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La ministra de Bienestar Ciudadano y Justicia, Lucía Rossi, advirtió sobre el crecimiento sostenido de la demanda social en Tierra del Fuego, particularmente en Río Grande por el impacto de la crisis industrial. Reveló que la Provincia entrega alrededor de 7.000 módulos alimentarios mensuales y acompaña a unos 150 comedores y merenderos. Además, explicó cómo interviene el Estado en los procesos de revinculación familiar y remarcó que las decisiones sobre esos casos corresponden exclusivamente a la Justicia.

Río Grande, 2 de septiembre de 2026.- La ministra de Bienestar Ciudadano y Justicia del Gobierno provincial, Lucía Rossi, trazó un preocupante panorama sobre el incremento de la demanda de asistencia social en Tierra del Fuego y aseguró que actualmente llegan al Estado familias que nunca antes habían necesitado solicitar ayuda.

En una entrevista con Minuto Fueguino, Lucía Rossi abordó inicialmente el trabajo que desarrolla la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia en los procesos de revinculación entre padres e hijos y posteriormente analizó la situación social que atraviesa la provincia, especialmente la zona norte, como consecuencia de la pérdida de puestos laborales y la retracción de distintas actividades económicas.

Revinculaciones: “Las decisiones las toma exclusivamente la Justicia”

Sobre la intervención estatal ante conflictos familiares que requieren procesos de revinculación, Lucía Rossi explicó que el organismo provincial de protección de niños, niñas y adolescentes trabaja articuladamente con los juzgados de Familia.

La Ministra dejó en claro que el organismo provincial acompaña, realiza informes y puede formular sugerencias, pero no es quien determina cómo debe desarrollarse una revinculación.

“Siempre la decisión es de la Justicia, que también dispone las condiciones para las revinculaciones de las familias”, explicó. Esas condiciones pueden incluir tratamientos psicológicos u otro tipo de acompañamientos, por ejemplo ante situaciones de consumo problemático.

Lucía Rossi señaló que no existen plazos uniformes para resolver estos casos, debido a que cada situación presenta características diferentes.

“La revinculación es todo un proceso que culmina con los encuentros, que muchas veces al principio son supervisados, de los progenitores con sus hijos”, explicó.

Los tiempos también pueden depender de tratamientos indicados por profesionales de la salud, la disponibilidad de turnos y el cumplimiento de las medidas dispuestas. “No son casos lineales en los que yo pueda decirte las revinculaciones demoran un mes. Porque no es un trámite administrativo, es un proceso”, enfatizó.

Asimismo, indicó que existen situaciones originadas en desacuerdos entre los propios progenitores y otras en las que interviene directamente el organismo de protección por considerar que los menores pueden encontrarse en riesgo, como ocurre ante episodios de violencia o consumos problemáticos.

El rol de las escuelas y los profesionales

La Ministra destacó también la importancia de las instituciones educativas en la detección de posibles vulneraciones de derechos.

“En los gabinetes de las escuelas es donde muchas veces se detectan situaciones con esas infancias”, explicó, señalando que desde esos ámbitos pueden efectuarse comunicaciones al organismo provincial o directamente a la Justicia.

Dentro del sistema de protección trabajan profesionales especializados, entre ellos psicólogos, trabajadores sociales y operadores capacitados. En determinados casos, el propio organismo acompaña visitas supervisadas, mientras que cuando existe una disposición judicial para realizar tratamientos específicos también se articula con el sistema sanitario.

Lucía Rossi remarcó además que las actuaciones solicitadas por los juzgados se realizan mediante oficios judiciales y tienen plazos determinados que el organismo está obligado a cumplir.

“Nosotros hacemos, en muchos casos, sugerencias respecto a cómo nos parece que hay situaciones que se pueden resolver o que son en beneficio de esos menores. Pero nosotros sugerimos, quien dispone es la Justicia”, subrayó.

Crece la demanda social en Río Grande

En otro tramo de la entrevista, Lucía Rossi puso el foco en el deterioro de la situación económica y social y aseguró que los contextos de crisis profundizan las problemáticas que debe atender diariamente el Ministerio.

La funcionaria señaló particularmente la situación de Río Grande, donde el retroceso de la actividad industrial tiene un efecto directo sobre las economías familiares.

“Hay un gran incremento de necesidad de acompañamiento del Estado en cuanto a asistencia alimentaria, pago de servicios, alquileres y demás”, sostuvo.

Una de las características que más preocupa es la aparición de familias que hasta hace poco tiempo no requerían ningún tipo de asistencia pública.

