La presidente del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura de Tierra del Fuego cuestionó el proyecto de financiamiento educativo impulsado por el gobernador Gustavo Melella y advirtió que, según sus estimaciones, los recursos previstos representarían apenas unos 7.000 pesos mensuales netos por docente “con deducciones”. Natalia Gracianía confirmó que el próximo lunes, a las 14 horas, se realizará una sesión especial para intentar quitarle el trámite de urgencia a la iniciativa. También cuestionó la creación de nuevas cargas tributarias y vinculó el proyecto con acuerdos políticos entre el mandatario provincial y el dirigente sindical Horacio Catena.
Río Grande, 30 de octubre de 2026.- La discusión por el proyecto de financiamiento educativo enviado por el Poder Ejecutivo provincial a la Legislatura con trámite de urgencia sumó nuevos cuestionamientos desde el bloque de La Libertad Avanza. Su presidente, la legisladora Natalia Gracianía, advirtió que la iniciativa no resolverá los problemas salariales de los docentes ni las necesidades de infraestructura escolar y que, además, podría comprometer recursos públicos futuros.
Durante una entrevista concedida al programa “La Mañana de la Tecno”, emitido por Radio Universidad 93.5 MHz, la parlamentaria confirmó que distintos bloques solicitaron una sesión especial para el lunes 2 de noviembre, a las 14 horas, con el objetivo de intentar retirar el trámite de urgencia y permitir un análisis más amplio de la propuesta.
Gracianía explicó que su bloque considera indispensable discutir el financiamiento educativo junto con el Presupuesto provincial 2027, debido a que ambas iniciativas están directamente relacionadas con la asignación de recursos públicos.
“Nosotros en la última sesión también acompañamos un pedido para quitarle el trámite de urgencia a la ley de financiamiento educativo que envió el gobernador Gustavo Melella a la Legislatura, porque entendemos que no estaban dadas las condiciones para debatir un tema como este, separado del presupuesto 2027”, sostuvo.
La legisladora agregó que el proyecto contiene disposiciones cuya aplicación dependerá de decisiones presupuestarias posteriores, lo que, a su entender, vuelve inconveniente su tratamiento por separado.
“Estamos hablando de fondos públicos, estamos hablando de fondos destinados a educación, que sí o sí se tienen que debatir en ese marco”, remarcó.
Una sesión especial para intentar retirar la urgencia
La presidente del bloque libertario recordó que, durante la última sesión ordinaria, no se consiguieron los votos necesarios para retirar el tratamiento de urgencia solicitado por el Ejecutivo.
Ante esa situación, explicó que legisladores de distintos espacios políticos firmaron una nueva convocatoria para insistir con el planteo.
“Lamentablemente no logramos la cantidad de votos necesarios para que esto sucediera. Por lo tanto, junto a otros bloques políticos, también firmamos una convocatoria para una sesión especial para poder intentar nuevamente quitarle el trámite de urgencia y esto va a pasar el lunes a las 2 de la tarde”, precisó.
Gracianía aclaró que la sesión especial tendrá como objetivo discutir exclusivamente la continuidad del trámite de urgencia, mientras que el proyecto de financiamiento educativo ya cuenta con un dictamen favorable de sectores que acompañan la iniciativa gubernamental.
Sin embargo, puntualizó que todavía no existe una convocatoria para tratar ese dictamen en el recinto.
“Dictamen que no firmamos ni acompañamos, pero que todavía no hay una convocatoria para tratarlo”, señaló.
El cálculo de Gracianía: unos 7.000 pesos mensuales netos por docente con deducciones
Uno de los puntos centrales de la entrevista estuvo relacionado con el impacto económico que tendría la nueva normativa sobre los salarios docentes.
Gracianía explicó que participó de las reuniones conjuntas de las comisiones Nº 2 de Economía, Presupuesto y Hacienda y Nº 4 de Educación (que preside su compañero de banca Luciano Selzer), donde se analizaron modificaciones al texto original y se discutieron distintas alternativas de financiamiento.
Según relató, durante el encuentro estuvieron presentes el titular de la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF) y el ministro de Economía provincial, Alejandro Barrozo Marte.
La legisladora sostuvo que, pese a las distintas propuestas analizadas, el texto que obtuvo dictamen no presentó modificaciones sustanciales respecto de la iniciativa original.
En ese contexto, aseguró que los mecanismos de recaudación cuyo rendimiento puede estimarse permitirían obtener aproximadamente 3.500 millones de pesos anuales.
De acuerdo con su explicación, esos fondos se distribuirían en un 40% para salarios docentes, otro 40% para infraestructura educativa y el 20% restante para equipamiento.
A partir de esas cifras, presentó una estimación del eventual impacto salarial.
