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El abogado penalista y exjuez de Instrucción Daniel Cesari Hernandez analizó la situación económica, laboral y emocional que atraviesan los integrantes de las fuerzas policiales y reclamó cambios profundos en su formación y en los mecanismos de asistencia psicológica. Advirtió que los bajos salarios obligan a muchos efectivos a realizar adicionales o tener otros trabajos, aumentando el estrés de una profesión que ya implica una fuerte carga emocional. También explicó las diferencias legales entre tenencia, transporte y portación de armas de fuego.

Río Grande, 3 de septiembre de 2026.- El abogado penalista y exjuez de Instrucción Daniel Cesari Hernandez advirtió sobre las condiciones económicas, laborales y psicológicas que atraviesa el personal policial y sostuvo que resulta necesario modificar tanto los salarios como la formación y los mecanismos institucionales destinados a contener a quienes desempeñan una profesión sometida permanentemente a situaciones de riesgo y estrés.

Durante su habitual columna en “La Mañana de la Tecno”, por Radio Universidad 93.5 MHz, Cesari Hernandez analizó la situación de las fuerzas policiales a partir de los problemas económicos que llevan a numerosos efectivos a realizar adicionales o buscar otras fuentes de ingresos para sostener a sus familias.

El penalista planteó que los bajos salarios de policías, militares y miembros de las fuerzas federales constituyen un problema histórico que atraviesa distintas administraciones nacionales y provinciales.

En el caso particular de los policías, remarcó que al deterioro salarial se agrega una característica propia de la profesión: la posibilidad permanente de enfrentarse con situaciones capaces de poner en riesgo su integridad física e incluso su vida.

“El policía que sale a la calle no sabe si va a volver”

Cesari Hernandez diferenció la realidad cotidiana de un integrante de las Fuerzas Armadas de la de un policía.

Mientras un militar, en tiempos de paz, no se encuentra habitualmente frente a situaciones de enfrentamiento armado, sostuvo que el policía convive diariamente con esa posibilidad.

“El policía que sale a la calle no sabe si va a volver mañana a su casa”, sintetizó.

Según explicó, un efectivo comienza cada jornada sabiendo que puede enfrentarse con situaciones violentas y que eventualmente deberá utilizar su arma para proteger a otras personas o defender su propia vida.

Esa responsabilidad, sostuvo, no encuentra actualmente una correspondencia adecuada en las condiciones salariales.

Cesari Hernandez afirmó que existe un porcentaje elevado de integrantes de las fuerzas policiales argentinas, incluida la Policía de Tierra del Fuego, cuyos ingresos no permiten afrontar adecuadamente el costo de vida.

A su entender, un salario policial debería permitir al menos pagar una vivienda, mantener al grupo familiar y generar alguna capacidad de ahorro.

La necesidad de realizar adicionales o desarrollar actividades particulares fuera del horario de servicio termina restándole al efectivo las horas de descanso indispensables para recuperarse física y emocionalmente.

“Cuando vemos a un policía manejando un remis, un taxi o un Uber, no es porque el señor tenga ganas, después de seis u ocho horas de trabajo, de sentarse diez en un remis. Sino porque no le alcanza el sueldo”, sostuvo.

Una formación policial que debe cambiar

El exjuez volvió sobre una posición que viene planteando desde hace tiempo: la necesidad de modificar profundamente la manera en que se forma al personal policial.

Cesari Hernandez señaló que trabaja en proyectos relacionados con una modificación de la ley policial de Tierra del Fuego y del régimen de capacitación.

Su planteo parte de una diferenciación básica: un policía no es un militar y, por lo tanto, tampoco debería recibir una formación concebida bajo la misma lógica.

“El policía no solamente que no es un militar, sino que no debe tener una formación similar a un militar”, afirmó.

Según explicó, la formación militar está estructurada alrededor de una cadena jerárquica y del cumplimiento de órdenes adaptadas a la eventual participación en un conflicto bélico. La tarea policial, en cambio, requiere una interacción cotidiana y permanente con los ciudadanos.

Para Cesari Hernandez, determinados problemas que se observan en el trato entre policías y vecinos no necesariamente son atribuibles individualmente al efectivo.

“Esto no es culpa del policía, es culpa del sistema, es culpa de la formación o de la deformación que vemos a lo largo de la historia en los institutos policiales en general, en el Instituto Policial de Tierra del Fuego en particular”, señaló.

Una policía de cercanía

Frente a esa concepción, el penalista defendió un modelo basado en una policía de cercanía o proximidad.

Esto, aclaró, no significa disminuir la autoridad policial, sino capacitar al efectivo para relacionarse de otra manera con la comunidad.

El ciudadano, sostuvo, debe encontrar en el policía no solamente una figura de autoridad, sino también “tranquilidad y protección”.

Cesari Hernandez reivindicó asimismo la capacitación que reciben oficiales y suboficiales y cuestionó las expresiones que descalifican intelectualmente a quienes eligen la carrera policial.

Pero insistió en que esa formación debe adaptarse al verdadero papel que cumple un policía dentro de una sociedad democrática.

“Si pensamos que un policía es Terminator, seguimos equivocándonos”

Uno de los puntos centrales de su análisis estuvo relacionado con la salud mental.

Cesari Hernandez rechazó la concepción de que el policía debe poseer una fortaleza emocional prácticamente indestructible.

“El problema acá, volvemos a la base, si nosotros seguimos pensando que un policía es Terminator, seguimos echando el agua fuera del tarro”, expresó.

Durante un mismo turno, ejemplificó, un efectivo puede atravesar un enfrentamiento armado, intervenir ante un cadáver y posteriormente participar de un allanamiento en el que debe presenciar el drama de una familia.

