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El contador fueguino presentó la iniciativa ante la Unión Industrial Argentina y la Federación Argentina de la Industria Maderera. Plantea un acuerdo entre Nación, provincias y municipios para disminuir la carga tributaria sobre los préstamos, aliviar a las PyMEs y estimular la actividad económica. Además, cuestionó el elevado gasto político en Tierra del Fuego y reclamó una dirigencia con propuestas para enfrentar la crisis.

Río Grande, 4 de agosto de 2026.– El contador público Ramón Gallardo presentó ante la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA) una propuesta destinada a impulsar un nuevo consenso fiscal entre el Gobierno nacional, las provincias y los municipios con el objetivo de reducir la carga impositiva que grava los créditos bancarios, abaratar el financiamiento y contribuir a la recuperación del consumo interno.

La iniciativa fue dada a conocer durante una entrevista concedida a “La Mañana de la Tecno”, por Radio Universidad 93.5 MHz, donde Gallardo explicó que el proyecto surgió luego de participar en reuniones del Departamento PyME de la UIA y de FAIMA, en las que empresarios de distintos sectores manifestaron una creciente preocupación por la caída del consumo, la elevada presión tributaria y las dificultades para competir frente a la apertura de las importaciones.

El profesional recordó que el Pacto Fiscal firmado en 2017 tenía como finalidad reducir impuestos provinciales y limitar el endeudamiento de las jurisdicciones. Sin embargo, explicó que ese esquema quedó prácticamente sin efecto tras la adenda de 2019, que permitió a las provincias recuperar mayor autonomía tributaria en el contexto de la crisis económica y la inflación. A su juicio, esa situación derivó en un sistema donde Nación, provincias y municipios aplican tributos sobre una misma base imponible, incrementando significativamente el costo de producir, invertir y acceder al crédito.

Gallardo sostuvo que actualmente el costo financiero de un préstamo no está integrado únicamente por la tasa que perciben las entidades bancarias, sino también por impuestos nacionales como el IVA y el Impuesto sobre los Débitos y Créditos Bancarios; tributos provinciales como Ingresos Brutos y Sellos; y tasas municipales vinculadas a Seguridad e Higiene. Según datos citados en su propuesta, la incidencia de esos gravámenes puede representar habitualmente el 48% del costo financiero total y superar el 60% en determinadas líneas de crédito, mientras que algunos estudios indican que la carga tributaria puede absorber hasta el 77% de la tasa de interés.

Durante la entrevista, el contador remarcó que esa presión tributaria termina trasladándose directamente al consumidor. «El Estado somos nosotros», afirmó, al señalar que los impuestos terminan incorporándose al precio de los bienes y servicios, afectando tanto a las familias como a las empresas que necesitan financiamiento para sostener su actividad.

Una propuesta en tres etapas

El documento elevado a las entidades industriales propone implementar el consenso fiscal de manera gradual. En una primera etapa, la reducción de impuestos alcanzaría a los préstamos destinados al consumo, con el propósito de disminuir la morosidad y estimular la demanda interna. Posteriormente, el beneficio se extendería a las pequeñas y medianas empresas que cuenten con certificado PyME y, finalmente, al resto de los sectores de la actividad privada.

Gallardo fundamentó esa estrategia señalando que, según datos del Banco Central citados en su proyecto, la morosidad de los préstamos personales alcanzó en mayo de 2026 el 15,9%, el nivel más elevado registrado hasta el momento. A su entender, una reducción de la carga impositiva sobre el crédito permitiría aliviar la situación financiera de las familias y recuperar, mediante un mayor nivel de actividad, parte de la recaudación que inicialmente resignarían los distintos niveles del Estado.

Asimismo, el documento advierte que las diferencias en las alícuotas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos aplicadas por las provincias generan fuertes distorsiones sobre el sistema financiero. Incluso recuerda que el Banco Central dictó recientemente la Comunicación «A» 8444, que habilita a las entidades bancarias a radicar cuentas abiertas digitalmente en cualquier sucursal del país, favoreciendo una mayor competencia fiscal entre jurisdicciones.

Críticas al gasto político

Más allá de la propuesta económica, Gallardo formuló un duro diagnóstico sobre la situación provincial. Durante la entrevista cuestionó el elevado gasto político, el crecimiento del déficit y la falta de iniciativas para generar nuevas actividades productivas en Tierra del Fuego.

En ese sentido, criticó la cantidad de asesores con que cuentan los legisladores provinciales y sostuvo que la dirigencia se encuentra más preocupada por las próximas elecciones que por diseñar alternativas para enfrentar la crisis económica. También reclamó la presentación de proyectos concretos que permitan diversificar la matriz productiva fueguina y generar nuevas inversiones.

Respecto de la situación financiera de la provincia, Gallardo sostuvo que el déficit mensual continúa siendo elevado y consideró indispensable avanzar en un mayor ordenamiento del gasto público para recuperar el equilibrio fiscal.

Finalmente, explicó que tanto la UIA como FAIMA solicitaron formalmente el envío del proyecto por escrito para su análisis en futuras reuniones con autoridades nacionales, con la expectativa de que la iniciativa pueda incorporarse al debate sobre políticas destinadas a mejorar la competitividad del sector productivo argentino.