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El legislador Federico Greve sostuvo que la jueza electoral Mariel Zanini excedió el alcance del expediente al dejar sin efecto el decreto de convocatoria a elecciones constituyentes. Desde FORJA remarcaron que la Ley Provincial N° 1529 se encontraba vigente al momento de la decisión judicial y anticiparon que continuarán impulsando todas las instancias legales para sostener el proceso de reforma constitucional.

Río Grande.- La disputa institucional por la reforma de la Constitución de Tierra del Fuego sumó un nuevo capítulo tras la resolución de la jueza electoral Mariel Zanini, quien dejó sin efecto el decreto de convocatoria a elecciones de convencionales constituyentes. Desde FORJA cuestionaron los fundamentos del fallo, anticiparon una presentación en la causa y defendieron la continuidad del proceso iniciado mediante la Ley Provincial N° 1529.

El legislador provincial y vicepresidente nacional del Partido de la Concertación FORJA, Federico Greve, sostuvo que la magistrada avanzó más allá del análisis que correspondía dentro del expediente electoral y planteó que tanto la ley de necesidad de reforma como el decreto de convocatoria mantenían vigencia al momento de dictarse la resolución, según publicó El Diario del Fin del Mundo.

“La jueza, para nosotros, excedió en su resolución”, afirmó Greve, al considerar que el objeto del expediente debía centrarse exclusivamente en evaluar la legalidad del decreto mediante el cual se fijó la fecha de elección de convencionales constituyentes.

Según explicó, la intervención del Juzgado Electoral debía limitarse al acto administrativo de convocatoria y no ingresar en cuestiones que —desde la mirada del oficialismo— forman parte de una discusión constitucional más amplia.

“Un juez solamente puede fallar con lo que tiene en el expediente”, señaló el parlamentario, al cuestionar que la resolución incorporara elementos que, a su entender, excedían el marco de análisis.

La discusión sobre los alcances del fallo

Uno de los puntos centrales planteados por FORJA está vinculado a la situación jurídica de la Ley Provincial N° 1529. Greve recordó que la constitucionalidad de la norma ya había sido analizada por el Superior Tribunal de Justicia provincial y sostuvo que ese pronunciamiento debía mantenerse como referencia mientras no existiera una resolución superior que modificara ese criterio.

En esa línea, el legislador cuestionó que una instancia inferior pudiera adoptar una decisión que, en la práctica, terminara afectando los efectos de una ley cuya validez había sido sostenida previamente por el máximo tribunal provincial.

Otro de los aspectos observados por el oficialismo fue el procedimiento aplicado respecto de la consulta a los partidos políticos. Greve indicó que la fiscalía había recomendado escuchar previamente a las fuerzas involucradas por tratarse de un proceso electoral con múltiples actores, pero cuestionó que la consulta se realizara después de adoptada la decisión.

“Primero ‘anulifica’ (SIC) el decreto y después le hace la consulta”, expresó, al considerar que el orden procesal elegido resulta contradictorio.

FORJA buscará intervenir en la causa

En ese marco, Greve confirmó que FORJA analiza realizar una presentación formal dentro del expediente para dejar planteada su posición respecto de la resolución judicial, aunque aclaró que la opinión de las fuerzas políticas no será vinculante y que la definición continuará dentro del ámbito judicial.

Asimismo, manifestó expectativas respecto de una eventual revisión por parte de la Cámara de Apelaciones, al considerar que la intervención de un tribunal colegiado permitirá incorporar distintas miradas jurídicas sobre una controversia institucional que fue creciendo en complejidad.

“Vamos a ir a las últimas consecuencias jurídicamente hablando”

El legislador defendió la continuidad del proceso constituyente y sostuvo que una vez activado el mecanismo previsto por la Constitución Provincial deben garantizarse previsibilidad y seguridad jurídica.

Desde su mirada, interrumpir el procedimiento por modificaciones posteriores en el escenario político genera un antecedente complejo respecto de los procesos institucionales.

“Vamos a seguir insistiendo con la legalidad de los actos porque entendemos que no se hizo nada fuera de los términos de la ley”, afirmó.

Finalmente, Greve ratificó que el oficialismo continuará utilizando todas las herramientas judiciales disponibles para intentar sostener la convocatoria a convencionales constituyentes.

“Vamos a ir a las últimas consecuencias jurídicamente hablando para poder lograr que este proceso siga adelante”, concluyó.

De esta manera, mientras la Ley 1626 ya fue promulgada y dejó formalmente abrogada la Ley 1529 en el plano legislativo, la discusión sobre los efectos jurídicos del proceso iniciado continúa abierta en los tribunales, donde se definirá el próximo capítulo de uno de los debates institucionales más relevantes de Tierra del Fuego desde la sanción de su Constitución Provincial.