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El Poder Ejecutivo provincial rechazó la ley sancionada por la Legislatura que buscaba dejar sin efecto el proceso de reforma parcial de la Constitución fueguina. Desde el Gobierno sostuvieron que la convocatoria ya activó un proceso constitucional en marcha y advirtieron que interrumpirlo vulneraría derechos políticos, generaría inseguridad institucional y afectaría el normal desarrollo del proceso electoral convocado para elegir convencionales constituyentes.

Ushuaia.- El Poder Ejecutivo Provincial vetó la ley aprobada en la última sesión de la Legislatura que intentaba dejar sin efecto la convocatoria al proceso de reforma parcial de la Constitución Provincial, al considerar que la medida resulta contraria a principios institucionales, democráticos y jurídicos fundamentales previstos en la propia Carta Magna fueguina.

En los fundamentos del veto, el Gobierno sostuvo que la reforma constitucional no constituye una ley ordinaria susceptible de ser derogada por una mayoría simple, sino un proceso institucional excepcional ya puesto en marcha conforme a los mecanismos establecidos por la Constitución Provincial.

Desde el Ejecutivo remarcaron que la declaración de necesidad de reforma fue aprobada oportunamente por la Legislatura con la mayoría agravada requerida constitucionalmente y que, posteriormente, el Poder Ejecutivo avanzó con el decreto de convocatoria a elecciones de convencionales constituyentes, dando inicio formal al proceso constituyente derivado.

“Lo que se activó no fue una ley común, sino el mecanismo constitucional previsto para habilitar el funcionamiento del poder constituyente derivado”, señalaron desde el Gobierno provincial.

“No se puede quitar el derecho a elegir y ser elegido”

Uno de los funcionarios que salió públicamente a respaldar el veto fue el ministro Jefe de Gabinete, Jorge Canals, quien cuestionó con dureza la decisión adoptada por la Legislatura.

“Lo que ha resuelto el Poder Legislativo es inconstitucional desde el mismo momento del tratamiento”, afirmó el funcionario, al sostener que la convocatoria a la reforma “no es una ley simple ni una ley común, sino la puesta en marcha de un proceso superior vinculado a derechos constitucionales”.

Canals remarcó además que la discusión excede una diferencia política coyuntural y se vincula directamente con derechos fundamentales de la ciudadanía.

“No se puede quitar el derecho al vecino a elegir o a ser elegido”, sostuvo.

Asimismo, defendió la legalidad del proceso impulsado por el Ejecutivo y aseguró que “todo se ha dado dentro del marco de la ley y la Constitución”.

En esa línea, el ministro subrayó que el veto constituye “una defensa del proceso democrático, de la institucionalidad y del derecho de la ciudadanía fueguina a participar en una discusión trascendental para el futuro de la provincia”.

El Gobierno advierte sobre “inseguridad institucional”

El texto del veto sostiene además que la norma sancionada por la Legislatura no busca simplemente derogar una ley ordinaria, sino interrumpir un proceso constitucional ya iniciado y desconocer decisiones institucionales adoptadas válidamente conforme al procedimiento previsto por la Constitución Provincial.

Según el Ejecutivo, permitir este tipo de interrupciones generaría una fuerte inseguridad institucional, ya que abriría la puerta a que mayorías circunstanciales puedan revertir procesos constitucionales previamente habilitados, alterando reglas fundamentales de acuerdo a coyunturas políticas transitorias.

En ese sentido, el Gobierno provincial alertó sobre las consecuencias que podría tener la paralización de un proceso electoral ya convocado formalmente.

Actualmente se encuentra vigente el cronograma para la elección de convencionales constituyentes, por lo que dejar sin efecto la convocatoria “de manera intempestiva” afectaría la previsibilidad institucional y podría vulnerar derechos políticos fundamentales de los ciudadanos.

Defensa de la participación ciudadana

Otro de los ejes centrales del veto está vinculado al derecho de participación política de la ciudadanía fueguina.

En los fundamentos se sostiene que los fueguinos y fueguinas tienen derecho a debatir y decidir democráticamente sobre el futuro de la Constitución Provincial, ya sea eligiendo a sus representantes constituyentes o postulándose para integrar el proceso reformador.

El Ejecutivo insistió en que la discusión sobre la reforma debe desarrollarse dentro de los mecanismos institucionales previstos por el orden constitucional y mediante la participación popular en las urnas.

De este modo, el Gobierno provincial ratificó su decisión de sostener el proceso de reforma parcial de la Constitución y dejó planteado un nuevo capítulo en el fuerte conflicto político e institucional abierto entre el Ejecutivo y la Legislatura en torno a la continuidad del proceso constituyente en Tierra del Fuego.