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El Dr. Raúl Paderne, contratado por la Dirección Provincial de Energía para intervenir en la causa de robo y contrabando de cables de cobre ocurrido en 2012, afirmó que las pruebas eran contundentes y, tras la condena penal a los implicados, elaborará un dictamen a fin de que sirva de base para la acción civil. Los responsables directos no son “insolventes” y estimó que el dinero podría recuperarse. En su momento había un valor estimado de 700 mil dólares del material sustraído de un depósito de Vialidad, y consideró que la Aduana también deberá responder por la forma irregular en la que fue sacado el producto del robo de la provincia, con la complicidad de dos empleados que recibieron condenas en suspenso.

Río Grande.- El Dr. Raúl Paderne, abogado penalista de la capital fueguina, dio detalles sobre la condena por el robo y contrabando de materiales de la Dirección Provincial de Energía en 2012, durante la gestión de Fabiana Ríos. El fallo se conoció este martes y “la causa inició cuando estaba Saldivia como presidente de la DPE. Él me contrató luego del robo y contrabando de 14 bobinas de cables de cobre. Esas bobinas son inmensas y se requirieron de dos camiones para llevárselas. El cable de cobre es muy valioso y estamos hablando solamente en cables de una cifra que ronda los 700 mil dólares. Fue una sustracción importantísima y fue absolutamente inexplicable que se hayan podido contrabandear”, dijo a Radio Universidad 93.5 y Provincia 23.

En este punto dio a conocer la complicidad de varios implicados en el hecho, por un lado los que robaron el material del playón de la Dirección de Vialidad Nacional, donde estaban depositados, más la cadena responsable de la salida, para terminar reduciendo el material en el conurbano bonaerense. “Los carreteles tienen casi dos metros de diámetro y era imposible que esto no se viera. La maniobra estuvo pergeñada para eludir el control de la Dirección de Vialidad. Dijeron que eran empleados de la DPE y aprovecharon que se trataba de instituciones distintas. La sustracción se hizo en dos oportunidades distintas, lo mismo el contrabando”, indicó.

El Dr. Raúl Paderne, abogado penalista de la capital fueguina, dio detalles sobre la condena por el robo y contrabando de materiales de la Dirección Provincial de Energía en 2012, durante la gestión de Fabiana Ríos.

“Ese material fue sacado de Tierra del Fuego y lo declararon como chatarra, a nombre de una empresa de la cual habían sustraído remitos. Se los llevaron en blanco y los llenaron en las oficinas de la despachante de aduana Susana Sanabria, según lo reconocido por Elohim Millán Martínez, un auxiliar que también salió condenado. Rellenaron los remitos diciendo que se trataba de chatarra de una empresa, que no tenía noticia de que le habían robado los remitos. Cuando declaró en el juicio, el responsable de la empresa dijo que nunca descartaba elementos fuera de la provincia. El empresario Andrés Márquez fue quien llevaba los remitos a la despachante, y hubo una persona que quedó prófuga y no se presentó a juicio, pero en algún momento va a caer. Márquez llevó los remitos en blanco, se rellenaron en el despacho de Sanabria, y toda la situación se hizo insostenible en juicio, ante la evidencia de una confabulación concreta para contrabandear estos elementos”, subrayó.

“Esto fue posible porque hubo dos empleados de la Aduana que lo permitieron, Tomás Luna y Eduardo Amari. Hubo condenas para Márquez, para Susana Sanabria como titular del despacho de Aduana, su adláter Millán Martínez que era su auxiliar, una persona de Ushuaia que se llama Norberto Galindo Díaz. Él tenía un camioncito -usado para el transporte- y fue condenado como partícipe.

Específicamente de la Aduana de Río Grande condenaron a Tomás Luna a dos años de prisión en suspenso más inhabilitación para ejercer el cargo, y a Eduardo Amari. Fue absuelto Julio César Achával, a mi criterio con acierto, porque entiendo que no tenía nada que ver y de hecho pedí su absolución”, señaló.

Cabe recordar que Achával fue luego despedido de la Aduana y afirmó que lo echaron “por ser honesto”, tras plantear maniobras fraudulentas para sacar automóviles con documentación falsa, en una causa vinculada con el trámite de liberación adulterado de una Toyota Hilux a nombre de Leandro Báez.

“Toda esta situación fue pergeñada a partir de Márquez, con la participación necesaria de Sanabria como coautora. Cuando tengamos los fundamentos de la sentencia lo vamos a poder precisar mejor, pero la condena fue tanto a Márquez por organizar la sustracción de las bobinas como para Sanabria para tramitar el despacho. Los demás son partícipes secundarios”, diferenció.

“Según la declaración de Sanabria en juicio, Márquez había sido cliente de su estudio y claramente se conocían de antes. Es un comerciante de afuera, que no era conocido en la isla, pero ya había hecho otra exportación con Sanabria”, expuso sobre la relación de los principales responsables.

El material robado fue reducido en el conurbano: “Hasta allí se pudo seguir el rastro y entiendo que han derretido los cables para poder comercializar el cobre”, barajó el letrado.

