La presunta visita de representantes de la unión transitoria de empresas Murata S.A.–Interserv Seguridad S.R.L. al Puerto de Ushuaia reavivó la controversia por la intervención nacional de la terminal. El procedimiento licitatorio, cuyo presupuesto asciende a $3.978 millones para doce meses de vigilancia, establece requisitos de radicación local que podrían resultar determinantes para la admisión de ofertas. Mientras se aproxima el plazo del 11 de noviembre, surgen cuestionamientos sobre la transparencia del proceso, la participación de empresas fueguinas y la continuidad de la administración federal del puerto.
Ushuaia, 28 de octubre de 2026.- La intervención nacional del Puerto de Ushuaia vuelve a quedar en el centro de la discusión a partir de informaciones sobre una presunta visita técnica de representantes vinculados a la unión transitoria de empresas (UTE) integrada por Murata S.A. e Interserv Seguridad S.R.L., en el marco de una licitación para contratar servicios de vigilancia en la terminal portuaria.
De acuerdo con un informe difundido sobre la situación del puerto, personal relacionado con ambas firmas habría recorrido las instalaciones durante una instancia de reconocimiento técnico previa a la presentación de ofertas de la Licitación Pública 15-2026.
La información no incluye documentación que permita confirmar de manera independiente la identidad de los visitantes ni acredita que la UTE haya presentado una oferta formal. Sin embargo, el episodio plantea interrogantes sobre las condiciones de participación previstas en el procedimiento y la aplicación de los requisitos establecidos para las empresas interesadas.
Un contrato de vigilancia por casi $4.000 millones
La licitación mencionada contempla un presupuesto de $3.978.620.726,40 para la prestación de servicios de vigilancia durante doce meses.
El procedimiento es identificado en el informe mediante el expediente EX-2026-42513756-APN-MEG#AGP, vinculado a la Administración General de Puertos (AGP).
Uno de los aspectos centrales de la controversia es la exigencia de que las empresas participantes cuenten con presencia efectiva en Ushuaia.
Según el documento, el artículo 5°, inciso h, del Pliego de Bases y Condiciones Particulares establece expresamente:
“Que el Oferente posea su sede central o base de operaciones en la ciudad de Ushuaia. No se admitirán ofertas de Empresas radicadas fuera de dicha jurisdicción, aun cuando declaren la intención de radicarse en caso de resultar adjudicatarias.”
De confirmarse la vigencia y aplicación de esta cláusula en los términos citados, la radicación local constituiría un requisito relevante para determinar qué empresas se encuentran habilitadas a competir por el contrato.
No obstante, la eventual participación de una firma con domicilio fuera de Tierra del Fuego no permite, por sí sola, establecer un incumplimiento: sería necesario determinar si cuenta con una base de operaciones efectiva en Ushuaia y si satisface las restantes exigencias del pliego.
Murata–Interserv y sus antecedentes contractuales
El informe también señala que Murata S.A. e Interserv Seguridad S.R.L. habrían resultado adjudicatarias de otro procedimiento federal, identificado como Licitación Pública 04-2026, por un monto de $7.892.760.000 más IVA.
La referencia a ese antecedente introduce una dimensión económica adicional en la discusión sobre la contratación de servicios de seguridad portuaria.
Sin embargo, corresponde diferenciar ambos procedimientos: la adjudicación de un contrato anterior no implica que las empresas hayan resultado seleccionadas para prestar servicios en el Puerto de Ushuaia.
Tampoco acredita, por sí misma, una situación irregular en el nuevo proceso.
En este contexto, resulta relevante conocer qué empresas realizaron visitas técnicas, cuáles presentan ofertas y de qué manera se verificará el cumplimiento de los requisitos de radicación y capacidad operativa.
Las exigencias para operar en una terminal estratégica
La seguridad portuaria presenta particularidades vinculadas con el control de accesos, la circulación de personas y vehículos, la protección de instalaciones y el funcionamiento de sectores operativos y fiscales.
En el caso de Ushuaia, estas tareas se desarrollan además en un entorno de condiciones climáticas exigentes y con una actividad estrechamente relacionada con el turismo de cruceros, la logística marítima y las operaciones antárticas.
El documento recibido menciona requisitos de habilitación y supervisión, así como disposiciones de la Prefectura Naval Argentina y certificaciones relacionadas con el Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias (PBIP).
Estas condiciones adquieren especial importancia a la hora de evaluar la capacidad de las empresas para sostener una prestación continua.
