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El Ejecutivo provincial rechazó la norma aprobada por la Legislatura que establecía transferencias automáticas y diarias de fondos coparticipables a los municipios. Desde el Ministerio de Economía, su titular Alejandro Barrozo, sostuvo que el mecanismo es “inviable” desde el punto de vista financiero, técnico y administrativo, y alertó sobre posibles impactos en servicios esenciales como salud, educación y seguridad.

Ushuaia.- El Poder Ejecutivo Provincial resolvió vetar la ley que disponía la implementación de un sistema de transferencia automática y diaria de fondos coparticipables a los municipios, al considerar que el mecanismo resulta “institucional, operativa y financieramente inviable” y que, además, podría comprometer seriamente el funcionamiento integral del Estado provincial.

La decisión fue acompañada por un duro pronunciamiento del ministro de Economía, Alejandro Barrozo Marte, quien sostuvo que la norma aprobada por la Legislatura “pone en peligro la prestación de servicios básicos del Estado”.

“Esta ley es inviable desde todo punto de vista”, afirmó el funcionario, quien explicó que el problema no se limita únicamente a la cuestión financiera, sino también a las dificultades administrativas y operativas que implicaría aplicar un esquema de distribución automática diaria.

“No solo es imposible de cumplir desde el punto de vista económico, sino que desde el punto de vista administrativo y operativo no se puede determinar diariamente qué fondos de los enviados por Nación corresponden efectivamente a los municipios”, remarcó Barrozo.

El titular de la cartera económica buscó además despejar interpretaciones políticas sobre la medida y aseguró que “este veto no es contra los municipios ni mucho menos”, sino que responde a “cuestiones institucionales y financieras” que, según señaló, históricamente ya demostraron la imposibilidad de aplicar un mecanismo de estas características en Tierra del Fuego.

“No está en discusión la coparticipación”

En los fundamentos del veto, el Ejecutivo aclaró que la discusión no gira en torno a los recursos que les corresponden a los municipios por coparticipación, sino sobre la implementación de un esquema “rígido y automático” que, según los informes técnicos incorporados al análisis, no puede ejecutarse sin afectar la administración financiera provincial.

Tanto la Contaduría General de la Provincia como el Ministerio de Economía y los servicios jurídicos del Ejecutivo coincidieron en advertir sobre la falta de viabilidad técnica y operativa del sistema aprobado.

Uno de los puntos centrales observados por la Contaduría General refiere a la imposibilidad de efectuar transferencias automáticas diarias sin contemplar previamente los procesos de control, registración y determinación definitiva de los fondos coparticipables.

Según se indicó, avanzar con ese esquema podría derivar incluso en transferencias indebidas o en la afectación de recursos que poseen asignaciones específicas determinadas por ley.

Riesgo para servicios esenciales y emergencias

Otro de los argumentos expuestos por el Gobierno provincial está vinculado al impacto que el mecanismo podría generar sobre áreas consideradas esenciales para el funcionamiento del Estado.

En ese sentido, el veto sostiene que la Provincia administra recursos destinados al sostenimiento de servicios fundamentales como salud, educación, seguridad, infraestructura y servicios públicos, por lo que la implementación de un sistema compulsivo y sin flexibilidad financiera podría afectar seriamente la capacidad operativa estatal, particularmente en el actual contexto económico.

Los fundamentos también advierten que un esquema de “goteo diario” impediría a la Provincia contar con márgenes financieros suficientes para responder ante situaciones extraordinarias o emergencias, pudiendo incluso comprometer derechos fundamentales de la población.

“Podría afectarse la capacidad del Estado para atender situaciones que comprometan la vida y la integridad de las personas”, señalaron desde el Ejecutivo.

Cuestionamientos constitucionales

Además de los aspectos financieros y operativos, el veto incorpora objeciones institucionales y constitucionales respecto de la ley sancionada por la Legislatura.

Según se argumentó, la norma avanza sobre facultades propias del Poder Ejecutivo y altera el funcionamiento de la administración financiera provincial al intentar imponer automatismos que desconocen los mecanismos técnicos de control establecidos tanto en la Constitución Provincial como en las leyes vigentes.

Finalmente, el Gobierno sostuvo que la decisión de vetar la iniciativa constituye “un acto de responsabilidad política e institucional” destinado a preservar el equilibrio financiero de la Provincia y garantizar la continuidad de los servicios esenciales que presta el Estado.