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La Juez federal Mariel Borruto admitió formalmente la intervención de la Municipalidad de Río Grande en la causa iniciada contra Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum por el proyecto hidrocarburífero León Marino —denominado Sea Lion por las compañías— en la zona de las Islas Malvinas. La ciudad había solicitado incorporarse al expediente como parte interesada para acompañar el planteo ambiental y la defensa de los recursos naturales y los derechos soberanos argentinos en el Atlántico Sur.

Río Grande, 29 de septiembre de 2026.- La Justicia Federal admitió formalmente al Municipio de Río Grande como parte interesada en la causa que tramita contra las petroleras Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited por el proyecto hidrocarburífero León Marino, conocido internacionalmente como Sea Lion.

La decisión fue adoptada por La Juez federal Mariel Borruto y permite que el Municipio intervenga en el proceso iniciado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA). La acción judicial tiene carácter preventivo frente a posibles daños ambientales derivados del desarrollo petrolero proyectado aproximadamente a 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas.

El intendente Martín Pérez dio a conocer la novedad a través de sus redes sociales, luego de que el Municipio hubiera solicitado semanas atrás su incorporación formal al expediente.

De la presentación a la admisión judicial

El Municipio, a través de su Asesoría Letrada, se había presentado ante el Juzgado Federal de Río Grande el pasado 11 de septiembre solicitando intervenir como parte interesada.

En aquella oportunidad fundamentó su presentación, entre otros aspectos, en su condición de municipio ribereño del Mar Argentino y en las obligaciones que establece la Carta Orgánica Municipal respecto de la protección del ambiente, los recursos naturales y los intereses de la ciudad.

La decisión conocida ahora implica que aquella solicitud fue admitida y que Río Grande podrá intervenir formalmente en el proceso judicial.

De esta manera, el Municipio acompañará el reclamo promovido originalmente por el CECIM La Plata y la AAdeAA, que llevaron ante la Justicia Federal el proyecto que Rockhopper y Navitas pretenden desarrollar en el Atlántico Sur.

Una causa que ya tuvo una decisión de peso

La incorporación de Río Grande se produce en el marco de una causa en la que La Juez Borruto ya adoptó una medida cautelar de relevancia.

El 16 de septiembre, la magistrada ordenó a Rockhopper y Navitas abstenerse de iniciar, continuar o ejecutar actos materiales vinculados con León Marino mientras avanza el proceso judicial. La resolución comprendió las actividades de perforación y las instalaciones previstas para el desarrollo hidrocarburífero.

La medida tiene carácter cautelar y, por lo tanto, no constituye todavía una sentencia definitiva sobre el fondo de la demanda ni sobre la responsabilidad de las compañías.

La causa plantea, entre otras cuestiones, la ausencia de un procedimiento de evaluación de impacto ambiental ante las autoridades argentinas y la aplicación de la legislación nacional correspondiente a las actividades hidrocarburíferas y la protección ambiental.

Ambiente, recursos naturales y soberanía

Uno de los fundamentos de la intervención de Río Grande está relacionado con los eventuales efectos que una explotación hidrocarburífera de esta magnitud podría generar sobre los ecosistemas y la biodiversidad del Atlántico Sur.

A ello se suma la cuestión vinculada con los recursos naturales y los derechos soberanos que la Argentina reivindica sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.

Para el Municipio, su condición de ciudad asentada sobre la costa atlántica constituye además un elemento central para justificar su participación en una causa cuyos posibles efectos ambientales trascienden el área específica donde se proyecta la explotación.

Río Grande tendrá intervención formal en el expediente

La admisión judicial abre una nueva etapa respecto de la participación de la ciudad. Río Grande ya no se encuentra solamente ante una expresión institucional o una presentación realizada ante el Juzgado, sino que podrá intervenir formalmente en el expediente y aportar sus argumentos dentro del proceso judicial.

La decisión suma así la representación institucional del Municipio a una causa en la que convergen cuestiones ambientales, explotación de recursos naturales y el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas y los espacios marítimos del Atlántico Sur.