La discusión, por lo tanto, no se limita al domicilio administrativo de los oferentes, sino que también comprende su infraestructura, personal, habilitaciones y capacidad de respuesta en la capital fueguina.
La intervención nacional, nuevamente bajo cuestionamiento
La controversia se desarrolla en el contexto de la intervención nacional del Puerto de Ushuaia, una medida que generó diferencias institucionales respecto de las competencias para administrar la terminal.
El informe vincula esa intervención con la Resolución 4/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) y cuestiona los fundamentos utilizados para desplazar a la administración provincial.
En particular, sostiene que las observaciones técnicas y de seguridad invocadas oportunamente fueron discutidas por áreas provinciales.
El documento también plantea sospechas sobre una eventual orientación de las contrataciones hacia empresas radicadas fuera de Tierra del Fuego.
Sin embargo, esas afirmaciones constituyen cuestionamientos formulados en el material recibido y no pueden considerarse hechos comprobados sin documentación adicional, respuestas de los organismos involucrados o antecedentes administrativos que permitan corroborarlas.
La discusión institucional de fondo continúa siendo quién debe administrar la infraestructura portuaria y bajo qué mecanismos de control, fiscalización y rendición de cuentas.
Cuestionamientos que requieren respuestas oficiales
El material también menciona a distintas personas vinculadas, según sus autores, con gestiones y decisiones en el ámbito portuario nacional.
No obstante, no aporta documentación que permita establecer responsabilidades individuales ni demostrar la existencia de acuerdos destinados a favorecer a una empresa determinada.
En consecuencia, cualquier señalamiento de esa naturaleza requiere una verificación específica y la posibilidad de respuesta de los involucrados.
Más allá de esas sospechas, el procedimiento licitatorio ofrece aspectos concretos que pueden ser examinados públicamente: la identidad de los oferentes, las condiciones de admisibilidad, los antecedentes empresariales, las evaluaciones técnicas y los fundamentos de una eventual adjudicación.
La publicación de esa información permitiría despejar dudas y fortalecer la transparencia de una contratación de considerable magnitud económica.
El 11 de noviembre, una fecha clave
De acuerdo con el informe, el plazo previsto para la presentación de ofertas vence el próximo 11 de noviembre.
Esa instancia permitirá conocer qué empresas formalizan su participación en la licitación y, posteriormente, cuáles cumplen con las condiciones exigidas.
La eventual presencia de representantes empresariales durante una visita técnica no constituye una adjudicación ni determina anticipadamente el resultado del procedimiento.
Por ello, será importante establecer si la UTE Murata–Interserv presenta efectivamente una propuesta y, en ese caso, cómo se evalúa su cumplimiento de la cláusula de radicación local.
El reclamo por la restitución de la administración provincial
En paralelo, el informe refleja el reclamo de sectores vinculados con la actividad portuaria para que la Dirección Provincial de Puertos (DPP) recupere la administración integral de la terminal.
Entre los argumentos expuestos se encuentran la defensa de las competencias provinciales, la preservación de los puestos de trabajo y la necesidad de que la actividad económica generada por el puerto tenga impacto en Tierra del Fuego.
La discusión también alcanza a la participación de proveedores locales en las contrataciones vinculadas con el funcionamiento de una infraestructura estratégica para la provincia.
En este escenario, la licitación de vigilancia aparece como un nuevo capítulo de una controversia más amplia sobre la administración, los recursos y el futuro operativo del Puerto de Ushuaia.
La proximidad del vencimiento para presentar ofertas y la magnitud del contrato hacen necesario que las autoridades nacionales den a conocer con claridad las condiciones del procedimiento, garanticen la igualdad de trato entre los participantes y expliquen cómo se verificará el cumplimiento de los requisitos establecidos.
La transparencia de estas decisiones resulta fundamental para despejar interrogantes en torno a una infraestructura de importancia económica, logística y estratégica para Tierra del Fuego y el Atlántico Sur.
Aclaración periodística: La presente nota fue elaborada a partir del documento recibido sobre la situación del Puerto de Ushuaia. Los datos relativos a la presunta visita empresarial, los montos contractuales, los antecedentes licitatorios y el contenido del pliego corresponden a ese material y no fueron corroborados de manera independiente con los expedientes oficiales. Se diferenciaron los hechos informados, los cuestionamientos y las sospechas para evitar presentar acusaciones no verificadas como hechos establecidos.
