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Pino aseguró que reciben la mitad o dos terceras partes de los fondos

El presidente del Concejo Deliberante de Ushuaia Juan Carlos Pino aseguró que, de más de 8 millones que deben recibir por mes, el Ejecutivo municipal está transfiriendo 5 millones y medio, a veces 6 y otras 4 millones, con lo que no llega a la mitad. Espera “recomponer la relación” en el corto plazo, para terminar con las fricciones internas. Respecto del reclamo por deudas de coparticipación al gobierno, consideró que la solución la tiene la Legislatura y es a través de la aprobación de una ley de goteo. Cuestionó la gran cantidad de barrios de la ciudad que no tienen servicio, y la necesidad de priorizar estas obras, como también de ampliar el ejido porque “se están desafectando espacios verdes para dar soluciones habitacionales”. Aspira a un circuito que una las tres rutas, y puntualizó que en Estancia Remolino hay un espacio ideal para urbanizaciones. Ratificó sus aspiraciones a la intendencia de Ushuaia en 2023 y, en las elecciones de este año, acompañará “al candidato que decidan las autoridades” del PJ. Pronosticó que ingresará uno del justicialismo y uno del gobierno.

Río Grande.- El presidente del Concejo Deliberante de Ushuaia, Juan Carlos Pino, afirmó por Radio Universidad 93.5 que el Ejecutivo municipal está remitiendo la mitad o dos terceras partes de los fondos mensuales que corresponden al deliberativo, y espera poder en el corto plazo “recomponer la relación”, para terminar con la discusión interna.

“Hay una deuda pendiente del año pasado y quedamos con un déficit que se está tratando de recomponer. Si bien llegan fondos, no es la totalidad porque llega un porcentaje. Esto nos preocupa sobremanera porque el Concejo es una institución que asume compromisos, tiene que pagar todos los meses las contrataciones, los alquileres, el préstamo para la construcción del edificio. El porcentaje que llega nos alcanza para mantener las cuentas al día y nada más. No se está remitiendo la totalidad de los fondos sino una parte, y el Concejo administra 8 millones por mes, de los cuales llegan 5 millones y medio o 6 millones, a veces 4 millones”, afirmó.

“Siempre estamos con deuda y estamos haciendo reclamos permanentes. También tratamos de recomponer la relación con el Ejecutivo porque necesitamos solucionar los problemas de la gente y estamos siempre inmersos en la discusión interna del envío de los fondos”, lamentó.

Respecto de la discusión que se llevó a la justicia por las deudas de coparticipación del gobierno con los municipios, consideró que “o se juntan las partes a solucionar esto, o la Legislatura va a tener que sancionar una ley. En el último de los casos la justicia determinará quién tiene razón. El reclamo de autonomía municipal es permanente y todos los concejales están consustanciados con la defensa de esa autonomía. Si me preguntan cómo salimos de este reclamo permanente, creo que necesitamos la ley de goteo porque de lo contrario vamos a seguir discutiendo las mismas cosas”, dijo.

 

Relación con el Gobierno

 

Consultado sobre la relación con el gobierno provincial, recordó que “nosotros representamos a una institución y, si nos invita el intendente de Río Grande, el de Tolhuin, el de Ushuaia o el propio gobernador, protocolarmente siempre asistimos. Cuando fui a Tolhuin se hizo el anuncio de la pavimentación de la cabecera del Lago, de San Sebastián y de los 22 kilómetros que faltan hasta el Parque Nacional, que es muy importante para nosotros. Trabajamos institucionalmente y si nos invitan a un acto vamos a estar presentes. Sin duda se hacen algunas conjeturas, pero mi perfil fue trabajar para la intendencia de Ushuaia y sigo en ese camino”, ratificó.

Dado que el senador Matías Rodríguez tendría las mismas aspiraciones, señaló que “todos tienen aspiraciones, algunos las hacemos públicas y otros no. Eso no me preocupa y yo trabajo detrás de un proyecto y un objetivo. Seguramente va a haber muchos más candidatos porque también Mónica Urquiza quiere ser candidata a intendente. Eso me tiene sin cuidado y para noviembre de 2022 falta mucho. Ahí se cerrarán los frentes y los acuerdos. Mientras tanto seguimos trabajando con esa proyección y lo hicimos público desde el primer día”.

