La empresa presidida por Liu Zhijiang reconoció una deuda por servicios portuarios impagos y firmó un convenio para cancelarla mediante tres cheques electrónicos. Sin embargo, la documentación conocida no permite establecer si los pagos fueron efectivamente acreditados ni qué ocurrió con el dinero tras la intervención nacional del puerto.
Ushuaia, 30 de julio de 2026.– Un convenio firmado entre la Dirección Provincial de Puertos (DPP) y la firma pesquera Prodesur S.A. revela que la empresa reconoció una deuda de 624.224.960,47 pesos por servicios portuarios prestados en el Puerto de Ushuaia y se comprometió a cancelarla mediante un esquema de pagos instrumentado con cheques electrónicos.
El acuerdo fue suscripto el 19 de enero de 2026 por el entonces presidente de la DPP, Roberto Murcia, en representación del organismo provincial, y por Liu Zhijiang, presidente de Prodesur S.A., en representación de la empresa de capitales chinos. El documento constituye un reconocimiento expreso de deuda y establece un compromiso formal de pago.
En la cláusula primera del convenio, la empresa admite expresamente adeudar $624.224.960,47 en concepto de capital por servicios prestados por la Dirección Provincial de Puertos, conforme al detalle de facturas impagas registradas en el Sistema de Gestión Portuaria (SIGEP) hasta el 16 de enero de 2026.
El resumen de cuenta corriente que integra el convenio muestra decenas de facturas emitidas durante 2025 y comienzos de 2026, cuyos importes conformaron el saldo final reclamado por el organismo portuario.
Un plan de pago en tres cheques
El convenio estableció que la cancelación se realizaría mediante tres cheques electrónicos.
El primero debía ser por 200 millones de pesos, con vencimiento el 3 de febrero de 2026. El segundo cheque debía presentarse antes del 4 de febrero y hacerse efectivo el 23 de ese mes, mientras que un tercer instrumento cubriría el saldo restante antes del 10 de marzo de 2026, incluyendo el recálculo de los intereses que correspondieran.
Sin embargo, la copia del convenio y la documentación complementaria conocida hasta el momento no permiten identificar los números de los cheques, la entidad bancaria interviniente, la cuenta receptora ni constancias que acrediten si esos instrumentos fueron efectivamente cobrados.
Qué ocurrió durante la intervención
Los vencimientos pactados coincidieron con un período de transición institucional en el Puerto de Ushuaia.
Para cuando debían hacerse efectivos los pagos, la terminal ya se encontraba bajo la intervención nacional que desplazó a las autoridades provinciales. Esa circunstancia abre un interrogante administrativo que el propio convenio no responde: quién recibió los cheques, en qué cuenta fueron depositados y si la deuda quedó finalmente cancelada.
Hasta el momento, la documentación analizada únicamente acredita la existencia del convenio y el reconocimiento formal de la deuda, pero no permite reconstruir el circuito posterior de los fondos.
Las consecuencias previstas
El convenio también estableció fuertes consecuencias en caso de incumplimiento.
Entre otras medidas, dispuso que si alguno de los cheques era rechazado o no podía hacerse efectivo, el acuerdo caería automáticamente, la totalidad de la deuda sería exigible, Prodesur quedaría en estado de mora e incluso podría ser inhabilitada para operar dentro de las instalaciones portuarias, además de habilitarse el inicio de acciones judiciales para el cobro.
La documentación, por sí sola, no acredita la existencia de una irregularidad. Lo que sí demuestra es que existía una obligación concreta de pago por más de 624 millones de pesos y que el organismo provincial había instrumentado un mecanismo para su cobro.
La etapa que permanece sin respuesta es la posterior: determinar, mediante los cheques electrónicos, los movimientos bancarios y los registros contables de la Dirección Provincial de Puertos, si esos fondos ingresaron efectivamente al organismo y bajo qué autoridad fueron percibidos durante la intervención nacional.
Se puede bajar el convenio en PDF pinchando abajo:
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