“Todo eso son cargas emocionales que tiene esa persona”, explicó.

Para el abogado, el problema aparece cuando el policía reconoce que necesita asistencia psicológica pero teme comunicarlo dentro de la institución debido a las posibles consecuencias laborales.

El temor a pedir ayuda

Cesari Hernandez señaló dos dificultades centrales.

La primera es determinar si las fuerzas cuentan con una cantidad suficiente de profesionales de salud mental y, fundamentalmente, si esos profesionales poseen una especialización adecuada para atender las particularidades psicológicas derivadas de la actividad policial.

La segunda está relacionada con las consecuencias administrativas que puede enfrentar un efectivo cuando manifiesta atravesar un problema.

Explicó que retirar preventivamente del servicio y del contacto con un arma a una persona que atraviesa una crisis puede resultar correcto desde el punto de vista de la seguridad, pero advirtió que el procedimiento posterior puede convertirse en una carga adicional.

El efectivo puede quedar marcado en su legajo, pasar a disponibilidad o temer incluso perder su trabajo si el tratamiento se prolonga.

“El policía deprimido, por temor a perder el único trabajo que tiene, por temor a esa imagen de no cumplir la dureza que la institución le obliga a tener”, puede terminar ocultando lo que le sucede, planteó.

Y volvió a insistir: “Un policía no es un soldado”.

“Hay que darles un sostén psicológico permanente”

Para Cesari Hernandez, la solución requiere reconocer que la profesión policial posee dos dimensiones diferentes de riesgo: una física y otra psicológica.

Por eso consideró necesario brindar acompañamiento permanente sin esperar necesariamente a que sea el propio efectivo quien solicite ayuda.

“Hay que darles a los policías un sostén psicológico permanente y con independencia de que ellos lo busquen”, afirmó.

Pero estableció una condición que consideró fundamental: pedir ayuda no debe convertirse en una amenaza para la continuidad laboral.

“Lo único que no hay que hacer es infundirle miedo al policía de que si tiene algún cuadro de depresión o necesita una ayuda psicológica eso va a repercutir en un riesgo a perder su trabajo”, sostuvo.

El abogado reclamó además que frente a los indicadores preocupantes sobre la situación de las fuerzas se avance con respuestas concretas.

“A mí me gusta que los funcionarios, en vez de venir con estadísticas numéricas, me vengan con soluciones. Porque el policía, la policía, necesita soluciones hoy. Y las soluciones tienen que ser materiales y no estadísticas”, afirmó.

Tenencia, transporte y portación de armas: cuáles son las diferencias

En la segunda parte de su columna, Cesari Hernandez abordó otro tema a partir del crecimiento de la actividad de tiro deportivo y las dudas existentes sobre las distintas figuras legales relacionadas con las armas de fuego.

El abogado estableció inicialmente una condición básica: para mantener una relación legal con un arma de fuego es necesario contar con la correspondiente condición de legítimo usuario.

A partir de allí diferenció tenencia, transporte y portación.

La tenencia permite mantener el arma bajo resguardo en los términos establecidos legalmente.

Cuando un legítimo usuario necesita trasladarla y no posee autorización de portación, explicó, debe hacerlo en condiciones que impidan su utilización inmediata.

Cesari Hernandez ejemplificó que, en el caso de un revólver, el arma y las municiones deben transportarse separadamente; y en una pistola, deben encontrarse separados el arma, el cargador y las municiones.

Un arma lista para ser utilizada implica portación

La diferencia fundamental aparece cuando el arma se encuentra en condiciones de utilización inmediata.

“La portación es que el Estado a mí me autoriza a que ese transporte lo pueda hacer en forma tal que el arma la pueda usar inmediatamente”, explicó.

Cesari Hernandez hizo especial hincapié en una confusión frecuente: no es necesario llevar el arma en la cintura para que exista portación.

Si una persona lleva un arma cargada y lista para disparar dentro de la guantera, un bolso o debajo del asiento de un vehículo, explicó, se encuentra igualmente ante una situación de portación.

Por ese motivo, advirtió sobre las consecuencias que puede afrontar quien transporta un arma en esas condiciones sin contar con la autorización correspondiente.

El penalista señaló que la condición de legítimo usuario tiene una vigencia de cinco años, mientras que la autorización de portación requiere condiciones adicionales y debe renovarse con mayor frecuencia.

También aclaró que para practicar tiro deportivo no resulta necesario contar con portación.

En este punto dejó sentada su posición personal respecto de la utilización de armas como mecanismo de protección frente a la inseguridad.

“Siempre me he declarado contrario a que la ciudadanía se arme, a que la ciudadanía tenga armas pensando en usarlas en casos de inseguridad”, afirmó.

“La seguridad de la población la tiene que garantizar el Estado. Si los ciudadanos nos tenemos que armar es porque el Estado ha fracasado”, sostuvo.

Cesari Hernandez también recomendó especial precaución cuando se viaja con armas, particularmente al cruzar fronteras internacionales, debido a que existen requisitos específicos y las legislaciones varían entre países.

La columna dejó así planteados dos debates diferentes pero relacionados con la seguridad pública: por un lado, las condiciones económicas, profesionales y emocionales de quienes tienen a su cargo proteger a la sociedad; y por otro, la necesidad de conocer con precisión las responsabilidades legales que implica la tenencia y utilización de armas de fuego.

Para Cesari Hernandez, el primero excede ampliamente la situación individual de cada efectivo: si quienes tienen a su cargo la seguridad no reciben salarios adecuados, descanso, capacitación y contención psicológica, las consecuencias terminan alcanzando al conjunto de la comunidad.