Lucía Rossi mencionó casos de personas que “nunca habían recibido o solicitado asistencia del Estado” y que ahora recurren al Ministerio luego de perder repentinamente su trabajo o porque, aun manteniendo un ingreso laboral, el dinero ya no alcanza para cubrir sus necesidades.

“Todos los días se incrementa”

Según explicó, el crecimiento de las solicitudes se produce de manera constante, pero puede dispararse abruptamente cuando ocurre un conflicto laboral de magnitud.

“Es día a día y todos los días se incrementa”, afirmó.

Como ejemplos mencionó la situación atravesada por trabajadores de Aires del Sur y el conflicto en Mirgor, donde una contingencia laboral puede generar “de un día para el otro” cientos de nuevas personas que requieren algún tipo de acompañamiento.

La asistencia, aclaró, no se limita a entregar alimentos. También puede implicar gestiones para acceder a espacios terapéuticos ante la angustia provocada por la pérdida del empleo o la articulación con diferentes áreas del Estado.

El impacto se extiende al comercio y la construcción

Lucía Rossi advirtió que la problemática excede al sector industrial.

Según explicó, la paralización de la obra pública nacional repercutió fuertemente sobre los trabajadores de la construcción, mientras que la pérdida de empleos fabriles termina afectando también a comercios, almacenes y otras actividades económicas. “Todo repercute”, sintetizó.

La Ministra consideró “realmente muy delicado” el escenario actual y señaló que incluso existen trabajadores con empleo formal cuyos ingresos ya no resultan suficientes para cubrir las necesidades básicas.

Esta nueva realidad, explicó, obligó al Ministerio a modificar algunos criterios utilizados anteriormente para evaluar las solicitudes de asistencia.

“Hoy nos encontramos con gente que tiene trabajo y que paga el alquiler, paga el transporte público, paga los servicios y no le quedó resto para el alimento”, describió.

Por ese motivo, sostuvo que ya no resulta posible descartar una solicitud de ayuda alimentaria simplemente porque la persona tiene empleo. “Tenemos que tener una mirada mucho más amplia”, afirmó.

7.000 módulos alimentarios por mes

Al dimensionar el volumen de la asistencia que actualmente presta el Gobierno provincial, Lucía Rossi reveló que se distribuyen aproximadamente 7.000 módulos alimentarios mensuales en toda Tierra del Fuego, contabilizando la demanda fija y espontánea y sin incluir en esa cifra el acompañamiento que se realiza a comedores y merenderos comunitarios.

A ello se suma la asistencia a alrededor de 150 comedores y merenderos distribuidos en la provincia.

También existen pedidos vinculados al pago de alquileres y servicios, aunque Lucía Rossi reconoció que los recursos disponibles son limitados y que se debe priorizar a las familias que atraviesan situaciones de mayor vulnerabilidad.

“El recurso tampoco nos alcanza para ir acompañando a todos los que requieren”, admitió, aunque sostuvo que mediante una evaluación de cada situación se intenta llegar a quienes enfrentan las mayores urgencias.

Sin recortes en asistencia social

La Ministra aseguró que, pese a las dificultades financieras que enfrenta la Provincia, existe una decisión del gobernador Gustavo Melella de no reducir los recursos destinados a la asistencia social.

Reconoció que tampoco fue posible incrementar sustancialmente las partidas debido a las limitaciones presupuestarias, pero destacó que se mantienen herramientas como los módulos alimentarios, la Tarjeta Bienestar y distintos subsidios para situaciones particulares.

En ese sentido, señaló que la reducción de recursos coparticipables y la caída de la recaudación condicionan tanto al Gobierno provincial como a los municipios.

“Nos estamos sosteniendo con mucho esfuerzo, pero no ha habido recortes, insisto, en asistencia alimentaria, en la Tarjeta Bienestar”, remarcó.

Una mirada poco optimista hacia fin de año

Finalmente, consultada sobre las perspectivas para los próximos meses, Lucía Rossi expresó preocupación y sostuvo que no observa por parte del Gobierno nacional medidas destinadas a revertir el escenario actual.

“Yo no veo que desde el Gobierno Nacional haya una mirada puesta en revertir ninguna situación”, manifestó.

La funcionaria vinculó nuevamente la situación social con lo que sucede en la industria y el comercio fueguino y advirtió sobre el cierre de negocios y la imposibilidad de una recuperación que dependa exclusivamente de las decisiones provinciales.

“Por el momento yo no soy muy positiva respecto a eso”, reconoció, aunque expresó su expectativa de que pueda existir “alguna revisión, alguna autocrítica” que permita generar medidas para revertir la situación.