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“SEGUIMOS TRABAJANDO PARA DEFENDER A LAS EMPRESAS QUE TODOS LOS DÍAS ABREN SUS PUERTAS”

Así lo marcó el licenciado Alberto Garófalo, representante de CAFIN, para referirse a los 50 años de la puesta en vigencia de la Ley 19640 en la provincia de Tierra del Fuego. Recordó que el boom de la radicación de las industrias se dio a partir de comienzos de los años 80, aunque las primeras llegaron a fines de los ’70.  Asimismo dijo que la primera prorroga a la Ley se dio bajo la gobernación de Eseverry en el año 88 por 15 años. Por otro lado cuestionó que se pretenda ampliar la matriz productiva y a la vez se esté expulsando al sector textil de los beneficios promocionales, recordando que las textiles aportan el 18% del PBI industrial de la provincia”. También valoró el anuncio realizado por la empresa Mirgor para la construcción de un puerto en Río Grande.

Río Grande.- El licenciado Alberto Garófalo, representante de CAFIN, realizó un análisis de lo que ha significado para Tierra del Fuego la Ley 19640 a 50 años de su puesta en vigencia como así también se refirió a la controversia que se generó con las industrias textiles a partir del anuncio de la ampliación del subregimen por parte del Ministro Matías Kulfas en octubre del 2021”.

En diálogo con Radio Universidad 93.5 y Diario Provincia 23 el representante de CAFIN recordó que “me recibí a mediados del año ’76 como Licenciado en Economía, de ahí me fui hacer un posgrado a Milán, Italia, y volví nuevamente al país con mucho entusiasmo por la experiencia y el aprendizaje que había obtenido en ese viaje, por lo cual la idea de irme al interior había estado siempre presente y

Tierra del Fuego con una Ley económica incipiente, que si bien ya existía pero no estaba desarrollada, me pareció un momento ideal para poder aplicar lo que había aprendido y la realidad después demostró que está lejos de la teoría pero no por eso dejo ser una experiencia fascinante”.

Garófalo recordó que cuando llegó al entonces territorio de Tierra del Fuego estaba sucediendo algo curioso que  “era que el gobierno del ex territorio estaba haciendo un esfuerzo por profesionalizar su plantel, era una época en que la totalidad de la planta de personal alcanzaba a los 900 empleados, estoy hablando del año ’78 cuando Ushuaia tenía alrededor de 7200 habitantes”.

Para la época se había construido un “barrio de 22 viviendas previsto para alojar a los profesionales que se iban a ir incorporando a la gobernación, en ese barrio la mayoría fueron médicos que llegaron para trabajar en el hospital, algunos ingenieros, en ese momento se estaba planificando la obra del aeropuerto de Ushuaia y ahí cayó un economista que era yo para incorporarme al Ministerio de Economía, donde tenían armado todo lo que tenía que ver con Hacienda, por lo que me hice cargo de la Dirección de Control de Gestión, eran tiempos en donde el Gobernador era Luis Jorge Arigotti, un Marino retirado, entonces yo me incorporo a la gobernación y para ese momento ya había trabajando gente que posteriormente tuvieron una importante trayectoria en Tierra del Fuego como José Arturo Estabillo, Martín Torres, Adrian D’Antueno, Carlos Manfredotti, que en ese momento estaba en el canal de televisión, somos de esa camada, entonces comienzo ahí y de a poco fui armando lo que posteriormente fue la subsecretaria de Economía, incorporando sectores como industria, comercio, estadísticas, tenía a cargo el Presupuesto y comenzamos a trabajar con Aduana porque había en ese entonces un vacío importante”.

