de Río Grande resulta competente para intervenir.

La magistrada consideró que el caso involucra aspectos relacionados con la jurisdicción marítima argentina, la protección ambiental y la soberanía nacional.

La decisión también contempló la intervención de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur con el objetivo de permitirle resguardar los intereses patrimoniales y ambientales que pudieran encontrarse comprometidos.

Sin embargo, la resolución sobre la competencia no implica todavía una decisión sobre el fondo de la demanda ni supone que se haya ordenado detener el proyecto Sea Lion.

Las medidas cautelares solicitadas para frenar su avance permanecen pendientes de resolución.

Es precisamente dentro de este escenario judicial que la Municipalidad de Ushuaia decidió avanzar en su incorporación como querellante, sumando de esta manera la representación institucional de la capital fueguina a una causa directamente relacionada con la explotación de recursos naturales en la Cuenca Malvinas Norte.

Vuoto: “Malvinas es parte de nuestra agenda política”

La decisión municipal se produce también después de las declaraciones realizadas por el intendente Walter Vuoto respecto de los recientes anuncios del Gobierno nacional para aplicar sanciones a las compañías petroleras que desarrollen actividades hidrocarburíferas en Malvinas sin autorización de la República Argentina.

Vuoto valoró la decisión, aunque recordó que el país ya dispone desde hace años de herramientas legales para actuar contra esas empresas.

“Sancionar a las petroleras que operan en Malvinas sin autorización argentina está bien. Pero no es nuevo: es la Ley 26.659, sancionada en 2011”, expresó el Intendente.

La normativa establece condiciones para la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina y contempla restricciones para aquellas empresas que desarrollen actividades sin autorización de las autoridades nacionales competentes.

Walter Vuoto también recordó la recuperación del control estatal de YPF en 2012 y planteó que la discusión alrededor de Malvinas no puede circunscribirse exclusivamente a la cuestión territorial, sino que debe incorporar el control y aprovechamiento de los recursos estratégicos existentes en el Atlántico Sur.

Entre ellos mencionó particularmente los hidrocarburos y los recursos pesqueros.

“Malvinas es parte de nuestra agenda política, de nuestra agenda de gestión, de la vida de cada fueguino y fueguina”, sostuvo.

Asimismo, remarcó la necesidad de construir la mirada sobre la cuestión Malvinas desde Tierra del Fuego.

“El desafío es contar Malvinas desde acá, desde la provincia de Malvinas, desde la provincia de la Antártida, de las islas del Atlántico Sur”, afirmó.

Ushuaia busca intervenir directamente en la causa

La incorporación de la Municipalidad como querellante implicará que el Ejecutivo de Ushuaia busque asumir un rol activo dentro del proceso judicial que se desarrolla en Río Grande.

La decisión se inscribe en el posicionamiento que viene sosteniendo la ciudad respecto de la defensa de la soberanía argentina y de los recursos naturales del Atlántico Sur.

El expediente Sea Lion adquiere particular relevancia porque concentra en una misma discusión judicial distintas dimensiones: la explotación hidrocarburífera, la protección ambiental, la aplicación de la legislación argentina sobre los espacios marítimos y la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas.

Con la competencia federal ya establecida, el proceso continuará ahora con las distintas instancias previstas judicialmente, mientras permanece pendiente una de las cuestiones centrales planteadas por los demandantes: el pedido de medidas cautelares destinadas a impedir el avance del proyecto.

La Municipalidad de Ushuaia ratificó que su decisión de intervenir apunta a acompañar las acciones destinadas a garantizar la aplicación de las leyes argentinas y la protección de los recursos naturales existentes en los espacios marítimos que forman parte de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.