La intervención nacional del Puerto de Ushuaia adjudicó a Concret-Nor S.A. el reemplazo de 75 defensas del muelle comercial por US$2.573.156,25 más $1.342 millones. La propuesta superó en un 18,08% el presupuesto oficial y fue la única considerada válida entre cinco oferentes. La constructora ya había participado en obras portuarias contratadas durante la administración provincial de Gustavo Melella. Su presidente, Sebastián Adolfo Galluzzo, estuvo investigado en la causa Cuadernos, aunque la Cámara Federal revocó su procesamiento y dictó la falta de mérito. También surgieron interrogantes sobre la participación de otra firma en los trabajos y sus presuntos vínculos políticos.
Ushuaia, 27 de octubre de 2026.- La adjudicación de una obra millonaria para el recambio de defensas del muelle comercial del Puerto de Ushuaia volvió a colocar bajo análisis las contrataciones vinculadas con una de las principales infraestructuras estratégicas de Tierra del Fuego, actualmente administrada por una intervención nacional.
La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) anunció el 29 de julio la adjudicación de los trabajos para reemplazar 75 defensas del muelle, mediante un procedimiento licitatorio en el que participaron cinco empresas.
La firma seleccionada fue Concret-Nor S.A., cuya propuesta económica ascendió a 2.573.156,25 dólares más 1.342.350.194,42 pesos, una combinación de montos en ambas monedas que representa una inversión significativa en infraestructura portuaria.
Según la información difundida sobre el procedimiento, la oferta se ubicó un 18,08% por encima del presupuesto oficial y fue considerada la única válida y conveniente luego de que las restantes cuatro propuestas fueran desestimadas.
Una adjudicación superior al presupuesto oficial
La Licitación Pública Nº 05/2026 contempló originalmente un presupuesto de 2.302.500 dólares y 959.049.615 pesos.
Sin embargo, la propuesta seleccionada superó esas previsiones, circunstancia que generó cuestionamientos sobre los criterios utilizados para determinar la conveniencia económica de la contratación.
La obra comprende el retiro de las defensas existentes, la provisión e instalación de 75 nuevos dispositivos, la adecuación de sus fijaciones y reparaciones sobre estructuras de hormigón del muelle comercial.
Las defensas cumplen una función fundamental para amortiguar el contacto de las embarcaciones durante las maniobras de atraque y preservar la infraestructura portuaria.
Desde la administración nacional se argumentó que los trabajos permitirán mejorar las condiciones operativas y adecuar las instalaciones a estándares internacionales de seguridad.
El plazo de ejecución previsto en el llamado licitatorio es de 270 días corridos a partir de la firma del acta de inicio.
La diferencia entre la oferta seleccionada y el presupuesto oficial constituye un aspecto relevante para el control administrativo, aunque por sí sola no demuestra la existencia de una irregularidad en el procedimiento.
Concret-Nor ya había sido contratada durante la administración provincial
Uno de los aspectos particulares de la adjudicación es que Concret-Nor registra antecedentes de participación en obras del mismo puerto durante la gestión del gobernador Gustavo Melella.
En 2021, la empresa integró una unión transitoria junto con Panedile Argentina y Nakon Sur para desarrollar trabajos de ampliación del muelle comercial.
Aquella contratación se concretó durante la administración provincial, cuando Roberto Murcia se encontraba al frente de la Dirección Provincial de Puertos.
De esta manera, la constructora vuelve a participar en una intervención sobre la infraestructura portuaria de Ushuaia, aunque esta vez contratada por las autoridades nacionales que asumieron su administración.
La circunstancia adquiere relevancia institucional porque la Provincia y la Nación mantienen posiciones enfrentadas respecto del control del puerto, la utilización de sus recursos y las decisiones adoptadas durante la intervención.
No obstante, la existencia de contratos con administraciones de distinto signo político no constituye, por sí misma, evidencia de favoritismo o de irregularidades.
Los antecedentes judiciales de Sebastián Galluzzo
Al frente de Concret-Nor aparece el empresario Sebastián Adolfo Galluzzo, cuyo nombre estuvo vinculado con la investigación judicial conocida como causa Cuadernos.
En el marco de ese expediente, Galluzzo fue inicialmente procesado por 15 presuntos hechos de cohecho activo.
Sin embargo, en octubre de 2019, la Cámara Federal revocó aquella resolución y dictó la falta de mérito, al considerar que no existían elementos suficientes para mantener el procesamiento en esa instancia.