A fines de los ‘70 comenzaron a radicarse las empresas

El representante de CAFIN narró que “las empresas comenzaron a radicarse en el territorio de Tierra del Fuego a fines de los años ’70 y el problema era que no había un mecanismo para que pudieran demostrar  lo que luego se llamó acreditar origen, o sea de qué manera iban a tener acceso a los beneficios, por lo cual la Aduana quería que de alguna manera pudieran demostrar que había cumplido con las exigencias del régimen, ese fue el inicio de la acreditación de origen, fue el inicio de todo y ahí arrancaron con un contexto muy favorable, sobre todo para las empresas electrónicas, cuando estaba cambiando la tecnología de la televisión blanco y negro a la televisión color”.

“Con la llegada del mundial del 78 el entonces territorio de Tierra del Fuego fue el único lugar en el país en el que se trasmitió por primera vez en color los partidos del mundial, se estaban haciendo las primeras pruebas de lo que era la televisión a color”, rememoró.

En esa época en Ushuaia había  instaladas fábricas que ya hoy no existen como “una fábrica de medias, otra fábrica que hacía timbradoras fiscales, luego llegó Panoramic que hacía televisores y también por la misma época, años ’78-79’ aparece el grupo BGH en Río Grande y un poco después Radio Victoria, así fueron llegando atraídas por esta posibilidad de importar insumos sin aranceles y poder enviar la mercadería con origen hacia el continente, sin olvidar que en esa época había aranceles del orden del 180% vigentes en el país, la diferencia era importantísima”.

Asimismo contó que “para comienzos de los ‘80 llega Río Chico a Río Grande, es la época en el que el territorio le aprobaba la radicación luego de presentar un proyecto en donde simplemente se la declaraba de interés territorial, o sea nada que ver con las resoluciones con como se la conocieron posteriormente y esto viene a cuento porque con la prorroga que recientemente se dio, Nación pide una cantidad de documentación para acceder a ella, hay cosas que Nación no sabía que ni existían como estas resoluciones de declaración de interés territorial en donde a la empresa se le exigía que se auto aprovisionara de energía porque no había suficiente en Río Grande, esa era una condición básica y hasta el año 1983 no había participación de Nación en la aprobación de proyectos”.

Cambios a partir del ‘83

El presidente de CAFIN resaltó que “hasta ese entonces todo lo definía el propio territorio, pero en el año ’82 se cumplieron los diez años que establecía la Ley a partir de cuándo se podían introducir modificaciones y en el año 83 ya existía una preocupación de Nación exclusivamente por el tema industrial”.

Si bien Garófalo manifestó que “el subregimen surge como una necesidad, también hay que diferenciarlo del régimen general por dos motivos, uno es como salvaguarda del régimen general porque cuando se empiezan a poner plazos para la vigencia de los beneficios, necesitábamos dejar en claro que la Ley no vencía, sino a lo que se le daba vencimiento era al tratamiento particular que se le daba a las industrias, entonces cada vez había más elementos que permitían diferenciar el funcionamiento de las industrias con respecto al resto del régimen como lo era el comercio u otro tipo de actividad”.

Por este motivo, Nación saca un “par de decretos como lo son el 1057 y el 2530, estamos hablando de 1983, donde luego de una inspección que realizan a las plantas de Tierra del Fuego para establecer cuales estaban en funcionamiento e iban a quedar incorporadas al régimen, y a su vez la dividen en prioritarias y no prioritarias, entendiendo como prioritarias aquellas que no competían con el continente y no prioritarias aquellas que si competían con el continente, y cuando no las primeras en las listas habían sido las textiles y confeccionistas, por lo cual se establece un mecanismo  a partir del que el acceso a los beneficios era distinto, esto lo pudimos zanjar recién en el año ’88, pero en esos primeros decretos se establece una consulta previa y obligatoria a la secretaría de Industria de Nación, o sea si esa consulta previa no estaba aprobada por Nación, no se podía presentar al territorio, entonces a partir de esa época aparecen los proyectos que tienen una doble autorización, la consulta previa a Nación primero, y el proyecto definitivo que le firmaba el Ministro de Economía del Territorio posteriormente”.

Por lo cual “a partir del año 1983 Nación comienza a tener intervención con el decreto 1057, fue coincidente con el advenimiento de la democracia, a partir de ahí se integro la comisión del área aduanera y se conformó a partir de lo que establecía el decreto reglamentario y se cumplió con eso”.

