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Tras los dichos del gobernador Gustavo Melella sobre el envío de un proyecto vinculado al régimen de los llamados “policías territoriales”, una asociación de familiares salió al cruce con fuertes críticas, planteando dudas sobre el alcance de la iniciativa y denunciando una vulneración de derechos que se arrastra desde hace décadas.

Río Grande.- En un duro pronunciamiento público, la Asociación de Esposas de Policías del Territorio y la Provincia, junto a pensionadas, hijos y familiares, cuestionó el anuncio realizado por el mandatario provincial respecto del envío de un proyecto de ley orientado a regular la situación de los denominados “policías territoriales”.

El planteo inicial apunta a una contradicción de origen: según señalaron, el propio Gobernador habría reconocido que existiría apenas un efectivo en actividad bajo esa condición, lo que —a criterio de la entidad— torna “llamativo” el impulso de un esquema normativo de tal envergadura para abordar una situación que sería, en los hechos, prácticamente inexistente.

Una problemática “compleja” y responsabilidades políticas

Desde la asociación también pusieron el foco en las declaraciones oficiales que califican el tema como “complejo” y “engorroso”, vinculándolo a una Caja previsional “quebrada desde hace años”. En ese marco, plantearon interrogantes directos sobre la responsabilidad del Poder Ejecutivo en el deterioro del sistema.

“Si este escenario era conocido, ¿por qué no se adoptaron oportunamente las medidas necesarias ni se designaron autoridades idóneas para evitar esta situación?”, cuestionaron, recordando que tanto la conducción del organismo previsional como la estructura policial dependen, en última instancia, de decisiones políticas.

Aportes, derechos y una situación crítica

El documento reconoce que los llamados policías territoriales atraviesan una situación crítica, pero advierte que dicha condición no es producto del azar, sino de decisiones adoptadas a lo largo del tiempo.

En ese sentido, denuncian que los efectivos afectados realizaron durante décadas aportes previsionales equivalentes a los del resto del personal policial, tanto al sistema federal como al provincial, en el marco del convenio Nación–Provincia de 1994.

Según detallaron, durante más de 35 años estos trabajadores aportaron aproximadamente un 25% de sus haberes —sumando ambos sistemas—, porcentaje que actualmente se ubica en torno al 16%. Sin embargo, sostienen que al momento de reconocer los beneficios, “la provincia no cumple con la parte que le corresponde”.

El debate sobre el “doble beneficio”

Otro de los puntos cuestionados es la mención oficial a un supuesto “doble beneficio”. Desde la asociación rechazaron esa interpretación y la calificaron como incorrecta.

“Un doble beneficio implicaría que una misma Caja abone dos prestaciones por un único aporte, lo cual no es el caso”, aclararon, subrayando que los efectivos realizaron contribuciones a dos sistemas distintos, por lo que cada uno debería responder en proporción a los aportes realizados.

Interrogantes sobre el proyecto y reclamo de definiciones

Frente al anuncio del nuevo proyecto, la entidad planteó dudas de fondo sobre su contenido. En particular, advirtió sobre la posibilidad de que la iniciativa implique el desconocimiento de derechos adquiridos por quienes prestaron servicio desde la época del territorio.

En esa línea, formularon un interrogante clave: en caso de que no se reconozcan esos derechos, ¿de qué manera se prevé la devolución de los aportes realizados durante más de tres décadas?

“De lo contrario, estaríamos ante una situación difícil de explicar: durante años se garantizaron descuentos obligatorios, pero no el cumplimiento de las obligaciones al momento de reconocer los derechos”, sostuvieron.

Prioridades en discusión

El comunicado también introduce una crítica política más amplia, al señalar una aparente contradicción en la asignación de recursos y prioridades del Ejecutivo provincial.

Mientras se avanza —según remarcaron— en iniciativas como la reforma constitucional, cuestionan la falta de respuestas concretas frente a obligaciones vigentes vinculadas a derechos previsionales.

Un reclamo con historia

Finalmente, desde la asociación remarcaron el rol histórico de los policías territoriales en la conformación de la actual institución policial provincial, destacando que se trata de trabajadores que fueron “pilares fundamentales” en su construcción.

En ese contexto, denunciaron que hoy se encuentran “ignorados, desprotegidos y relegados”, y reclamaron una respuesta clara por parte del Gobierno, así como la concreción de una reunión solicitada en reiteradas oportunidades y que, aseguran, aún no ha sido concedida.