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El intendente Martín Pérez recibió a representantes de la Asociación de Abogados Ambientalistas de la República Argentina y del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata, quienes promovieron ante la Justicia Federal de Río Grande una acción preventiva de daños vinculada al proyecto hidrocarburífero Sea Lion. La presentación reclama la suspensión cautelar de las actividades y plantea posibles afectaciones ambientales y a los derechos soberanos argentinos. El Municipio anticipó que buscará sumar a otras ciudades patagónicas y llevar el planteo al Congreso de la Nación.

Río Grande, 3 de septiembre de 2026.- El intendente Martín Pérez expresó el respaldo del Municipio de Río Grande a la acción judicial presentada ante la Justicia Federal para intentar frenar las actividades vinculadas al proyecto petrolero Sea Lion en las Islas Malvinas, ante los posibles daños ambientales y la afectación de los intereses soberanos argentinos en el Atlántico Sur.

Martín Pérez recibió en su despacho a representantes de la Asociación de Abogados Ambientalistas de la República Argentina y del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata, impulsores de una acción preventiva de daños presentada ante el Juzgado Federal de Río Grande.

Según explicaron las organizaciones, la presentación fue radicada en esta ciudad por considerar que corresponde territorialmente a la jurisdicción vinculada con las Islas Malvinas. Asimismo, indicaron que el Juzgado Federal ya dictó una primera resolución y dio intervención al Ministerio Público Fiscal.

La acción solicita la intervención de la Justicia frente a lo que sus impulsores consideran un riesgo ambiental derivado del desarrollo hidrocarburífero y una afectación de los intereses soberanos de la Argentina. Como medida cautelar, requieren el cese de las actividades relacionadas con el proyecto mientras se determina el alcance de los posibles daños.

“Es una acción en defensa de nuestra soberanía”

Durante el encuentro, Martín Pérez confirmó que el Municipio acompañará la iniciativa y adelantó que buscará ampliar el respaldo institucional hacia otras localidades patagónicas.

“Nosotros como Municipio vamos a acompañar esta iniciativa porque es una acción en defensa de nuestra soberanía vulnerada por una potencia colonial que usurpa nuestro territorio y explota ilegalmente nuestros recursos naturales”, sostuvo.

El intendente señaló además que el Ejecutivo municipal analiza avanzar junto al Concejo Deliberante en una estrategia institucional para respaldar la presentación realizada ante la Justicia Federal.

La intención es también promover una acción colectiva que incorpore a otros intendentes y ciudades de la Patagonia.

“Desde el Municipio vamos a acompañar esta acción y a promover la participación de otros mandatarios de la Patagonia”, aseguró Martín Pérez.

El jefe comunal advirtió que un eventual daño ambiental derivado de la explotación hidrocarburífera en las aguas circundantes a las Islas Malvinas podría tener consecuencias mucho más amplias.

“Cualquier situación de daño ambiental que se pueda generar en Malvinas, en una explotación tan perjudicial como la que se quiere llevar adelante, es un riesgo también para nuestro mar argentino y para nuestras costas”, afirmó.

El planteo llegará al Congreso

Martín Pérez anticipó además que el Municipio buscará trasladar el reclamo al Congreso de la Nación para promover un acompañamiento institucional a las acciones destinadas a proteger los recursos naturales argentinos y los derechos soberanos sobre el Atlántico Sur.

En ese contexto, cuestionó la respuesta del Gobierno nacional y sostuvo que las políticas exterior y diplomática deben traducirse en medidas concretas para defender los intereses argentinos.

“Tenemos que llevar adelante acciones concretas. Río Grande es un faro de soberanía y es por eso que estamos acompañando esta iniciativa, como todas las iniciativas que se quieran presentar, de parte de quien sea, que tengan que ver con tratar de ponerle un freno a este avance británico en nuestro territorio”, remarcó Martín Pérez.

“Una acción frente a la inacción del Gobierno Nacional”

El apoderado del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata, Jerónimo Guerrero, destacó la importancia de haber recurrido a la Justicia Federal y explicó que la iniciativa busca abordar conjuntamente las dimensiones ambiental y soberana del proyecto Sea Lion.

“Esta acción que estamos presentando ante la Justicia Federal no es ni más ni menos que una acción frente a la inacción del Gobierno Nacional”, afirmó.

Guerrero también valoró el acompañamiento institucional del Municipio de Río Grande y el vínculo mantenido con Martín Pérez.

“Siempre hemos sido bien recibidos y hemos encontrado en él un respaldo manifiesto para este tipo de acciones”, señaló.

Soberanía y ambiente en un mismo planteo

Por su parte, el abogado ambientalista Fabián Maggi explicó que la presentación judicial viene siendo preparada desde hace tiempo y destacó como uno de sus aspectos centrales la incorporación, dentro de una misma acción, de la defensa ambiental y de la soberanía nacional.

“Esto de unir soberanía y ambiente es justamente lo que estaba haciendo falta para poder afrontar el escenario nacional que estamos atravesando, donde no hay custodia de la soberanía ni custodia de lo ambiental”, manifestó.

Maggi destacó además la respuesta inicial obtenida en el ámbito judicial y confirmó que “ya hay una primera resolución por parte del Juzgado”, con intervención del Ministerio Público Fiscal.

Zamora: “Esos recursos son argentinos y fueguinos”

La presidente del Concejo Deliberante de Río Grande, Guadalupe Zamora, también respaldó la presentación y cuestionó la explotación de hidrocarburos en un área alcanzada por la disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido.

“Creemos que la explotación en esa zona tan próxima a las Islas Malvinas es ilegítima al tratarse de un espacio en disputa. Esos recursos son argentinos y fueguinos, no podemos permitir que estas potencias extranjeras extraigan hidrocarburos que nos pertenecen”, sostuvo.

Zamora agregó que el planteo también incorpora cuestionamientos de carácter ambiental.

“Por otro lado existe una irregularidad ambiental, ya que no se realizaron los estudios de impacto ambiental correspondientes, tal como exige la legislación argentina”, afirmó.

La acción judicial solicita que se suspendan las obras y operaciones vinculadas al proyecto Sea Lion ante los posibles daños ambientales que, según advierten sus impulsores, podrían producirse en una zona de particular relevancia para los intereses soberanos nacionales y provinciales.

La iniciativa apunta además a sumar el acompañamiento de instituciones fueguinas y patagónicas para reforzar la defensa de los recursos naturales, el ambiente y los derechos soberanos argentinos sobre las Islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes.

Del encuentro participaron también el legislador provincial Matías Lapadula; la presidente del Concejo Deliberante, Guadalupe Zamora; y los concejales Jonatan Bogado y Walter Abregú.