El legislador provincial Jorge Lechman planteó este martes, durante una reunión de comisión con representantes del SUTEF, que Tierra del Fuego debe revisar la forma en que establece sus prioridades presupuestarias y garantizar en primer término los recursos necesarios para educación, salud y seguridad. Además, propuso convocar a los intendentes de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin a una mesa amplia para discutir la distribución de la coparticipación y, fundamentalmente, “qué provincia queremos construir de aquí en adelante”. Aclaró que no propone quitar recursos a los municipios, sino acordar entre todos los sectores un esquema que asegure salarios dignos y servicios públicos eficientes.
Ushuaia, 25 de agosto de 2026.- El legislador provincial Jorge Lechman volvió a instalar en la Legislatura un debate que considera necesario abordar de manera estructural: cómo se distribuyen los recursos de Tierra del Fuego y cuáles deben ser las prioridades que queden garantizadas antes de avanzar con el reparto de la masa coparticipable.
Lo hizo este martes durante una reunión de comisión de la que participaron representantes del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) y legisladores provinciales, en el marco de la discusión por la situación salarial del sector docente.
Frente al secretario general del gremio, Horacio Catena, Lechman sostuvo que educación, salud y seguridad deben disponer previamente de los fondos necesarios para garantizar tanto el funcionamiento de los servicios como salarios dignos para sus trabajadores.
“Ninguno de estos tres ámbitos constituye un gasto, sino una inversión. Debemos sentarnos a discutir qué provincia queremos construir de aquí en adelante”, sostuvo.
Una discusión que excede al conflicto docente
El planteo de Lechman surgió en medio de la discusión salarial de los trabajadores de la educación, pero el parlamentario buscó llevar el debate hacia un problema de mayor alcance.
A su entender, Tierra del Fuego no puede continuar atravesando año tras año conflictos similares, independientemente de quién ocupe circunstancialmente el Gobierno provincial.
La discusión acerca de si el salario docente resulta suficiente para vivir dignamente se ha reiterado durante diferentes administraciones y, según planteó, evidencia la necesidad de revisar estructuralmente cómo se asignan los recursos disponibles.
Lo mismo, consideró, ocurre con salud y seguridad.
Para Lechman, se trata de tres áreas que cumplen funciones esenciales y cuyo financiamiento no debería quedar condicionado permanentemente por la situación coyuntural de las cuentas provinciales.
Su propuesta parte entonces de establecer cuánto dinero necesita efectivamente cada una para garantizar servicios adecuados y salarios dignos y, una vez determinados esos requerimientos, avanzar con la distribución de la masa coparticipable.
Convocar a los tres intendentes
Pero el legislador entiende que una modificación de semejante magnitud no puede resolverse exclusivamente dentro de la Legislatura ni entre el Poder Ejecutivo y los gremios.
Por esa razón propuso incorporar a la discusión a los intendentes Martín Pérez, de Río Grande; Walter Vuoto, de Ushuaia; y Daniel Harrington, de Tolhuin.
“Hay que invitar a los tres intendentes”, afirmó.
La intención, explicó, es conformar una mesa en la que puedan participar todos los actores involucrados para analizar los recursos provinciales y discutir un esquema que permita sostener las funciones esenciales del Estado.
La propuesta no implica, según aclaró Lechman, trasladar responsabilidades provinciales hacia los municipios ni determinar unilateralmente una reducción de los recursos que estos reciben.
Precisamente por el impacto que cualquier modificación podría tener sobre las administraciones municipales, el legislador considera indispensable que los intendentes formen parte de la conversación desde el comienzo.
“Qué provincia queremos construir”
La discusión que propone Lechman no se limita a una fórmula matemática para distribuir recursos.
El legislador pretende que el debate permita establecer cuáles serán las prioridades de Tierra del Fuego hacia los próximos años.
“Nos tenemos que sentar a discutir qué queremos para la provincia de acá en adelante”, insistió.
Para ello, consideró necesario abandonar discusiones coyunturales y trabajar sobre números concretos.
¿Cuánto necesita el sistema educativo para funcionar correctamente y pagar salarios adecuados? ¿Cuáles son los recursos indispensables para sostener el sistema sanitario? ¿Qué presupuesto necesita seguridad para cumplir con sus responsabilidades?
A partir de esas respuestas, plantea establecer un piso de recursos que permita garantizar esas áreas antes de avanzar con el resto de la distribución.