En cuanto a su posicionamiento en las elecciones nacionales, estimó que “el peronismo va a llevar una sola lista y seguramente se va a formar un frente a nivel nacional. El congreso se reunió para evaluar la conformación de frentes y yo voy a acompañar lo que se baje a nivel nacional. Sin dudas en esta elección el peronismo va a meter un diputado, por el caudal de votos que tiene. No importa el nombre, esa persona la tienen que decidir las autoridades del partido”.

Recordó que en la elección de diputados de 2017 Melella y Martín Pérez estaban juntos. “El peronismo en ese momento hizo un frente, la llevó a Laura Colazo y perdió las elecciones. Yo desconozco si es factible la unidad de todos los que están alineados con el Frente de Todos a nivel nacional. El presidente del partido es Walter Vuoto y la búsqueda de los consensos se tiene que dar. Si no, el peronismo ingresará un diputado nacional y el gobierno otro”, avizoró.

También tuvo en cuenta que “hay un crecimiento de la centro derecha que está buscando la posibilidad de conformar un frente. El concejal Garramuño está buscando ir como candidato a diputado por la centro derecha, el PRO y la UCR. Hay tres sectores fuertes, el justicialismo, el gobierno y la centro derecha. Ahí se va a dar la discusión y esta elección es totalmente distinta, va a ser una campaña virtual. Por el peso y la convocatoria del justicialismo seguramente va a llegar uno. Yo no estoy en la discusión pero sin duda un candidato va a entrar. Nosotros vamos a acompañar al que se decida como candidato. Mi proyección es para 2023. Hoy las autoridades partidarias tendrán que decidir si corresponde que el candidato sea de Río Grande o de Ushuaia y es una discusión interna que tienen que dar.  Estoy convencido de que una de las dos bancas queda para el justicialismo y no importa si el nombre mide o no mide, porque va a llegar. Las elecciones de medio término son una proyección para el 2023. Va a ser atípica y totalmente diferente como para tomarla como un parámetro”, observó.

 

Barrios sin servicios

 

El concejal Pino cuestionó por otra parte la cantidad de barrios que esperan respuesta por falta de servicios esenciales. “La pandemia ha visibilizado las necesidades de fondo en los barrios, que son agua, luz y cloacas. Hay muchos barrios sin servicios y son sectores que están con la garrafa de gas, buscando agua en bidones o dependiendo del camión aguatero. Hay camiones que entregan leña y va a haber que invertir mucho, porque en Ushuaia es más caro tender servicios de agua y cloacas, por ser una zona montañosa con roca y turba. Realmente hay que invertir en esto porque se ha notado esta necesidad y se ha hecho sentir sobre todo con esta última nevada, porque hubo vecinos desesperados para que llegara la garrafa de gas o el camión aguatero o la leña. La energía llega, pero no soluciona el problema, porque en una casa se puede tener una pava eléctrica, una olla eléctrica o una estufa de cuarzo para calefaccionar, pero eso baja la tensión y tenemos barrios donde dependen 40 viviendas de un cable. Hay que reevaluar esta situación para llegar a cada uno de estos sectores. En Andorra viven 3.800 familias y en Altos de la Montaña viven 1.500 familias. Luego tenemos el Escondido donde hay 1.200 familias. En total son unas 9 mil familias entre Andorra y el Escondido”, calculó.

“El transporte no llega a esos sectores, hay mantenimiento de calles, y no es una situación que se da ahora, sino que viene desde hace muchos años. Hubo que desafectar todo el bosque para poder urbanizar, en algunos casos se están regularizando situaciones dominiales con la pre-adjudicación del predio y en otros casos recién se está trabajando sobre la trama urbana de algunos sectores que todavía no la tienen. Nosotros ya desafectamos 500 hectáreas donde está la urbanización General San Martín, que es la más grande que ha encarado el municipio, y está previsto para 3 mil familias. En este momento se está trabajando para dar entre 500 y 800 soluciones habitacionales. De las 500 hectáreas estamos regularizando Andorra y la zona alta, donde ya están ocupando el lugar”, informó.

