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El ministro del Superior Tribunal de Justicia, Ernesto “Nené” Löffler, calificó como un cambio “paradigmático” al nuevo régimen de responsabilidad penal juvenil, que permite imputar a adolescentes desde los 14 años. Advirtió que su aplicación en Tierra del Fuego demandará jueces, fiscales, defensores y supervisores especializados, además de establecimientos adecuados para alojar menores. “La ley es muy buena, marca una evolución, pero ¿cómo lo pagamos?”, planteó al reclamar que Nación acompañe la transferencia de nuevas responsabilidades con los recursos correspondientes.

Ushuaia, 9 de septiembre de 2026.- El ministro del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego, doctor Ernesto “Nené” Löffler, analizó la entrada en vigencia del nuevo régimen de responsabilidad penal juvenil y advirtió sobre las importantes modificaciones institucionales, presupuestarias y de infraestructura que deberá realizar la Provincia para cumplir con los estándares establecidos por la nueva legislación.

En declaraciones al programa “Entre Nosotros”, por Radio Provincia, Löffler consideró que la modificación representa “un cambio paradigmático” respecto del régimen anterior, establecido por la Ley 22.278 en 1980, y sostuvo que después de más de cuatro décadas resultaba necesaria una actualización.

Uno de los principales cambios es la modificación de la edad a partir de la cual un adolescente puede ser responsabilizado penalmente.

“Se puede imputar a un menor desde los 14 años y hasta los 18”, explicó el magistrado, quien señaló que el nuevo esquema procura que el adolescente asuma responsabilidad por sus actos, pero al mismo tiempo establece como objetivos centrales su resocialización y recuperación.

Löffler destacó además el trabajo de difusión que se viene realizando sobre la nueva normativa, con charlas desarrolladas tanto en Río Grande como en Ushuaia y actividades destinadas a explicar sus principales alcances.

El desafío de poner en funcionamiento el sistema

Más allá de valorar el contenido de la reforma, el integrante del Superior Tribunal puso el foco en una cuestión que consideró central: cómo implementar efectivamente el régimen en Tierra del Fuego.

“La implementación va a tener un costo financiero. Hay estándares que impone la ley que hay que cumplir y que a la Provincia le van a significar hacer erogaciones”, explicó.

Actualmente, los delitos de esta naturaleza son juzgados mediante tribunales colegiados conformados ad hoc. Con el nuevo esquema, Tierra del Fuego deberá resolver cómo organizar definitivamente esa estructura.

Entre las alternativas mencionadas por Löffler aparecen la posibilidad de contar con un único tribunal para toda la provincia y definir si será unipersonal o colegiado, decisiones que corresponden a la jurisdicción provincial como consecuencia del sistema federal.

Pero la reorganización no termina allí.

Según explicó, será necesario contar con fiscales especializados, defensores de las víctimas, defensores de menores y una nueva figura denominada “supervisor”, que tendrá entre sus funciones realizar el seguimiento de los adolescentes sometidos al régimen penal juvenil y controlar el cumplimiento de las reglas de conducta dispuestas judicialmente.

Ese seguimiento requerirá además la elaboración periódica de informes.

“Todo eso genera gasto y estructura”, sintetizó.

Especialización obligatoria

Otro de los desafíos será la capacitación del personal que intervenga en estos procesos.

Löffler explicó que jueces, fiscales, defensores y supervisores deberán contar con especialización específica en materia penal juvenil.

“Somos una provincia que está complicada en este momento como para andar creando estructuras. Vamos a tener que ver cómo hacemos para readaptar algunas estructuras”, reconoció.

El Superior Tribunal comenzó a analizar precisamente cuánto podría costarle a Tierra del Fuego poner en funcionamiento todos los institutos contemplados en la legislación.

Para Löffler, el Gobierno nacional debería participar en ese financiamiento.

“Nación debería contribuir porque está transfiriendo servicios, poniendo en cabeza de las provincias servicios, y debería transferir los recursos pertinentes para tener esos servicios”, sostuvo.

El alojamiento de los menores, otro problema

Uno de los aspectos más complejos está relacionado con el cumplimiento de las penas privativas de libertad.

El nuevo régimen contempla distintas modalidades, entre ellas prisión domiciliaria y alojamiento en establecimientos especiales abiertos o cerrados, dependiendo de las características y gravedad del delito.

La legislación establece expresamente que los adolescentes no pueden permanecer alojados junto con personas adultas privadas de su libertad.

Esto obligaría a Tierra del Fuego a disponer de instalaciones especialmente preparadas para menores y adaptadas a los estándares exigidos por la normativa.

Löffler señaló además una particularidad constitucional fueguina que agrega complejidad al problema.