Aduana bajo sospecha

Cabe señalar que los empleados aduaneros condenados no fueron expulsados de la institución todavía. “La pena los inhabilita a ejercitar el comercio por seis meses y no pueden desempeñarse como funcionarios por el doble de tiempo de la pena, que fue de dos años en suspenso.

El veredicto se conoció en la mañana del martes y los fundamentos de la sentencia se van a leer la semana que viene. Esto va a llevar su proceso y la propia Aduana tiene las herramientas para suspenderlos. Hay un sumario administrativo iniciado que estaba a resultas de la causa penal, y ya se han conocido los resultados. Imagino que en muy corto plazo estarán fuera de la Aduana, pero no lo puedo afirmar ni sé si están trabajando todavía. Podría caber una suspensión preventiva, pero son resortes de la Aduana, para la cual este juicio también tiene consecuencias”, advirtió.

Agregó que durante el juicio “se citó a un abogado de Córdoba que hizo el sumario de Aduana y a mi criterio las explicaciones del sumario fueron bastante flojas, con características poco felices”.

Las condenas

Haciendo un detalle de las condenas, precisó que “Márquez fue hallado penalmente responsable como autor material del delito de contrabando calificado por el concurso de más de tres personas. Le dieron 7 años de condena de cumplimiento efectivo. A Susana Mabel Sanabria la condenaron como autora material de contrabando agravado y le dieron 6 años de prisión de cumplimiento efectivo. A Norberto Galindo Díaz le dieron 3 años de prisión en suspenso. A Elohim Guillén Martínez le dieron 2 años y medio de cumplimiento en suspenso. A Tomás Luna le dieron 2 años de prisión de cumplimiento en suspenso y también a Eduardo Amari”.

La acción civil

El martes próximo se analizarán los fundamentos de la sentencia y “claramente todas estas personas son responsables del perjuicio económico que le causaron a la Dirección Provincial de Energía”, señaló Paderne.

“Además hay responsabilidades subsidiarias, porque la Aduana también es responsable de lo que pasó. En una primera interpretación diría que tendrá que responder por lo que pasó y la DPE entiendo que va a ejercer la acción civil referida a esta condena”, avizoró.

Consultado sobre la responsabilidad de Vialidad Nacional, dado que los materiales estaban en su predio, dijo que “quien dio el aviso de lo que estaba pasando fue un contratista de nacionalidad boliviana de la DPE, que estaba haciendo una zanja cerca del lugar, y vio que estaban cargando esos carretes enormes. Él llamó por celular al ingeniero de campo de Energía, que estaba pescando porque era un día inhábil. Cuando llegó escuchó el mensaje, y fue inmediatamente al predio, advirtió el robo y realizó la denuncia. Nadie imaginaba que iban a hacer un contrabando con eso y realmente es de una impunidad absoluta, porque la parte física del contrabando requiere evitar controles, y es como contrabandear un elefante. Creo que lo último que pensó la policía en ese momento era que se lo iban a llevar por la Aduana. Cuando no encontraron los materiales acá apareció esa hipótesis, pero fue mucho tiempo después”.

Esos cables se iban a utilizar para llevar energía desde Ushuaia a los centros invernales. “Según explicó la gente de DPE que fueron citados a juicio, es un tipo de cable que solamente sirve para transportar energía. Son caros porque son seguros y cumplen una serie de requisitos específicos”, dijo.

Ahora el primer paso a seguir “es esperar los fundamentos de la sentencia y en mi caso fui contratado para esta actividad, que lleva 11 años. Hubo un gran trabajo del Juzgado Federal de Río Grande en la instrucción. Yo no tengo problemas en criticar a los funcionarios judiciales, pero me saco el sombrero por el trabajo que hizo la Dra. Borruto, que fue impecable. La Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia fue un poco lenta en algunos aspectos del expediente, pero hubo una gran labor de la instrucción en Río Grande. Esto empezó a fines de noviembre del año pasado y fue un juicio de largas jornadas. Otro trabajo impecable fue el de la Dra. María Hermida, la fiscal de juicio. El tribunal de juicio estuvo integrado por el Dr. Quadrini, el Dr. Giménez y la Dra. D’Alessio”, apuntó.

“Entiendo que los defensores irán a la Cámara Federal de Casación, pero me parece que tienen muy pocas probabilidades. El fallo es muy contundente y también lo fue el desarrollo del juicio. Las autoridades de Vialidad no fueron citadas porque entiendo que escapaba a su control, pero sí fue citada la persona que estaba en barrera. En principio eran sospechosos, pero luego fueron apartados de la investigación porque fueron engañados”, afirmó.

“Yo voy a emitir un dictamen desde mi estudio para el presidente actual de la DPE, porque hay que hacer la acción civil. Además, considero que el dinero es recuperable. No estamos hablando de personas que son insolventes sino todo lo contrario, y además hay un ente nacional que tiene responsabilidad. Yo demandaría a todos, porque todos son responsables. El monto involucrado tiene varios ceros e independientemente del tiempo transcurrido hay una razón jurídica incontestable”, concluyó.