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Con impulso del PJ, se aprobó el envío automático de coparticipación a municipios y transferencias inmediatas a OSEF. La medida tensiona la relación con el Ejecutivo y responde a una demanda histórica de las intendencias. El proyecto, promovido por el legislador Juan Carlos Pino, obtuvo 9 votos afirmativos y ahora será girado al Poder Ejecutivo para su promulgación, en un escenario político atravesado por tensiones en torno al manejo de los recursos públicos.

Ushuaia.- En una votación que marca un punto de inflexión en la relación entre el Ejecutivo provincial y los municipios, la Legislatura de Tierra del Fuego aprobó la denominada “Ley de Goteo”, una iniciativa impulsada por el bloque justicialista que establece la transferencia automática y diaria de los fondos coparticipables a las intendencias.

El proyecto, promovido por el legislador Juan Carlos Pino, obtuvo 9 votos afirmativos y ahora será girado al Poder Ejecutivo para su promulgación, en un escenario político atravesado por tensiones en torno al manejo de los recursos públicos.

Fin a la discrecionalidad

Más allá de su carácter técnico, la ley tiene una fuerte carga política: busca terminar con la discrecionalidad en el envío de fondos a los municipios, una práctica cuestionada durante años por intendentes y sectores sindicales.

“Este proyecto viene a regularizar una situación de hace mucho tiempo. Son fondos que les corresponden a los municipios”, sostuvo Pino, al tiempo que detalló que los retrasos en la coparticipación han oscilado entre 20 y 35 días, llegando incluso a los 70 en algunos casos.

El dato no es menor. Según el legislador, la deuda acumulada alcanzó cifras millonarias: más de 12.500 millones de pesos con Ushuaia y 14.500 millones con Río Grande, lo que evidencia el impacto financiero que estos retrasos generan en las arcas municipales.

Autonomía municipal vs. caja provincial

La Ley de Goteo no implica una redistribución de recursos, sino un cambio en la forma en que se administran. Sin embargo, en la práctica, limita la capacidad del Ejecutivo de administrar los tiempos de transferencia, una herramienta clave en la dinámica política y financiera.

“Esto no le saca un peso al Gobierno provincial, sino que garantiza que cada municipio reciba lo que le corresponde”, insistió Pino. No obstante, el trasfondo es claro: se trata de una disputa por el control y la previsibilidad de los recursos en un contexto de crisis.

La iniciativa, además, formaliza por ley un mecanismo que hasta ahora se regía por resoluciones administrativas, sujetas a modificaciones discrecionales.

OSEF: urgencia y crisis

En paralelo, la Legislatura aprobó por amplia mayoría un esquema de transferencias inmediatas para la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF), que atraviesa una delicada situación financiera.

La medida establece que los aportes personales y patronales deberán transferirse dentro de las 48 horas posteriores al pago de salarios, con el objetivo de evitar demoras que profundicen el déficit del sistema.

“La obra social atraviesa una grave crisis y buscamos garantizar que los fondos lleguen en tiempo y forma”, explicó Pino, en una señal de consenso político frente a uno de los problemas más sensibles de la provincia.

Un nuevo escenario político

La aprobación de la Ley de Goteo no solo responde a un reclamo histórico de los municipios, sino que también redefine el equilibrio de poder en la provincia. Al garantizar transferencias automáticas, se fortalece la autonomía municipal y se reduce el margen de maniobra del Ejecutivo.

Ahora, la decisión final quedará en manos del Gobierno provincial, que deberá definir si promulga la norma o abre un nuevo capítulo de tensión institucional.

En cualquier caso, el mensaje político ya está sobre la mesa: la Legislatura avanzó sobre uno de los núcleos más sensibles del poder —la administración de los recursos— en un contexto donde la crisis económica exige reglas más claras, previsibilidad y, sobre todo, confianza entre los distintos niveles del Estado.