Aunque la legislación contempla la posibilidad de celebrar convenios entre provincias o con Nación para trasladar adolescentes a establecimientos especializados existentes en otras jurisdicciones, la Constitución de Tierra del Fuego establece que las personas privadas de su libertad deben cumplir sus penas dentro del territorio provincial.

“Ahí tenemos un escollo constitucional que habría que sortear”, explicó.

Un régimen con diferentes escalas

El ministro del Superior Tribunal detalló que el nuevo esquema contempla distintas respuestas de acuerdo con la gravedad de los delitos y las escalas penales correspondientes.

La pena máxima prevista para adolescentes alcanza los 15 años de prisión.

Además, el régimen amplía las herramientas disponibles respecto de las penas tradicionales y contempla alternativas como amonestaciones, utilización de dispositivos electrónicos y diferentes modalidades de supervisión y cumplimiento.

Löffler explicó también que la legislación otorga una participación relevante a las víctimas, que podrán constituirse como querellantes y, cuando no dispongan de recursos económicos, acceder a asistencia estatal.

Respecto de los progenitores, aclaró que la responsabilidad penal es individual y no puede trasladarse a los familiares del adolescente.

Sin embargo, los padres continuarán teniendo las responsabilidades civiles previstas por la legislación para la reparación de los daños ocasionados.

“La ley es muy buena, pero ¿cómo la pagamos?”

Pese a las dificultades señaladas, Löffler realizó una valoración positiva del espíritu de la reforma.

“La ley es buena, la ley creo que es muy buena, marca una evolución”, afirmó.

Para el magistrado, uno de sus principales avances consiste en colocar el eje sobre la responsabilidad del adolescente que comete un delito y, simultáneamente, trabajar sobre su recuperación.

“Pone el eje en la responsabilidad, que el menor que comete un delito tiene que tomar conciencia de que es responsable. Hay que trabajar en la reeducación, en la inserción laboral, deportiva, cultural, educativa”, enumeró.

Pero inmediatamente volvió sobre el principal interrogante que atraviesa la implementación provincial.

“Todo eso está muy bien, pero ¿cómo lo pagamos?”, preguntó.

La preocupación se relaciona también con la actual situación presupuestaria del Poder Judicial fueguino y las dificultades para atender simultáneamente las necesidades salariales y la creación de nuevas estructuras.

Löffler sostuvo que será necesaria “toda una reingeniería” para cumplir con los estándares establecidos.

Tierra del Fuego también deberá revisar su sistema procesal

La reforma abre además otra discusión de fondo. Löffler señaló que la nueva legislación exige la aplicación de principios correspondientes al sistema acusatorio adversarial, mientras Tierra del Fuego mantiene un sistema procesal mixto, aunque algunos elementos del modelo acusatorio ya se utilizan en determinadas materias.

Esto, según explicó, vuelve necesario avanzar en una reforma integral del Código Procesal Penal provincial.

El magistrado advirtió, sin embargo, que existe una discusión constitucional debido a que la regulación de los procedimientos judiciales corresponde a las provincias.

Recursos y federalismo

La cuestión presupuestaria llevó a Löffler a realizar un análisis más amplio sobre la relación fiscal entre Nación y las provincias.

Recordó que a lo largo de las últimas décadas numerosas responsabilidades que anteriormente estaban bajo la órbita nacional fueron transferidas a las jurisdicciones provinciales, entre ellas áreas vinculadas con educación y salud, sin que, a su entender, esa transferencia haya estado siempre acompañada por los recursos suficientes.

También puso como ejemplo el traspaso de competencias vinculadas al narcomenudeo en distintas provincias.

“Te transfieren la competencia para ese tipo de delito y no te transfieren el recurso para que vos administres justicia”, cuestionó.

Según Löffler, sumar responsabilidades provinciales sin garantizar su correspondiente financiamiento termina generando una tensión sobre el propio funcionamiento del federalismo.

“Nos siguen poniendo responsabilidades sin darnos los recursos y eso es complicado. Desnaturaliza el federalismo”, afirmó.

El régimen ya debe aplicarse

Ante la consulta sobre qué ocurriría actualmente si un adolescente alcanzado por la nueva legislación cometiera un delito en Tierra del Fuego, Löffler fue categórico al señalar que corresponde aplicar el nuevo régimen.

“Hoy debería regirse por este régimen”, indicó. Por esa razón, el Poder Judicial deberá avanzar rápidamente en la adaptación de las estructuras existentes mientras se definen las herramientas institucionales, humanas y presupuestarias necesarias para implementar plenamente el sistema.

El desafío, según dejó planteado el ministro del Superior Tribunal, será transformar los principios contemplados por la legislación en un sistema que pueda funcionar efectivamente en Tierra del Fuego, garantizando simultáneamente la responsabilidad penal juvenil, los derechos de las víctimas y la recuperación de los adolescentes en conflicto con la ley.