La administración sigue siendo responsabilidad del Ejecutivo
Lechman dejó en claro que la responsabilidad de administrar los recursos provinciales continúa correspondiendo al Poder Ejecutivo.
Su planteo no pretende modificar esa responsabilidad institucional, sino abrir una discusión política más amplia sobre la manera en que Tierra del Fuego establece sus prioridades.
En esa mesa, según su propuesta, deberían estar representados el Gobierno provincial, la Legislatura, los gremios y los tres municipios.
El objetivo sería evitar que cada nuevo conflicto vuelva a encontrar a los distintos sectores discutiendo desde posiciones enfrentadas, sin abordar el problema estructural que existe detrás de las demandas salariales y de las dificultades que atraviesan los servicios públicos.
Ni docentes contra familias ni sectores enfrentados
Otro de los puntos sobre los que hizo especial hincapié Lechman fue evitar que la discusión salarial termine convirtiéndose en un enfrentamiento entre trabajadores y usuarios de los servicios públicos.
En el caso de la educación, sostuvo que existen derechos que deben ser atendidos simultáneamente.
Los chicos necesitan tener clases. Las familias tienen derecho a que sus hijos reciban una educación adecuada. Y los trabajadores de la educación tienen también derecho a percibir un salario que les permita vivir dignamente.
Para el legislador, enfrentar esas necesidades constituye un error.
“No podemos convertir esta discusión en un enfrentamiento entre sectores ni caer en la lógica de sacarle a uno para darle al otro”, señaló.
La misma consideración extendió hacia quienes se desempeñan en salud y seguridad.
“Tenemos que encontrar una solución para que haya servicios dignos, salarios dignos y una educación digna”, remarcó.
“Es una mesa grande en la que nos tenemos que sentar todos”
Lechman reconoció que alcanzar un acuerdo de estas características no será sencillo.
Precisamente por eso considera necesario ampliar la discusión y evitar soluciones parciales.
“Es una mesa grande en la que nos tenemos que sentar todos. Hace rato que lo vengo planteando”, afirmó.
El legislador ya había expresado anteriormente la necesidad de revisar las prioridades en la asignación de recursos, pero esta vez llevó la propuesta directamente a la reunión mantenida con representantes del SUTEF.
Su planteo busca transformar una discusión originada en un reclamo salarial en un debate sobre el modelo de administración y desarrollo de Tierra del Fuego.
Que los trabajadores no paguen los errores de los gobiernos
Detrás de la propuesta existe además una definición política que Lechman buscó dejar planteada: las consecuencias de errores presupuestarios, cálculos equivocados o decisiones adoptadas por los gobiernos no deberían terminar trasladándose hacia los trabajadores.
A su criterio, garantizar previamente recursos para las funciones esenciales permitiría brindar mayor previsibilidad y evitar que las discusiones salariales queden permanentemente condicionadas por las dificultades financieras de cada gestión.
No se trataría, según su planteo, de establecer privilegios entre sectores, sino de determinar cuáles son las responsabilidades básicas que el Estado provincial debe estar en condiciones de garantizar independientemente del contexto.
Educación para que los chicos tengan clases y los docentes salarios dignos.
Salud para que los hospitales puedan responder y sus trabajadores desempeñarse en condiciones adecuadas.
Seguridad para que el Estado pueda proteger a la comunidad y reconocer apropiadamente a quienes tienen esa responsabilidad.
Una discusión sobre el futuro de Tierra del Fuego
La propuesta de Lechman coloca sobre la mesa un debate que seguramente tendrá posiciones diferentes.
Cualquier modificación vinculada con la coparticipación involucra intereses provinciales y municipales y afecta recursos que cada administración utiliza para prestar servicios a sus respectivas comunidades.
Por eso el legislador insiste en que la discusión no debe plantearse como una disputa por quién pierde y quién gana.
Su propuesta consiste en invertir el razonamiento: primero determinar colectivamente qué recursos necesita Tierra del Fuego para garantizar sus servicios esenciales y después acordar cómo distribuir los fondos restantes.
Será una discusión que requerirá números, acuerdos políticos y participación de todos los sectores involucrados.
Pero Lechman considera que postergarla significa continuar enfrentando, año tras año, los mismos problemas.
Por eso, frente al SUTEF y al resto de los legisladores, volvió a resumir su posición en una pregunta que excede ampliamente cualquier discusión salarial del momento:
“Nos tenemos que sentar a discutir qué queremos para la provincia de acá en adelante”.





