Comienzo de los ‘80 fue el boom de las radicaciones de las industrias

Garófalo resaltó que “el boom de las radicaciones de las industrias fue desde el año ’82-83 hasta el ’89, dado que en ese año se cierra el régimen, no se pudieron presentar nuevos proyectos hasta la apertura parcial que se hace en el año 2003 con el decreto 490, o sea entre el ’89 y 2003 no hubo posibilidades de radicar nuevos proyectos”.

En el ’89 cuando se cierra el régimen había “180 proyectos, de los cuales alrededor de 85 estaban en funcionamiento, mientras que el resto de los proyectos los agarró el cierre antes de ponerse en marcha, algunos se pusieron en marcha posteriormente y otros no se pusieron en marcha nunca”.

Sin modificaciones a la Ley al pasar de Territorio a Provincia

Por otro destacó que la Ley no sufrió “modificaciones cuando pasamos a ser provincia  porque se siguió trabajando de la misma manera, siguió estando el día a día a cargo de la Dirección de Industria Provincial, la comisión del área siguió actuando como antes, así que en ese sentido no hubo modificaciones, pero las modificaciones sucesivas se dieron por los plazos que se fueron prorrogando antes del vencimiento, en el año ’88 conseguimos una prorroga, antes del vencimiento de los 10 años del 1057, donde se consigue una prorroga por los 15 años, en el 2003 conseguimos una prorroga posterior de 10 años”.

El pase de territorio a provincia no “agilizó el tema de las radicaciones de las industrias porque no dependía de eso, cuando el territorio pasa a ser provincia, el régimen estaba cerrado, recién en el año 1995 conseguimos el decreto 479 que es el de sustitución, el que nos permitió sustituir, como el régimen estaba cerrado, entonces el planteo que hicimos era que  por lo menos se le diera la posibilidad a las empresas existentes que pudieran actualizarse, aggiornarse, sea tanto por cuestiones tecnológicas como de moda, o sea los proyectos eran tan específicos que nosotros por ese tema perdimos una fábrica textil que se llamaba Dicosur”.

Con Eseverry como Gobernador se consiguió la primera ampliación del subrégimen

Recordó que “bajo la gobernación de Eseverry que fue el último gobernador del territorio, se pudo conseguir durante el año 88 la primera prorroga por 15 años con los decretos 1139 y 345 y a partir de esos decretos se le dio mayor participación al territorio todavía en la decisión sobre lo que sucedía con la industria, donde se avanza con la necesaria participación y la intervención de la comisión del área con una importante cantidad de temas para el funcionamiento”.

Los Galpones que no llegaron a ser tal

Por otro lado, Garófalo recordó aquellos momentos malos en donde se dejó una mancha negra sobre el régimen con la aparición de los galpones que no llegaron a ser tal.

“Realmente fue un tema en el que se tuvo que trabajar y defender mucho el subregimen, pero también hubo toda una construcción mediática sobre este escándalo y la realidad era que se configuraba el fraude en Tierra del Fuego, pero quienes lo hacían no eran empresas fueguinas, era la época de Eseverry, hicimos una profunda investigación, detectamos empresas, sobre todo de Bahía Blanca, exportaban galpones y grupos electrógenos a Tierra del Fuego que tenían un reembolso cuando iban a la isla extraordinario del 35%, entonces el negocio era cobrar el reembolso y no instalar los galpones”.

