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El legislador del Movimiento Popular Fueguino Pablo Villegas cuestionó la falta de intervención del Gobierno provincial para destrabar el conflicto docente, que ya lleva seis semanas de medidas de fuerza, y reclamó que se convoque a conciliación obligatoria para garantizar el regreso de los estudiantes a las aulas mientras continúan las negociaciones. Advirtió sobre la cantidad de días de clases perdidos, responsabilizó tanto al Ejecutivo como a la conducción del SUTEF y rechazó que una nueva ley de financiamiento educativo sea, por sí sola, la solución al problema.

Río Grande, 11 de septiembre de 2026.- El legislador provincial por el Movimiento Popular Fueguino (MPF), Pablo Villegas, cuestionó con dureza la falta de decisiones del Gobierno de Tierra del Fuego frente al prolongado conflicto docente y sostuvo que existen herramientas legales para convocar a una conciliación obligatoria que permita restablecer las clases mientras continúan las negociaciones salariales.

Villegas formuló estas declaraciones durante una entrevista en el programa Costo Político, conducido por el periodista Christian Bisso por Radio Provincia, donde analizó la situación educativa luego de una reunión de comisión de la Legislatura en la que participaron, entre otros sectores, padres de estudiantes. El conflicto ya acumula seis semanas de medidas de fuerza.

El parlamentario diferenció el reclamo de los docentes de las decisiones adoptadas por la conducción sindical y consideró que uno de los aspectos más importantes de la reunión legislativa fue precisamente escuchar de manera directa a las familias afectadas.

“Yo descreo, por un lado, de que a través de una ley se pueda llegar a resolver definitivamente el reclamo salarial de los docentes, como también descreo que se pueda llegar a resolver a través de una ley los reclamos salariales de cualquier sector de empleados públicos”, señaló.

“En la primaria, de 131 días de clases, hemos tenido 73 días sin clases”

Villegas puso especial énfasis en el impacto que el conflicto viene teniendo sobre los estudiantes y presentó cifras que, según indicó, elaboró a partir de información a la que tuvo acceso.

“En la primaria, de 131 días de clases, hemos tenido 73 días sin clases”, afirmó. Detalló que, de acuerdo con sus cálculos, 49 jornadas correspondieron a paros, 19 a desobligaciones y asambleas y cinco a la extensión de las vacaciones de invierno dispuesta por el Gobierno provincial.

En el nivel secundario, agregó, sobre 127 días previstos también se habrían perdido 73, lo que representaría un 57,28%. Para Villegas, esta situación no constituye un hecho aislado, sino un problema que “se viene repitiendo año tras año”.

El reclamo por la conciliación obligatoria

Uno de los cuestionamientos centrales del legislador estuvo dirigido a la decisión del Ejecutivo de no recurrir a la conciliación obligatoria.

Villegas recordó como antecedente el conflicto de Mirgor, cuando alrededor de 300 trabajadores no pudieron ingresar a la planta y el Gobierno provincial intervino rápidamente mediante el Ministerio de Trabajo, disponiendo la conciliación obligatoria.

Según explicó, la aplicación de ese mecanismo en el conflicto docente permitiría abrir un período de negociación durante el cual deberían retrotraerse las medidas, posibilitando que los alumnos regresen a las aulas.

“Genera un espacio de 15 días hábiles en donde las partes tienen que retrotraer la situación. En este caso sería volver a clases. Y mientras tanto, negociar”, explicó.

Para Villegas, el argumento de que las posiciones del Gobierno y el sindicato se encuentran demasiado alejadas no invalida esa herramienta, porque durante ese período los estudiantes podrían recuperar la normalidad escolar.

“El marco legal te da un sinnúmero de herramientas. Ahora, lo que hace falta es voluntad política”, sentenció.

En ese sentido, reclamó al Ejecutivo “ejercer la autoridad, restablecer el orden y que los chicos y los jóvenes vuelvan a tener clases de modo razonable”, y consideró que Tierra del Fuego atraviesa desde hace años una situación anormal en materia educativa.

Críticas al Gobierno y a la dirigencia del SUTEF

El legislador también distribuyó responsabilidades entre el Ejecutivo provincial y los representantes gremiales del SUTEF, a quienes cuestionó por las consecuencias que el conflicto está provocando sobre los estudiantes.