“Hay estudios que se han hecho desde el CADIC sobre el impacto y siempre es negativo en esta zona. La decisión que se ha tomado es regularizar lo que está y buscar nuevos sectores de urbanización. La gente no fue a ese lugar porque sí. Terminó en ese lugar por falta de respuesta del Estado. Hoy tenemos el problema y hay que solucionarlo. Las nuevas urbanizaciones ya se tienen que entregar con servicios y por otro lado hay que regularizar situaciones donde ya hay ocupaciones. Nosotros tenemos establecido en la Carta Orgánica que los terrenos deben tener agua y cloacas. En Ushuaia no se pueden entregar terrenos sin servicios. La urbanización General San Martín se demoró cuatro años justamente porque lo más costoso es tender los servicios. En el caso de los vecinos que están ocupando un lugar, se buscó la solución más rápida, que es regularizar en ese lugar. Igualmente esa no es la solución porque ya están agotados los lugares”, planteó.

En este punto consideró fundamental la ampliación del ejido. “Si bien el municipio tiene tierras en la urbanización San Martín, es muy poca y se está agotando la tierra privada también. Lo que nos queda es la ampliación del ejido. Es una discusión que venimos teniendo desde principios de año, nosotros ya aprobamos en 2017 la ordenanza porque no tenemos más tierra en el ejido. Hay vecinos que están ocupando antes de llegar a Ushuaia en urbanizaciones privadas. Si hoy viniera un inversor a Ushuaia no hay tierras para venderle. Tanto lo privado como lo del Estado, sea provincial o municipal, está agotado. Estamos desafectando espacios verdes para poder brindar soluciones habitacionales”, advirtió.

“El límite nuestro es el mar, la montaña, el Parque Nacional y el río Olivia. No tenemos forma de seguir hacia la montaña o hacia el parque nacional ni hacia el mar. Nosotros planteamos la ampliación hasta Almanza para generar un circuito productivo, habitacional, turístico y económico, unificando las tres rutas. Si me dicen que no se va a poder unificar todo eso tampoco sirve; hay que ampliar unificando las tres rutas, y dentro de este circuito hay 13 mil hectáreas con capacidad de urbanización, como el sector de Estancia Remolino. Es mucho más factible de urbanizar que la montaña porque es más plano, tampoco hay zona de rocas y tenemos que buscar alternativas. El ejido no da para más y ampliar el ejido solamente para cobrar impuestos sobre la ruta 3 no sirve”, insistió.

La discusión en la Legislatura sobre este tema viene demorada. “Estamos esperando que terminen de conformar la comisión de análisis y seguramente vamos a ir a plantear nuestro proyecto. El legislador Furlan ya presentó un proyecto y lo ha dicho públicamente, que prevé juntar las tres rutas y generar una proyección a 30 ó 50 años. Va a ser un nuevo circuito que le va a brindar un beneficio a la ciudad. En Ushuaia no tenemos otra proyección y hoy dependemos del empleado público. Todos saben que la ciudad es netamente turística porque las fábricas están en Río Grande y son contados los puestos privados que hay. Hay que buscar nuevas fuentes de sostenimiento económico porque esta pandemia ha mostrado todas las falencias de Ushuaia, donde no se ha proyectado a futuro”, sostuvo.

 

Traslado del control policial

 

En otro orden de cosas, hizo referencia a la última sesión ordinaria, en la que se aprobó por unanimidad el estudio de corrimiento del control policial. “Hoy hay barrios delante del control policial y hay urbanizaciones privadas antes de llegar a Ushuaia. Hay vecinos de ese sector que tienen que venir a la ciudad cuatro o cinco veces al día y se encuentran con los controles policiales. El control policial está más que nada para los transportes de pasajeros, transportes de carga, vehículos particulares y se ha tornado en un problema para estos vecinos. Además el crecimiento de la ciudad va hacia ese sector y el control policial debería estar a unos siete u ocho kilómetros de distancia. Eso es lo que estamos pidiendo, y este tema lo han aceptado con agrado porque cada vez que van a un camping en Monte Olivia tienen que pasar por el control policial y se ha tornado engorroso. Esperamos que se traslade y se ubique como ocurre en Río Grande o Tolhuin, donde están fuera de la ciudad. También a la policía trasladar este puesto les va a simplificar el trabajo porque no van a tener que controlar a todos los que se mueven dentro de la ciudad”, expresó.

“Nosotros pedimos que se ubique en la Mosca Loca, pasando el Monte Olivia, donde estaba antiguamente Gendarmería Nacional. Está bastante alejado de la ciudad y solucionaría el problema cotidiano de los vecinos”, concluyó Pino.

 

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