En este sentido dijo que “llevaron tantos galpones que llegó un momento que lo único que viajaba eran los papales, no los galpones, acá hay una historia en la cual era evidente que a los galpones nadie los armaba y estábamos con el Gobernador Eseverry sobre un helicóptero volando sobre Río Grande y veíamos desde arriba cosas que brillaban, entonces Eseverry presta atención y se pregunta qué era lo que brillaba y eran las chapas de los galpones que nadie armaba y nadie reclamaba, y detrás de esto está el asunto del cobro del reembolso, por lo cual el Gobernador realiza la primera denuncia concreta, fue a Buenos Aires, lo habló con el Presidente Alfonsín, quién lo mandó a hablar a la secretaría de Inteligencia y dejar radicada la denuncia frente a la Aduana de este ilícito, por eso cuando sale a la luz este tema, teníamos todas las pruebas en la mano de quien había realizado la denuncia, de donde provenían los galpones, y el escándalo se silenció porque estábamos indicando quienes eran los culpables, algunos fueron presos, igualmente quedó una mancha en Tierra del Fuego con los galpones, pero la mancha no era de Tierra del Fuego sino de un par de ‘vivos’ que se aprovecharon del régimen fueguino y con eso lo que hicieron fue que los reembolsos desaparecieran”.

También dijo que “el reembolso máximo era del 35% que era justamente para los galpones y grupos electrógenos, después había reembolsos del 25%, del 20%,  con lo cual era muy atractivos llevar cosas a la isla”.

Apoderado de CAFIN

Garófalo también recordó sus comienzos en CAFIN al señalar que “eso fue después de que me fui de la gobernación, me voy en el  año 2000, a partir de ahí estaba trabajando por mi cuenta, entonces me busca un grupo de industriales para armar esta Cámara, que si bien estaba armada, no estaba en funcionamiento, entonces a partir de ahí comienzo a trabajar con ellos y hasta el día de hoy estamos trabajando para defender a las empresas que todos los días abren sus puertas”.

Lo asteriscos que dejó la ampliación del subregimen

Cabe remarcar que dentro de CAFIN hay empresas textiles, pesqueras, plásticas y algunas electrónicas, pero el “tema fuerte son las textiles”, dijo, al tiempo que agregó que “la situación de las textiles tras la prórroga del subregimen del año 2021 con respecto a las industrias es una situación anómala, es una discriminación que no tiene fundamentos, estamos esperanzados en que esto se pueda revertir, nosotros tenemos una audiencia ahora con el secretario Ariel Schale, en principio iba a ser hoy lunes de 16 de mayo y nos la postergaron para el próximo lunes, y ahí enunciaremos lo que vagamente expresa el artículo segundo del decreto 727, donde habla de que se pueden establecer plazos plurianuales después de que la autoridad de aplicación corrobore una serie de elementos y que nosotros entendemos que debe ser en las mismas condiciones que el resto de los rubros porque así lo expresa el propio artículo 32 de la Ley”.

“Si bien nos dijeron que éramos alarmistas pero la realidad nos dio la razón. Esos sectores han influido de tal manera que desde el dictado del decreto 727 ya quedaron afuera y esta reglamentación no las alcanza”, dijo.

“Ninguna de las textiles puede adherir porque el decreto 727 dice en su artículo primero quiénes son las empresas que pueden adherir a la prórroga y bajo qué condiciones, y el artículo segundo excluye taxativamente a los proyectos que nunca iniciaron actividad y a las actividades comprendidas en el capítulo 11 de la nomenclatura del Mercosur, que son justamente textiles y confeccionistas. Para las confeccionistas dice que la autoridad de aplicación podrá establecer plazos plurianuales, pero no dice por cuántos años, una vez que se compruebe el efectivo cumplimiento del régimen de la 19.640. Nos parece algo puesto de apuro, porque permanentemente ha verificado el cumplimiento la autoridad de aplicación, que forma parte de la comisión del área aduanera especial. Como argumento para discriminar a las textiles, es un tanto pobre”, consideró.

“La reglamentación tampoco incluyó a las textiles y, de forma extraoficial, se dice que van a ser convocadas próximamente a discutir las condiciones para que se les otorgue un plazo plurianual, que no sabemos de cuánto es, porque pueden ser dos, tres, cuatro años y seguramente no van a ser 15, porque si no hubieran sido incluidas en el artículo primero del decreto”, barajó.

