El Departamento Malvinas de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación reivindicó la decisión de La Juez Federal de Río Grande, Mariel Borruto, que ordenó frenar los actos materiales vinculados al proyecto hidrocarburífero Sea Lion, o León Marino, impulsado por Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum. La organización judicial destacó la intervención de la magistrada en defensa de los recursos naturales, el ambiente y la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y el Atlántico Sur.
Ushuaia, 28 de septiembre de 2026.- El Departamento Malvinas de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) expresó su respaldo a la resolución adoptada por La Juez Federal de Río Grande, Dra. Mariel Borruto, en la causa relacionada con el proyecto hidrocarburífero Sea Lion, denominado León Marino en la Argentina.
A través de un documento firmado por autoridades del Departamento Malvinas y de la conducción nacional de la UEJN, la organización reivindicó la actuación judicial y sostuvo que la controversia involucra la defensa del ecosistema marino, los hidrocarburos y los restantes recursos naturales de la plataforma continental argentina.
Respaldo a la decisión de Borruto
“Reivindicamos y apoyamos la resolución emitida recientemente por la jueza federal de Río Grande, Dra. Mariel Borruto”, expresó la organización.
La medida cautelar dictada por Borruto ordenó a Rockhopper Exploration PLC y Navitas Petroleum Development and Production Limited abstenerse de iniciar, continuar o ejecutar actos materiales relacionados con Sea Lion. Entre otras actividades, alcanza perforaciones del lecho marino, infraestructura submarina y el comienzo de la extracción comercial. infobae
La resolución fue adoptada en el marco de una acción preventiva de daño ambiental colectivo impulsada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y la Asociación Civil de Abogados, Abogadas y Profesionales Ambientalistas (AAdeAA).
“Defensa de los recursos provinciales”
En su pronunciamiento, el Departamento Malvinas de la UEJN destacó que la decisión judicial aborda una controversia que, a criterio de la organización, excede la dimensión ambiental y alcanza directamente la cuestión de soberanía.
El documento señala que las actividades cuestionadas se desarrollan sobre recursos que la Argentina considera comprendidos dentro de su plataforma continental y reivindica que el Juzgado Federal de Río Grande haya asumido competencia en la causa.
La organización también destacó que el tribunal haya requerido la intervención de la Fiscalía de Estado de Tierra del Fuego en defensa de los intereses y recursos provinciales.
La resolución judicial, además, intimó a las empresas para que informen sobre el estado del proyecto, cronograma de obras y perforaciones, contratistas y subcontratistas, estructura societaria, fuentes de financiamiento, aseguradoras y estudios ambientales, entre otros aspectos.
La UEJN cuestionó la posición de dirigentes nacionales
El documento también contiene fuertes críticas políticas. El Departamento Malvinas de la UEJN cuestionó lo que definió como “políticas de entrega o de aceptación tácita del avance inglés” y atribuyó esa posición tanto al Gobierno nacional como a otros dirigentes políticos.
En contraposición, la entidad gremial valoró la actuación de Borruto y sostuvo que la magistrada actuó con “convicción, firmeza y patriotismo”.
Estas expresiones corresponden al posicionamiento político e institucional de la organización sindical y se producen en el marco de una controversia en la que la Argentina y el Reino Unido mantienen posiciones contrapuestas respecto de la soberanía sobre las Islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes.
Una medida cautelar, no una sentencia definitiva
La resolución de Borruto tiene carácter cautelar. Esto significa que no constituye todavía una sentencia definitiva respecto de la responsabilidad de Rockhopper y Navitas ni resuelve el fondo de la controversia.
La propia magistrada dejó establecido que la medida no implica afirmar que necesariamente se producirá un daño ambiental, sino que busca prevenir posibles consecuencias mientras se analiza la situación y se determina el cumplimiento de los procedimientos ambientales correspondientes ante las autoridades argentinas. infobae
Asimismo, la ejecución de la medida frente a compañías extranjeras presenta una dimensión internacional: el juzgado señaló que su instrumentación dependerá de los mecanismos de cooperación internacional y de la conducta de las empresas alcanzadas.
Un llamado a funcionarios y dirigentes
Sobre el final del documento, la UEJN instó a funcionarios y dirigentes políticos con responsabilidades vinculadas a la cuestión Malvinas a asumir una posición activa en defensa de los intereses nacionales.
“Esperamos que los funcionarios y políticos con responsabilidades en la materia, emulando a la Sra. jueza federal de Río Grande, a quien felicitamos, asuman con convicción y coraje las conductas que reclama el Pueblo”, expresó la organización.
El pronunciamiento está fechado el 22 de septiembre de 2026 en Ushuaia y lleva las firmas de Alicio Aguirrez, vicedirector del Departamento Malvinas de la UEJN; Isidoro J. M. Aramburú, director del Departamento Malvinas; y Julio Piumato, secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación.
Noticias Relacionadas
Desde Río Grande, la Justicia Federal ordenó frenar el proyecto petrolero Sea Lion en Malvinas
Ushuaia se presentará como querellante en la causa por el proyecto petrolero Sea Lion
Martín Pérez destacó la cautelar contra Rockhopper y Navitas: “Malvinas también se defiende así”
Río Grande se presentó ante la Justicia en la causa contra las petroleras que operan en Malvinas
Guerrero Iraola: “Si el Poder Ejecutivo no defiende la soberanía, debe ser el Poder Judicial el último guardián de la Constitución”
