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La secretaria de Hidrocarburos de Tierra del Fuego, Julieta Balderramas, explicó cuál fue concretamente la intervención provincial en la operación de despacho de crudo realizada desde la terminal marítima de Río Cullen, luego de conocerse que el buque que posteriormente recaló en el Puerto de Ushuaia enarbolaba pabellón del Reino Unido. La funcionaria aseguró que la Provincia fiscaliza los volúmenes de hidrocarburos producidos y exportados, pero no interviene en la autorización de navegación, bandera, registro ni documentación marítima de las embarcaciones, competencias que corresponden a organismos nacionales. Ante lo sucedido, el Ministerio de Energía ya trabaja en nuevas medidas para reforzar los mecanismos provinciales de protección de los recursos hidrocarburíferos frente a operaciones vinculadas con buques británicos.

Río Grande, 25 de agosto de 2026.- La controversia generada por la operación de un buque petrolero con pabellón del Reino Unido en Tierra del Fuego sumó una explicación oficial respecto del papel que desempeñó la Provincia durante el despacho de crudo efectuado previamente desde la terminal marítima de Río Cullen.

La secretaria de Hidrocarburos, Julieta Balderramas, precisó que la intervención de los fiscalizadores provinciales se limita específicamente al control de los hidrocarburos producidos en territorio fueguino, la medición de los volúmenes que serán exportados y la correspondiente certificación de origen.

En cambio, aclaró que la Provincia no tiene competencia sobre las autorizaciones de navegación ni sobre el control de la documentación, registro, procedencia o bandera de los buques que participan de esas operaciones.

La aclaración adquiere particular relevancia luego de conocerse que el petrolero que cargó crudo en Río Cullen y posteriormente operó en el Puerto de Ushuaia navegaba bajo pabellón británico, situación que generó fuertes cuestionamientos políticos vinculados con la soberanía argentina en el Atlántico Sur.

Qué controla la Provincia en Río Cullen

Balderramas explicó que la carga del crudo se efectúa mediante una monoboya instalada en el mar, en inmediaciones de la costa y dentro del área hidrocarburífera concesionada.

La participación del personal de la Secretaría de Hidrocarburos se desarrolla desde tierra.

“Nuestra intervención está vinculada a la certificación en origen de los volúmenes de crudo que se exportan: participamos de la medición de los tanques de almacenamiento y de la liquidación de los volúmenes que efectivamente se van a exportar, para certificar el origen de la mercadería”, detalló.

Inmediatamente estableció el límite de las atribuciones provinciales: “No intervenimos en la autorización de navegación ni en la documentación propia del buque”.

De esta manera, la funcionaria buscó diferenciar dos instancias que confluyen en una misma operación, pero que corresponden a jurisdicciones distintas: por un lado, el control provincial sobre el hidrocarburo producido en Tierra del Fuego y, por otro, el control nacional sobre las embarcaciones y su navegación.

Qué documentación reciben las autoridades fueguinas

Antes de cada despacho de crudo, las empresas deben presentar ante la Secretaría de Hidrocarburos una serie de documentos relacionados con la mercadería que será exportada.

Entre ellos se encuentra el permiso emitido por Nación que habilita la exportación y una declaración jurada donde se especifican el área hidrocarburífera y la empresa productora, el volumen y la calidad del crudo, la compañía compradora y el destino de la mercadería.

Sobre la base de esa información, la autoridad provincial emite un certificado de origen provisorio.

Es decir que el procedimiento está orientado a establecer qué hidrocarburo sale de Tierra del Fuego, cuánto se exporta, quién lo produjo, quién lo adquiere y cuál es su destino declarado.

La documentación marítima del barco constituye una instancia diferente y no forma parte, según explicó Balderramas, de las atribuciones de la Secretaría provincial.

Los fiscalizadores no suben al petrolero

La Secretaria aportó además un dato relevante para comprender cómo se desarrolla físicamente la fiscalización durante una operación de carga en Río Cullen.

Los agentes provinciales permanecen en tierra.

“Nuestros fiscalizadores participan de las maniobras de carga de buques desde tierra, constatando los volúmenes exportados”, señaló.

Balderramas remarcó que esas tareas “no implican subir a los buques tanque ni participan en las operaciones propias de navegación como el control marítimo de las embarcaciones”.

Durante la transferencia, entonces, la función provincial consiste en verificar los volúmenes de crudo que salen desde las instalaciones terrestres y son efectivamente cargados al petrolero.