Plazos selectivos

Garófalo alertó sobre “un punto que se va a poner complicado, porque aparentemente la intención de la autoridad de aplicación es convocar a las empresas de a una, no a las cámaras, para ver en qué condiciones se les puede otorgar el plazo. Imagino que ahí les pedirán condiciones de inversión, de ocupación, de producción, y me llama la atención porque condicionarlas a seguir si invierten más no parece muy razonable. Están todas bajo el mismo régimen, con los mismos beneficios, y todas cumplieron con las mismas exigencias de proceso”, afirmó.

“El Ejecutivo tiene potestad para tomar la decisión de excluir a las textiles porque el artículo 32 de la ley dice que, una vez que transcurrieron diez años, el Ejecutivo puede hacer de todo, bajar aranceles, aumentar aranceles, pero dice que esto será así según convenga al desarrollo de la zona promovida. Yo no veo cómo va a aumentar el desarrollo económico si expulsan empresas”, criticó.

“En otro punto dice que lo puede hacer para determinada actividad o conjunto de mercadería. Evidentemente cuando se excluye a la sección 11, fueron por las que tienen productos finales de textiles y confeccionistas. Esto de suponer que a una empresa se le van a dar dos años, a otra cuatro y a otra ninguno, es un tema a estudiar. Por ahora no tenemos ninguna precisión porque no hay ninguna comunicación oficial”, aclaró.

“Hoy las textiles tienen sus beneficios garantizados hasta el 31 de diciembre de 2023, y esperamos que en los próximos días empiecen a convocar a las empresas para ver en qué condiciones pueden continuar. Yo creo que el plazo debería ser igual para todas”, sostuvo.

Lo cierto es que con un horizonte de un año y medio, no se puede pensar en inversiones de las textiles. “Justamente no hay nuevas inversiones por esta razón. Para invertir el horizonte mínimamente debe ser de tres o cuatro años. A futuro quiero saber qué plazo van a dar para amortizar la inversión que piensan hacer. Espero que no sea más que un amago de pelea por las presiones de las empresas del continente y que esa presión pueda disminuir, pero sabemos por qué está sucediendo esto. Hay cierta incidencia en los precios del mercado nacional con los productos de Tierra del Fuego, por eso odian más a la producción de Tierra del Fuego que a la importación de China y de Pakistán”, aseveró.

“Si el objetivo es ampliar la matriz de Tierra del Fuego, hay que hacerlo sobre una base sólida como la que tiene hoy la provincia, con todas sus industrias funcionando”, sentenció.

Acciones judiciales

Respecto de los rumores de acciones judiciales de parte de las empresas textiles, puso en duda que resulte efectivo. “Se puede habilitar una instancia judicial, pero sabe dios cuánto va a durar. Esto pasa por el diálogo, por que las autoridades nacionales entiendan cuál es la real actividad de las textiles en la provincia. Las textiles que más producen trabajan con insumos que no se fabrican en el país. Son productos que, de no ser fabricados en Tierra del Fuego, llegan al mercado interno por la vía de la importación del producto terminado. Nos vienen martirizando desde hace décadas con que Tierra del Fuego debe aprovisionarse de materia prima nacional, pero hemos demostrado en muchas mesas que se han celebrado que no existe esa materia prima nacional y que eso es inviable. Hay mucho de fábula y hay que compenetrarse con la industria textil en general para ver cuál es la incidencia en Tierra del Fuego”, enfatizó.

“En la cámara tenemos empresas de otros sectores que afortunadamente están pudiendo adherir y todas han expresado su deseo de continuar. Hay muchas dudas en las reglamentaciones, pero reconocemos que la prórroga de 15 años es muy valiosa. Si el fondo, una vez constituido, se ejecuta como está pensado, van a aparecer nuevas inversiones. Todavía no está constituida la cuenta donde se van a depositar los fondos y creo que este proceso se va a acelerar. También falta integrar el comité ejecutivo”, observó.

