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A tres meses de la medida nacional, el funcionamiento sin cambios visibles en la terminal portuaria reaviva cuestionamientos sobre los verdaderos motivos de la intervención. En la Legislatura, el eje del debate se desplazó desde la seguridad hacia el control de los recursos y la autonomía provincial. “El puerto siguió operando con la misma normalidad que tenía antes”, afirmó el legislador Federico Sciurano,

Ushuaia.- A tres meses de la intervención del Puerto de Ushuaia, la discusión sobre la seguridad de la terminal no solo continúa vigente, sino que se consolidó como el principal punto de tensión política entre el Gobierno nacional y las autoridades provinciales. Lejos de disiparse, las dudas en torno a los fundamentos de la medida se profundizan a medida que pasa el tiempo y la operatoria portuaria se mantiene sin modificaciones sustanciales.

El tema sumó un nuevo capítulo en la Legislatura provincial durante la última reunión de comisión, que contó con la participación de autoridades, trabajadores del sector, representantes del Tribunal de Cuentas y de la Fiscalía de Estado. En ese ámbito, los representantes de La Libertad Avanza defendieron la intervención y sostuvieron que la decisión respondió a supuestas falencias en materia de seguridad. Según explicaron, el puerto será devuelto a la órbita provincial una vez que la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) logre subsanar esas deficiencias.

Sin embargo, esa postura encontró un fuerte contrapunto por parte del legislador de FORJA, Federico Sciurano, quien puso en duda la consistencia del argumento oficial a partir de la realidad operativa del puerto desde la intervención.

“El puerto siguió operando con la misma normalidad que tenía antes”, afirmó Sciurano, planteando una de las preguntas centrales que atravesaron el debate: si realmente existían problemas de seguridad que justificaran una intervención de tal magnitud, ¿por qué no se modificó la operatoria?

Funcionamiento sin cambios y cuestionamientos crecientes

Durante la reunión, tanto trabajadores como autoridades portuarias coincidieron en señalar que la actividad se mantuvo sin alteraciones, con los mismos protocolos y condiciones que garantizaban el funcionamiento previo. No se registraron cambios visibles en los estándares operativos ni en las medidas de seguridad implementadas.

En ese sentido, Sciurano reforzó su postura con datos concretos: durante la última temporada de cruceros se registraron más de 400 recaladas sin inconvenientes. “No hubo dificultades ni situaciones que evidenciaran problemas de seguridad. El puerto funcionó exactamente igual”, remarcó.

Estos elementos, lejos de cerrar la discusión, alimentaron nuevas dudas dentro del ámbito legislativo. Para el legislador, la continuidad operativa sin modificaciones sustanciales debilita el argumento de la seguridad como causa principal de la intervención.

Del debate por la seguridad al control de los recursos

A medida que se profundiza el análisis político, el eje de la discusión comenzó a desplazarse. Según planteó Sciurano, la principal diferencia tras la intervención no radica en mejoras en seguridad ni en cambios en el funcionamiento, sino en la administración de los recursos económicos del puerto.

En ese marco, advirtió que el control de la “caja” portuaria pasó de la provincia al Gobierno nacional, un punto que introduce una dimensión política y económica de mayor alcance en el conflicto.

Este aspecto resulta clave para entender el trasfondo del debate: la intervención ya no se discute únicamente en términos técnicos o de seguridad, sino también en relación con la autonomía provincial y la capacidad de gestión sobre un activo estratégico para Tierra del Fuego.

Una pregunta abierta que atraviesa el conflicto

Más allá de las posiciones enfrentadas, el intercambio en la Legislatura dejó planteado un interrogante de fondo que continúa sin una respuesta concluyente: si no hubo modificaciones en los estándares operativos ni en las condiciones de funcionamiento del puerto, ¿cuál fue el alcance real de las supuestas falencias en materia de seguridad?

La falta de claridad en este punto mantiene abierto el conflicto político y alimenta la sospecha de que los motivos de la intervención podrían exceder los argumentos oficiales.

En un contexto donde el Puerto de Ushuaia representa no solo una infraestructura clave para la logística y el turismo antártico, sino también un símbolo de soberanía y desarrollo regional, la discusión sobre su control y gestión promete seguir ocupando el centro de la agenda política fueguina.