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Cáritas Argentina, la Pastoral Social y el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen expresaron su “profunda preocupación” por la iniciativa del Gobierno nacional que busca modificar el régimen de tierras rurales. Afirmaron que pone en riesgo la soberanía, el acceso al agua y otros bienes comunes.

Buenos Aires, 3 de agosto de 2026.– La Iglesia Católica argentina se pronunció públicamente contra el proyecto impulsado por el Gobierno nacional para modificar la Ley de Tierras Rurales y advirtió que la iniciativa podría comprometer la soberanía nacional sobre recursos estratégicos, facilitar la venta de tierras a extranjeros y debilitar el rol del Estado en la planificación del territorio.

El pronunciamiento fue difundido mediante una carta abierta titulada “La tierra: madre, hermana y bien común”, firmada por Cáritas Argentina, la Comisión Episcopal de Pastoral Social y el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA), en la que las organizaciones expresan su “profunda preocupación” por el proyecto denominado “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, promovido por el Poder Ejecutivo Nacional y que comenzará a debatirse en el Congreso.

En el documento, dirigido a los legisladores nacionales, las entidades sostienen que la iniciativa “atenta contra la soberanía de nuestra tierra, de nuestros alimentos, de nuestros bienes comunes y el derecho de los pueblos a autodeterminarse”.

Las organizaciones eclesiales fundamentan su posición en la doctrina social de la Iglesia y citan enseñanzas del papa León XIV, del papa Francisco y de San Juan Pablo II, recordando que la tierra no puede ser considerada únicamente como una mercancía o un bien económico, sino como un patrimonio destinado al bienestar de toda la humanidad.

Venta de tierras y recursos estratégicos

Uno de los principales cuestionamientos apunta a la eliminación de las restricciones que actualmente limitan la adquisición de tierras rurales por parte de ciudadanos y empresas extranjeras.

Según advierten, la reforma permitiría una mayor concentración de la propiedad en manos privadas, incluyendo predios que albergan reservas de agua dulce, recursos naturales estratégicos y otras áreas de interés para el desarrollo nacional.

Las entidades también manifestaron preocupación por otros aspectos del proyecto, entre ellos la posibilidad de habilitar el uso inmediato de terrenos afectados por incendios, una situación que hoy se encuentra restringida por la legislación vigente para evitar maniobras especulativas.

Cuestionamientos al rol del Estado

En la carta abierta, las organizaciones sostienen además que la propuesta reduce la capacidad del Estado para planificar el desarrollo territorial, ejecutar obras de infraestructura y garantizar que el uso de la tierra responda al interés general por encima de intereses particulares.

A su entender, la iniciativa fortalece los derechos individuales sobre la propiedad privada sin contemplar suficientemente la función social que, según la doctrina de la Iglesia, debe cumplir la tierra.

“La tierra no es una mercancía ni un simple recurso económico”, señala el documento, que retoma conceptos de la encíclica Laudato Si’ del papa Francisco y sostiene que “cuidar la tierra es cuidar la vida”.

Un nuevo actor en el debate

El pronunciamiento de Cáritas, la Pastoral Social y ENDEPA incorpora a la Iglesia Católica como uno de los actores institucionales que fijaron posición frente al proyecto oficial, en un debate que ya reúne cuestionamientos de organizaciones sociales, sectores ambientalistas y distintos espacios políticos.

La iniciativa del Gobierno nacional será analizada en los próximos días por el Congreso, donde se espera un intenso debate en torno al régimen de propiedad de las tierras rurales, la protección de los recursos estratégicos y el alcance de las modificaciones propuestas.