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“No le tenemos que pedir permiso a nadie para definir qué es importante para nosotros”

El legislador del MPF Pablo Villegas respondió a las críticas del ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas a la prohibición de la explotación industrial de salmónidos aprobada por unanimidad. Deslizó que defiende “otros intereses” y aseguró que durante el tiempo en que trabajaron la ley hubo “presiones de todo tipo y acciones de lobby” de empresas interesadas en la explotación industrial en el Canal de Beagle. En el mismo sentido enmarcó los cuestionamientos de la ex gobernadora Rosana Bertone. Advirtió a Kulfas que la provincia no tiene que pedirle permiso a ningún funcionario nacional para tomar decisiones sobre su política de desarrollo y protección ambiental, y consideró que sería una “pseudo extorsión” interpretar que esta ley puede obstaculizar la prórroga del subrégimen industrial.

Río Grande.- El legislador del MPF Pablo Villegas fue consultado por Radio Provincia sobre las declaraciones del ministro Matías Kulfas, en tono crítico hacia la ley que prohíbe la explotación industrial de salmónidos, al punto de calificarla como “una decisión equivocada”.

Kulfas se pronunció luego de que la Legislatura aprobara por unanimidad la norma y consideró que “entre el vale todo y el prohibicionismo hay una amplia gama de opciones que tenemos que evaluar. No me parece bueno prohibir una actividad, sí creo hay que regularla, que hay que tener controles ambientales, hay que zonificar y tener tecnologías. Más que prohibir hay que controlar muy bien y ser cuidadosos”, sugirió a la provincia.

Villegas recordó que “días antes de que se sancione la ley decía que el camino recorrido desde la presentación del proyecto había sido lleno de espinas, de obstáculos, que habían existido presiones, acciones de lobby e intereses cruzados. Esto se ha puesto de manifiesto con las declaraciones de este funcionario”, disparó.

“Nosotros hemos tomado una decisión política e institucional estratégica al prohibir en aguas jurisdiccionales provinciales este modelo de desarrollo productivo industrial que genera un gran impacto negativo en nuestro ambiente. Cuando trabajamos el proyecto sabíamos que estábamos afectando intereses de algunos sectores económicos muy fuertes que existen en el mundo y que pretendían tener incidencia en Tierra del Fuego”, manifestó.

“Uno actuó defendiendo y representando intereses de la provincia. Yo soy legislador provincial y estoy representando al pueblo de mi provincia y trato de coordinar mi acción política en representación de los intereses y los derechos de los fueguinos. Lo que hemos hecho es defender un derecho de raigambre constitucional, que es el derecho a vivir en un ambiente sano. Además con el acompañamiento de todos los bloques políticos estamos defendiendo un activo en términos económicos y ambientales muy importante, como es la protección de nuestros recursos naturales que están en los ecosistemas donde se pretendían instalar estos modelos productivos de salmonicultura, que iban a extinguir la variedad de la vida biológica. Queda muy en claro que hemos representado los intereses de los fueguinos de la mejor manera posible, y hay otros que representan otros intereses y deberán dar sus razones”, fustigó.

Apuntó que “hubo algún asesor de un funcionario nacional que dijo que esta decisión era equivocada porque Argentina importa salmones por 45 millones de dólares que son consumidos por un grupo mínimo de nuestra población, y era necesario no decidir esta prohibición porque afectaba la generación de divisas del país. Los fueguinos tenemos derecho a definir qué modelo productivo y económico queremos para la zona del Canal de Beagle y para nuestros lagos, y creo que nuestro patrimonio vale mucho más. Además la defensa de nuestro patrimonio es una decisión política que nos trasciende”, remarcó.

“Esto se hizo en un marco constitucional en ejercicio de atribuciones propias de la provincia. No le tenemos que pedir permiso a la Nación para definir la protección de nuestro ambiente en nuestro litoral marítimo, que llega hasta las 12 millas, porque nuestros recursos naturales y el modelo de gestión de esos recursos dentro de las 12 millas, son de dominio provincial”, sentenció.

“Hemos tomado una decisión de alta legitimidad social con asidero jurídico constitucional y tiene que ver con un modelo de desarrollo económico sostenible. Es lo que queremos para la zona centro y sur de la provincia, que está ligada a la actividad del turismo, a la protección de la pesca artesanal y de la acuicultura artesanal”, sostuvo.

 

Ley con excepciones

 

También mencionó que “la ley establece dos excepciones muy importantes: permite que se siga llevando a cabo la actividad que hace Piscicultura como parte del gobierno provincial y viene desarrollando hace años, que se refiere a criar, cultivar y sembrar truchas en nuestros ríos y lagos, para seguir fomentando la actividad de la pesca deportiva, que muchos practicamos y también es una fuente de ingresos y una actividad turística que debería ser explotada de mejor manera. La ley también deja la puerta abierta para seguir autorizando emprendimientos productivos de cría de salmones en tierra, como la trucha arcoíris y la trucha marrón, como existe en la zona de Almanza”.

Reiteró que “nosotros no le tenemos que pedir permiso a nadie para definir qué es importante para nosotros. Somos la primera provincia en el mundo entero que dejó un antecedente legislativo de estas características, que representa curarse en salud. Nos adelantamos al problema que genera la explotación de estos emprendimientos productivos. El Ministro de Ambiente de la Nación se expresó a favor y a uno lo satisface, pero hay otras autoridades que representan otros intereses. Tendrán su mirada, pero va a contramano de los intereses de los fueguinos”.

 

Moneda de cambio

 

Se le preguntó además si esta visión de Kulfas sobre la ley puede poner en riesgo la prórroga del subrégimen industrial, dado que está en sus manos la decisión. “Algunos han tirado sobre la mesa que con esta ley ponemos en riesgo la prórroga del subrégimen industrial, pero sería una pseudo extorsión política si no podemos ejercer una potestad constitucional y fijar modelos de desarrollo económico porque alguno se puede llegar a molestar. Me parece que es subestimar nuestra inteligencia y el derecho de los fueguinos a autodeterminar el modelo de desarrollo económico que queremos, en armonía con nuestro ambiente”, expresó.

“Yo creo que sería un absurdo entender que la sanción de esta ley resulte ser la causa para que los funcionarios de la Nación no prorroguen el subrégimen industrial de la 19640. Carece de sentido común y no resiste mayor análisis. Creo que hay otras razones por las que se encuentra demorada la prórroga y flaco favor le hacemos a la defensa de los derechos de los fueguinos al deducir que una decisión de estas características podría poner de mal humor a las autoridades nacionales para obtener la prórroga del subrégimen”, consideró.

“La ley tiene que ser reglamentada en un plazo de treinta días y con la reglamentación también se van a despejar las dudas a las que hacen referencia algunos actores. La ley es muy clara y en términos institucionales es muy contundente. Es una posición política que no puede ser subvalorada por algún funcionario, porque no es más que el ejercicio pleno de la autonomía provincial y contó con el acompañamiento de la totalidad de los bloques políticos. Tenemos cinco bloques políticos que responden a matrices ideológicas distintas y sin embargo hubo acompañamiento de la totalidad”, destacó Villegas.

En cuanto a las críticas de Rosana Bertone a la ley, las colocó en línea con Kulfas. “Creo que queda en claro qué representa cada uno y la gente sacará sus conclusiones. Uno defiende las convicciones de un número mayoritario de los vecinos de la provincia y está claro que estamos de ese lado. Hay otros que están del otro lado y siempre han representado intereses que van a contramano de lo que uno plantea”, finalizó.

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