Una vez concluida la operación, las empresas presentan la documentación correspondiente al cargamento ante los organismos nacionales competentes y, posteriormente, ante la Secretaría de Hidrocarburos fueguina.

Ese último procedimiento permite completar la certificación definitiva del origen del volumen despachado.

Quién debía controlar la bandera del buque

Uno de los principales interrogantes surgidos después de conocerse el pabellón británico de la embarcación fue precisamente qué autoridad tenía la responsabilidad de conocer y controlar esa información.

Balderramas aseguró que la Secretaría de Hidrocarburos no tiene acceso, dentro de sus procedimientos de fiscalización, a la información relativa a la procedencia de la embarcación, su bandera, registro o documentación marítima.

Esas funciones, afirmó, corresponden a organismos nacionales con competencia sobre navegación y control marítimo.

“Es fundamental aclarar que la Provincia realiza controles con respecto a los hidrocarburos producidos en Tierra del Fuego, mientras que a otros organismos nacionales les corresponde el control de las embarcaciones y la navegación en aguas argentinas”, remarcó.

La explicación delimita así las responsabilidades jurisdiccionales en una operación que, por sus características, involucra simultáneamente competencias provinciales y nacionales.

El caso abre nuevos interrogantes

Más allá de esa división de competencias, lo sucedido encendió una señal de alerta dentro del Gobierno fueguino.

El hecho de que una embarcación bajo pabellón del Reino Unido pudiera intervenir en una operación relacionada con recursos hidrocarburíferos producidos en Tierra del Fuego abrió un debate que excede los procedimientos administrativos habituales.

La sensibilidad del asunto resulta evidente por tratarse de una provincia cuya jurisdicción y construcción institucional están profundamente atravesadas por la Cuestión Malvinas y por la defensa de los derechos soberanos argentinos sobre el Atlántico Sur.

Precisamente por ello, el Ministerio de Energía comenzó a analizar qué herramientas se encuentran al alcance de la Provincia para evitar que situaciones de estas características vuelvan a producirse o, al menos, establecer mecanismos adicionales de advertencia y control dentro de sus propias competencias.

Energía prepara nuevas medidas

El Gobierno provincial confirmó que, a partir de los hechos conocidos, el Ministerio de Energía trabaja en medidas específicas destinadas a reforzar los mecanismos provinciales de protección de los recursos hidrocarburíferos.

Uno de los aspectos que se encuentra bajo análisis es el establecimiento de criterios claros respecto de operaciones, servicios e infraestructura vinculados con la actividad petrolera cuando intervengan embarcaciones que operen bajo pabellón del Reino Unido o de sus territorios dependientes.

Se trata de un punto particularmente relevante porque podría introducir nuevos requisitos o mecanismos provinciales dentro de las competencias que Tierra del Fuego posee sobre sus recursos naturales.

Por el momento, no fueron anticipadas las medidas concretas.

El Ejecutivo informó que serán comunicadas una vez que concluya el análisis jurídico y administrativo actualmente en marcha.

Una discusión que ahora alcanza también a los hidrocarburos

La controversia adquiere así una nueva dimensión.

Lo que inicialmente apareció asociado al ingreso de un buque británico al Puerto de Ushuaia alcanza ahora también a la operación previa realizada en la terminal marítima de Río Cullen y obliga a establecer con precisión qué organismo intervino en cada etapa.

La explicación brindada por Balderramas sostiene que la Provincia controló el petróleo, pero no al petrolero.

Los fiscalizadores fueguinos certificaron el origen y los volúmenes del crudo producido en la provincia, mientras que las autorizaciones y controles vinculados con la embarcación correspondían a organismos nacionales.

Esa delimitación de responsabilidades no cierra, sin embargo, el debate político e institucional.

Por el contrario, lo sucedido llevó al Gobierno fueguino a revisar sus propios procedimientos y analizar nuevas herramientas que permitan incorporar la cuestión soberana dentro de las operaciones vinculadas con los recursos hidrocarburíferos.

La definición de Balderramas sintetiza el punto central del planteo provincial: “La Provincia realiza controles con respecto a los hidrocarburos producidos en Tierra del Fuego, mientras que a otros organismos nacionales les corresponde el control de las embarcaciones y la navegación en aguas argentinas”.

Ahora, a partir del episodio conocido, el desafío será determinar hasta dónde puede avanzar Tierra del Fuego dentro de sus competencias para que el control de sus recursos naturales contemple también las particularidades geopolíticas y soberanas de la provincia.