Estimación salarial presentada por Gracianía
Sobre una recaudación anual estimada de $3.500 millones y 9.000 docentes
| Recaudación anual | $3.500 millones |
| 40% destinado a salarios | $1.400 millones |
| Por docente, en 13 pagos | $11.966 brutos |
| Estimación neta de la legisladora | $7.000 con deducciones. |
El importe bruto de $11.966 surge de recalcular las cifras mencionadas en la entrevista. Gracianía indicó $11.596, una diferencia aritmética. Los $7.000 netos son su estimación, sin desglose de deducciones; es decir, $11.966 “sin deducciones” y los 7.000 “con las deducciones”.
La parlamentaria aseguró que consultó al ministro de Economía si el Gobierno había realizado un análisis similar sobre el impacto salarial de la propuesta.
“Entonces mi pregunta estaba orientada a si el ministro de Economía me podía decir si habían hecho una estimación del impacto que esto iba a tener en los salarios de los docentes”, explicó.
Según su relato, el funcionario reconoció que no contaba con esa estimación.
Gracianía consideró que el eventual incremento sería insuficiente para modificar sustancialmente la situación salarial del sector.
“Esta ley no tiene prácticamente un impacto en el salario docente”, afirmó, al tiempo que recordó que las remuneraciones deben definirse en el ámbito de las negociaciones paritarias.
También cuestionó las objeciones que recibió su planteo durante el debate en comisión.
“Los números no mienten. Los números son claros. Entonces, hay que decir la verdad. A los docentes hay que decirles la verdad”, manifestó.
Infraestructura escolar y recursos futuros
La legisladora extendió sus cuestionamientos a los recursos destinados a infraestructura educativa y sostuvo que los montos previstos tampoco resultarían suficientes para atender las necesidades del sistema escolar provincial.
En ese sentido, explicó que, de los 3.500 millones de pesos anuales de recaudación estimada, el 40% —equivalente a 1.400 millones de pesos— estaría destinado a infraestructura educativa. A esa cifra deben sumarse aproximadamente 800 millones de pesos provenientes del porcentaje del fondo vinculado a Camuzzi que se asignaría específicamente a ese mismo objetivo. De esta manera, los recursos destinados a infraestructura alcanzarían unos 2.200 millones de pesos anuales.
Sin embargo, Gracianía consideró que, aun sumando ambas fuentes de financiamiento, el monto resultaría limitado frente a las necesidades existentes, especialmente si se tiene en cuenta que debería distribuirse entre más de un centenar de establecimientos educativos de Tierra del Fuego.
La parlamentaria aclaró que su análisis durante el debate en comisión estuvo centrado principalmente en el impacto que tendría el proyecto sobre los salarios docentes, aunque advirtió que los recursos previstos para infraestructura tampoco representarían, a su entender, una solución significativa para las necesidades del sistema educativo provincial.
Críticas al gobernador Melella y al dirigente Horacio Catena
En otro tramo de la entrevista, Gracianía atribuyó el impulso de la iniciativa a compromisos políticos entre el gobernador Gustavo Melella y el dirigente sindical Horacio Catena.
La legisladora consideró que el tratamiento acelerado de la propuesta responde a una necesidad política del Ejecutivo antes que a una solución efectiva de los problemas educativos.
“Es muy difícil tomar decisiones de manera apresurada para poder solamente estar dándole al gobernador Melella una ley con la que pueda resolver, digamos, ese compromiso que él tomó con su socio político, que es Horacio Catena”, expresó.
Y agregó: “Acá estamos hablando de acuerdos que tienen que ver con cuestiones políticas, aunque no lo quieran reconocer”.
Estas afirmaciones forman parte de la interpretación política de la parlamentaria sobre el origen y los objetivos del proyecto.
Gracianía insistió en que la aprobación de una norma con efectos sobre la recaudación y la distribución futura de recursos requiere un análisis integral de las finanzas provinciales.
El lunes, una definición sobre el trámite de urgencia
La convocatoria a la sesión especial del próximo lunes 2 de noviembre, a las 14 horas, aparece como una instancia determinante para establecer si la Legislatura consigue reunir los votos necesarios para retirar el trámite de urgencia al proyecto de financiamiento educativo.
Desde La Libertad Avanza sostienen que la iniciativa debe debatirse junto con el Presupuesto 2027, mientras que los sectores que acompañan el dictamen favorable avanzaron con el tratamiento legislativo de la propuesta.
Gracianía dejó en claro que su bloque no acompañó el dictamen y que continuará cuestionando tanto los mecanismos de financiamiento como el impacto real que tendrían los recursos previstos.
De esta manera, el debate legislativo ingresa en una etapa decisiva, atravesada por las demandas salariales docentes, las necesidades de infraestructura escolar y las diferencias políticas respecto de cómo financiar el sistema educativo provincial.