Villegas sostuvo que quienes resultan particularmente perjudicados son los niños y jóvenes pertenecientes a familias de menores recursos, porque no cuentan con alternativas como la educación privada o la posibilidad de recurrir a docentes particulares.

“Los que están haciendo esta sinergia negativa, esta acción conjunta entre el Gobierno de la Provincia que no toma decisiones que tiene que adoptar y este gremio, estos representantes gremiales, están lastimando, están perjudicando precisamente a quienes más tenemos que proteger”, afirmó.

En ese contexto, defendió el papel de la escuela pública como instrumento de igualdad y movilidad social y recordó su propia experiencia familiar para señalar la importancia de garantizar el acceso efectivo a la educación.

“¿Cómo no vamos a pelear para que los chicos nuestros tengan esa misma posibilidad?”, expresó, al remarcar el papel que tuvo la educación pública en su formación.

“Tenemos una provincia fundida”

Villegas amplió sus críticas hacia la administración provincial y aseguró que el problema educativo forma parte de una situación financiera y de gestión mucho más profunda.

“Tenemos una provincia fundida y, además de fundida, muy mal gestionada en el orden de prioridad de la afectación de los recursos que se tienen”, afirmó.

El legislador sostuvo que la Provincia depende de adelantos financieros solicitados al Gobierno nacional y planteó cuestionamientos respecto de la forma en que se administran tanto los ingresos propios como los provenientes de la Coparticipación Federal.

Rechazo a una nueva ley como única solución

Sobre el proyecto de financiamiento educativo, Villegas señaló que analizó las distintas leyes sancionadas desde 1992 que establecieron pisos presupuestarios o afectaron recursos específicos al sistema educativo y sostuvo que, pese a esas herramientas, los problemas continúan.

“Si aplicamos la misma fórmula vamos a tener los mismos resultados. Hay que cambiar los paradigmas del abordaje de los problemas que tienen las distintas prestaciones de servicio del Estado”, afirmó.

También rechazó que la salida pase por crear o aumentar impuestos o por redireccionar recursos destinados a otras obligaciones del Estado.

“No pasa por aumentar o crear nuevos impuestos, no pasa por desvestir un santo para vestir a otro”, expresó.

Para el legislador del MPF, antes de buscar nuevas fuentes de financiamiento debe realizarse una revisión integral de cómo se utilizan actualmente los recursos dentro del Ministerio de Educación.

“Lo que hay que hacer es administrar y gestionar de un modo distinto los recursos del Estado”, sostuvo.

Cuestionamientos sobre cargos y horas cátedra

En la parte final de la entrevista, Villegas introdujo otro aspecto que consideró necesario investigar: la ejecución presupuestaria de cargos y horas cátedra dentro del sistema educativo.

Aseguró que viene estudiando ejercicios presupuestarios de distintos años y mencionó información que atribuyó a informes del Tribunal de Cuentas. Según manifestó, habría diferencias significativas entre las cantidades autorizadas presupuestariamente y las efectivamente ejecutadas.

El legislador afirmó que para 2024 se habrían autorizado 1.950 cargos y se habrían pagado, en promedio, alrededor de 7.300, mientras que sobre 990.000 horas cátedra previstas se habrían ejecutado aproximadamente 1.300.000.

Villegas sostuvo que esos datos deben analizarse porque podrían revelar problemas en la forma en que se afectan los recursos del sistema educativo e incluso generar consecuencias indirectas sobre el sistema previsional.

A partir de ese diagnóstico, consideró que el primer paso debería ser revisar exhaustivamente el gasto y la administración del Ministerio de Educación y, recién después, determinar si resulta necesario incorporar nuevas herramientas financieras.

Para Villegas, el conflicto docente no se resolverá únicamente mediante una nueva ley ni incorporando más recursos al sistema si previamente no existe una modificación profunda en las prioridades y en la forma de administrar el presupuesto.

En el centro de su planteo colocó nuevamente a los estudiantes y la necesidad de recuperar las clases: mientras Gobierno y sindicato mantienen posiciones enfrentadas, sostuvo, son los niños y jóvenes fueguinos quienes están pagando las consecuencias de un conflicto que ya lleva seis semanas.