La falta de mérito no equivale a una condena ni constituye una declaración definitiva de responsabilidad penal. Tampoco supone necesariamente un sobreseimiento.
En los antecedentes examinados no se registra una condena contra Galluzzo por esos hechos.
Esta distinción resulta fundamental para contextualizar su situación judicial y evitar que su participación en una investigación anterior sea presentada como prueba de responsabilidad penal.
El empresario también registra vinculaciones societarias con otras firmas, entre ellas Golden-Nor y Rutas Sur Atlántico, relacionadas con actividades de infraestructura y concesiones.
Interrogantes sobre la participación de Logística JR
Otro aspecto que surge de la información sobre la operatoria portuaria es la posible intervención de Logística JR SRL, señalada como prestadora de un equipo manipulador utilizado para la colocación de las defensas.
Según los datos aportados, la firma tendría como gerente a una persona de apellido Chanampa, a quien se atribuye cercanía con el gobernador Gustavo Melella.
Sin embargo, no se cuenta con documentación pública suficiente que permita establecer el carácter de esa relación personal o política.
Tampoco se dispone de elementos contractuales que permitan precisar si Logística JR participa como subcontratista, prestadora de servicios o mediante otro tipo de acuerdo comercial con la empresa adjudicataria.
Por lo tanto, permanecen pendientes de esclarecimiento las condiciones económicas y administrativas de su eventual intervención en los trabajos.
La existencia de una relación comercial entre empresas o de vínculos personales atribuidos a sus representantes no permite concluir, sin documentación adicional, que haya existido una contratación irregular.
Nación y Provincia mantienen sus diferencias por el puerto
La adjudicación se produce en medio del enfrentamiento institucional entre el Gobierno nacional y la administración provincial por el control del Puerto de Ushuaia.
El gobernador Gustavo Melella viene reclamando la restitución de las instalaciones a la órbita provincial, mientras que desde la intervención nacional se sostiene la necesidad de ejecutar obras destinadas a mejorar las condiciones operativas y de seguridad.
Por su parte, el expresidente de la Dirección Provincial de Puertos, Roberto Murcia, formuló cuestionamientos sobre los costos y los procedimientos de contratación impulsados por los interventores.
En ese escenario, la nueva adjudicación presenta una particularidad: la empresa seleccionada por Nación ya había participado en contrataciones efectuadas durante la gestión provincial.
La coincidencia permite reconstruir la continuidad de determinados actores empresariales en la actividad portuaria fueguina, pese a los cambios en la administración de las instalaciones.
Los cuestionamientos de los trabajadores portuarios
Las obras también fueron objeto de observaciones por parte de trabajadores y sectores vinculados con la actividad portuaria.
Entre las preocupaciones planteadas se encuentran las características técnicas de los trabajos, los procedimientos utilizados y la planificación de las intervenciones sobre el muelle comercial.
El desarrollo de las tareas durante la temporada de cruceros constituye otro aspecto de interés, debido al volumen de embarcaciones que utilizan las instalaciones y a la necesidad de garantizar la seguridad de las operaciones.
Hasta el momento, en la información examinada no aparecen cuestionamientos específicos de la ministra provincial Gabriela Castillo ni de las organizaciones gremiales portuarias dirigidos a los antecedentes comerciales de Concret-Nor con la administración provincial.
Esta ausencia de declaraciones identificadas no permite establecer cuál es la posición de esos actores respecto de las relaciones empresariales mencionadas.
Contrataciones documentadas e interrogantes pendientes
La nueva adjudicación confirma la continuidad de Concret-Nor en proyectos de infraestructura vinculados con el Puerto de Ushuaia, primero mediante su participación en una contratación provincial y posteriormente como adjudicataria de una obra impulsada por la intervención nacional.
Los montos de la licitación, la diferencia respecto del presupuesto oficial y la participación de cinco oferentes constituyen elementos relevantes para evaluar el procedimiento administrativo.
En cambio, la relación contractual de Logística JR con la adjudicataria y los vínculos políticos atribuidos a su gerente requieren documentación adicional antes de poder establecer conclusiones.
En un escenario marcado por las diferencias entre Nación y Provincia, la transparencia de las contrataciones, la publicación de los antecedentes administrativos y la posibilidad de verificar las condiciones de ejecución de las obras adquieren especial importancia.
Mientras continúa la controversia por la administración del Puerto de Ushuaia, los trabajos de infraestructura avanzan con la participación de una empresa que ya contaba con antecedentes comerciales en la actividad portuaria fueguina.