Sin participación

Por otra parte fue crítico de la falta de participación de los actores interesados. “Yo llevo 44 años en este tema y la primera vez que se da un escenario importante de prórroga al que no pude ni asomarme. La propia provincia dijo que no ha participado de la reglamentación. Nosotros trabajamos con la provincia en los últimos dos años y habíamos acordado una serie de puntos que suponíamos que iban a estar sobre la mesa. Hoy no sabemos si estuvieron y los desecharon, o nunca se discutieron, porque prácticamente nos enteramos por los diarios”, lamentó.

“Hubiéramos querido que se hubiera respetado más la representación orgánica que tienes las cámaras sobre sus afiliados, y eso no ha sucedido. El sector textil está aportando alrededor del 18% del PBI industrial de la isla, y es un número importante. De ahí derivan las tasas de verificación y algo fundamental: el personal de las textiles en general es permanente, no tiene contratos, y la gente tiene 20 años de antigüedad en su mayoría. No es que están pensando en que van a ser reconvertidos para pasar a otro tipo de industria, y esto no es algo sencillo de hacer. Es gente especializada en el sector”, remarcó.

En cuanto a las textiles del continente que podrían estar ejerciendo presión, mencionó que “en el cordón de Buenos Aires el proyecto San Martín siempre fue una referencia en la industria textil. No es lo que era antes, pero en una época el partido San Martín era el corazón de la industria textil. En el gran Buenos Aires está en grueso de las industrias, luego hay una planta en Santiago del Estero, que es una empresa brasileña. Lo que producimos en la provincia va al mercado nacional y básicamente son hilados. Se trae la fibra cruda del exterior y se hila en Tierra del Fuego. Ese mismo hilado continúa el proceso y se teje. En otros procesos se importan hilados y se hacen telas. Luego tenemos la tintorería que tiñe. Las confeccionistas hacen sábanas, acolchados, todo lo que se conoce como ropa blanca. Uno ve la pertenencia de los operarios con sus empresas y creo que eso debe ser valorado. Son 11 empresas y no creo que eso esté perforando nada a nivel nacional. Esperemos que cambie el panorama y que los plazos plurianuales que se otorguen sirvan para renovar inversiones”, deseó.

“Si las condiciones van a ser distintas para cada empresa, no nos parece que se pueda asignar la promoción por nombre y apellido. Si se restringen beneficios, debe ser igual para todos”, concluyó.

Momento crítico de la 19640

Garófalo también se refirió a uno de los momentos más críticos de la 19640 recordando cuando el “entonces Ministro de Economía Domingo Cavallo Tierra del Fuego empezó a pagar el IVA, o sea, se empezó a desmantelar el principal estimulo que tienen las empresas para estar en la isla, se estableció un plazo de cuatro años para que comenzaran a  pagar la totalidad, era 25% por año, al cabo del primer año que efectivamente se pagó se pudo revertir por una decisión política y volver al crédito fiscal presunto que nos dio la posibilidad de poder recuperarlo, esto se dio bajo la gestión del entonces Presidente Menem, fue un momento complicado porque si tenían que pagar la totalidad del IVA nos íbamos a quedar sin fabricas, pero la totalidad de las empresas resistieron”.

Puerto en Río Grande

Finalmente se refirió a los anuncios realizados por la empresa Mirgor para la construcción de un puerto en Río Grande con una inversión de 210 millones de dólares, para lo cual manifestó que “hemos recibido la noticia con mucha alegría, de hecho es una acción que veíamos como viables desde hace muchísimo años, primero por la necesidad imperiosa de que Río Grande cuente con un puerto, y segundo echar mano a que esto fuera realizado con capitales privados, a los que se les otorgue una concesión por un plazo determinado, sin perjuicio de la participación en que todo esto debe tener el estado provincial a controlar y resguardar el interés general, pero es una salida en donde se le da solución no solo al tráfico actual, además de ser crucial para el desarrollo futuro de la región, no se puede pensar en una planta petroquímica pesada sino se cuenta con un puerto”.

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