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La presidente del bloque de La Libertad Avanza respaldó la decisión de la Legislatura de rechazar el veto parcial de Gustavo Melella y sostuvo que no es razonable mantener gastos de representación en la Caja Compensadora mientras más de 540 familias llevan casi un año sin cobrar haberes complementarios. “La dirigencia también tiene que dar señales de empatía y compromiso”, afirmó Natalia Gracianía, quien antes de la sesión recibió a los familiares de los ex policías territoriales.

Ushuaia.- El Parlamento fueguino volvió a aprobar por insistencia la norma que busca aliviar la situación de retirados y pensionados de las fuerzas policiales del ex territorio nacional. Pablo Villegas y Natalia Gracianía cuestionaron los gastos de representación de la Caja Compensadora mientras más de 540 familias llevan casi un año sin cobrar haberes complementarios.

El debate

La Legislatura de Tierra del Fuego insistió este viernes con la sanción de la ley destinada a acompañar la situación de los retirados y pensionados de las fuerzas policiales del ex territorio nacional, rechazando así el veto parcial impuesto por el gobernador Gustavo Melella mediante el Decreto Provincial 882/26.

La iniciativa, cuyo proyecto original fue impulsado por el legislador Matías Lapadula (Bloque Provincia Grande), había sido parcialmente vetada por el Ejecutivo provincial, especialmente en el artículo vinculado a la eliminación de gastos de representación y viáticos de las autoridades de la Caja Compensadora policial.

Antes del inicio de la sesión, la presidente del bloque de La Libertad Avanza, Natalia Gracianía, recibió junto a otros legisladores a familiares y representantes de ex policías territoriales que reclaman desde hace meses el pago de sus haberes previsionales complementarios.

Actualmente, alrededor de 540 familias atraviesan una situación crítica luego de casi un año sin percibir los montos correspondientes a la Caja Compensadora policial provincial.

Uno de los primeros en fundamentar la insistencia fue el legislador del Movimiento Popular Fueguino, Pablo Villegas, quien explicó que la eliminación de los gastos de representación del directorio de la Caja responde al contexto social y financiero que atraviesan los beneficiarios del sistema.

“Hoy es un sinsentido y realmente surge con un alto contenido de injusticia que quienes conducen la Caja perciban gastos de representación y viáticos cuando desde hace un año no se están pagando los haberes complementarios previsionales a viudas de policías territoriales o a policías territoriales”, sostuvo.

Villegas recordó además que durante el tratamiento en comisión las propias autoridades de la Caja informaron que esos conceptos representan aproximadamente 18 millones de pesos mensuales.

“Lo hacemos con la clara intención de que esos 18 millones de pesos mensuales puedan ser afectados, aunque sea proporcionalmente, al pago de esa deuda que se tiene con los policías territoriales”, afirmó.

Posteriormente tomó la palabra Gracianía, quien agradeció tanto a Lapadula como a Villegas por impulsar una iniciativa que —según remarcó— busca dar respuesta a una situación “muy dolorosa” para cientos de familias fueguinas.

“La situación que atraviesan estas familias es absolutamente ajena a su voluntad. No se endeudaron por irresponsables ni porque quisieron incumplir obligaciones, sino porque dejaron de percibir parte de sus haberes jubilatorios”, expresó.

La legisladora explicó que los policías territoriales retirados cobran una parte de sus ingresos desde la Caja Federal y otra desde la Caja Compensadora provincial, habiendo realizado aportes durante años a ambos sistemas previsionales.

“Han trabajado con mucho esfuerzo en los años más difíciles de Tierra del Fuego y siempre manifiestan el profundo honor que significó servir a la provincia”, señaló.

Gracianía describió además el deterioro económico y emocional que atraviesan muchas familias afectadas, especialmente viudas de ex policías.

“Ya hace casi un año que están pasando una situación realmente muy difícil, muy dolorosa, que está dejando secuelas no solamente económicas sino mucho más profundas”, afirmó.

La parlamentaria recordó que la Legislatura recibió en tres oportunidades a representantes de los retirados y pensionados policiales, y cuestionó que durante varias convocatorias las autoridades de la Caja y representantes del Ejecutivo no asistieran a brindar explicaciones.

“Dos veces nos quedamos esperando que quienes conducen la Caja policial y representantes del Gobierno provincial se hicieran presentes para explicar cómo se iba a afrontar esta situación”, señaló.

En relación al artículo vetado por el Ejecutivo, Gracianía sostuvo que la discusión no responde a una persecución personal contra las autoridades del organismo, sino a una cuestión ética y de responsabilidad institucional.

“Frente a una situación tan delicada, se nos planteó una cuestión ética”, manifestó.

La legisladora remarcó que mientras existen viudas que no perciben absolutamente ningún ingreso complementario, el directorio del organismo continúa cobrando gastos de representación y viáticos por alrededor de 18 millones de pesos mensuales.

“Entendimos que era necesario dar un gesto respecto de un dinero que se está gastando en una Caja policial que, según manifestó el propio jefe de Gabinete, está quebrada”, afirmó.

Además, rechazó uno de los argumentos centrales del veto parcial del Ejecutivo, que advertía que eliminar esos conceptos podría afectar el funcionamiento institucional del organismo.

“Ningún organismo público puede sostener que su funcionamiento depende exclusivamente del cobro de gastos de representación o viáticos por parte de sus autoridades”, sostuvo.

Según explicó, la norma vetada no elimina salarios ni desmantela la estructura administrativa de la Caja, sino que únicamente suspende beneficios accesorios vinculados a gastos de representación y viáticos.

“Cuando una institución atraviesa una crisis financiera y previsional, la dirigencia también tiene que dar señales de responsabilidad, empatía y compromiso con la realidad que viven los beneficiarios del sistema”, expresó.

Gracianía recordó además que la deuda acumulada con los retirados y pensionados ya supera los 6.600 millones de pesos y reconoció que el ahorro generado por la eliminación de esos gastos no resolverá integralmente el problema.

“Sabemos que con ese ahorro no se va a pagar toda la deuda, pero ojalá que esos 18 millones de pesos por mes puedan redistribuirse entre quienes deben cobrar lo que les corresponde”, señaló.

Finalmente, la Legislatura aprobó por mayoría la insistencia sobre la ley original sancionada el pasado 30 de abril, dejando firme el artículo vetado parcialmente por el Ejecutivo provincial.