El contador Ramón Segundo Gallardo presentó ante el Concejo Deliberante y el Ejecutivo municipal un proyecto de ordenanza que contempla exenciones de hasta el 100% sobre la sobretasa por terrenos baldíos, bonificaciones en derechos de edificación y reducciones del impuesto inmobiliario. La iniciativa también propone implementar un permiso digital provisorio para iniciar obras en 72 horas hábiles, facilitar el acceso a créditos hipotecarios y promover inversiones privadas. El objetivo es recuperar la actividad de la construcción, generar empleo y ayudar a las familias que poseen terrenos pero no cuentan con recursos para edificar sus viviendas.
Río Grande, jueves 5 de noviembre de 2026.- Frente a la creciente preocupación por la pérdida de puestos de trabajo, las dificultades para acceder a una vivienda y la paralización de numerosos proyectos de construcción, el contador Ramón Segundo Gallardo presentó una iniciativa destinada a promover la reactivación de la actividad privada mediante beneficios fiscales, simplificación administrativa y mecanismos de regularización inmobiliaria.
La propuesta, denominada “Comisión Mixta para la Reactivación de la Construcción y Regularización Inmobiliaria”, fue elevada tanto al Concejo Deliberante como al Departamento Ejecutivo Municipal de Río Grande, encabezado por el intendente Martín Pérez.
Durante una entrevista concedida al programa “La Mañana de la Tecno”, emitido por Radio Universidad 93.5 MHz, Gallardo explicó que su principal motivación fue la situación económica que atraviesa Tierra del Fuego, particularmente Río Grande, donde la pérdida de fuentes laborales y las dificultades del sector privado generan una profunda preocupación.
“Mi preocupación, como todo, es la gran falta de fuentes de trabajo que hay en la provincia de Tierra del Fuego y fundamentalmente en Río Grande, donde realmente es más que preocupante”, manifestó.
En ese contexto, consideró que la construcción constituye una de las actividades con mayor capacidad para generar empleo directo e indirecto, movilizar comercios y proveedores de materiales y contribuir a la recuperación económica de la ciudad.
La demanda de terrenos y las dificultades para construir
Gallardo relacionó su propuesta con la necesidad habitacional que existe en Río Grande y mencionó como ejemplo la convocatoria municipal para acceder a terrenos con servicios.
Según recordó, la iniciativa contempló 231 terrenos y registró más de 2.350 postulantes durante las primeras 24 horas, una situación que consideró demostrativa de la importante demanda habitacional.
Sin embargo, advirtió que acceder a un terreno no garantiza que una familia pueda construir su vivienda, especialmente cuando debe afrontar elevados costos de materiales, gastos de escrituración, obligaciones tributarias y dificultades para obtener financiamiento.
En ese sentido, explicó que muchas familias adquirieron terrenos con la intención de levantar su primera vivienda, pero posteriormente quedaron imposibilitadas de comenzar las obras por problemas económicos.
A su entender, la normativa municipal vigente termina perjudicando en algunos casos a quienes no buscan especular con inmuebles, sino concretar un proyecto habitacional.
La sobretasa por baldío: “Estamos al revés”
Uno de los cuestionamientos centrales de Gallardo estuvo dirigido a la sobretasa que se aplica sobre los terrenos baldíos.
El contador explicó que este mecanismo fue concebido originalmente para desalentar la especulación inmobiliaria y promover la utilización efectiva del suelo urbano.
Sin embargo, consideró que su aplicación generalizada termina afectando también a propietarios que no construyen porque carecen de recursos económicos.
Durante la entrevista señaló que, según los períodos de permanencia del terreno sin edificar, los recargos pueden representar varias veces el impuesto inmobiliario.
“Estamos al revés”, expresó al comparar esta situación con las políticas de incentivo a la construcción implementadas en otras jurisdicciones.
Gallardo sostuvo que muchas familias deben afrontar deudas tributarias acumuladas sobre terrenos adquiridos legítimamente, mientras intentan reunir los fondos necesarios para iniciar las obras.
También mencionó casos de propietarios que necesitan escriturar sus lotes para acceder a créditos hipotecarios, pero encuentran dificultades económicas y administrativas para completar ese trámite.
Suspensión de la sobretasa durante 24 meses
El artículo 3º del proyecto establece la suspensión del cobro de la sobretasa o recargo por lote baldío durante un período de 24 meses, mediante un sistema de beneficios diferenciados.
La propuesta contempla una exención del 100% para adjudicatarios o propietarios de un único terreno destinado a vivienda familiar que acrediten condiciones de vulnerabilidad socioeconómica.
Para los asalariados y trabajadores de clase media que posean un único lote destinado a su primera vivienda familiar y demuestren dificultades económicas para construir, se establece una exención del 75%.
Por otra parte, se propone una exención de hasta el 70% para parcelas destinadas a proyectos comerciales, residenciales multifamiliares o inversiones productivas, condicionada al inicio efectivo de las obras dentro de los plazos que determine la reglamentación.
Gallardo aclaró que se trata de medidas temporales, destinadas a facilitar el inicio de construcciones y evitar que las obligaciones fiscales continúen incrementando las deudas de familias que atraviesan dificultades.
Facilidades para regularizar deudas y acceder a créditos hipotecarios
El proyecto también contempla la posibilidad de establecer planes especiales de regularización de deudas correspondientes a la sobretasa por baldío.
En su artículo 4º, faculta al Departamento Ejecutivo Municipal, previo informe de la comisión mixta propuesta, a otorgar quitas de hasta el 100% sobre recargos e intereses acumulados por ese concepto para determinados beneficiarios.
La intención es facilitar que los propietarios puedan regularizar su situación dominial y tributaria, avanzar con la escrituración de sus terrenos y reunir las condiciones necesarias para solicitar financiamiento hipotecario.
Gallardo valoró la moratoria implementada por la Municipalidad de Río Grande, aunque sostuvo que resulta necesario complementarla con medidas que impidan que las deudas vuelvan a acumularse cuando los propietarios continúan imposibilitados de construir.
Para acceder a los beneficios, la iniciativa establece requisitos documentales relacionados con la situación económica y patrimonial de los solicitantes.
Entre ellos se contemplan certificaciones de ingresos, documentación de organismos sociales, acreditación de propiedad única y declaraciones juradas sobre el destino habitacional del terreno.
Bonificaciones de hasta el 100% en derechos de edificación
Otra de las herramientas propuestas consiste en reducir los costos administrativos que deben afrontar quienes desean iniciar una construcción.
El artículo 6º contempla una bonificación extraordinaria del 100% en derechos de edificación, tasas de relevamiento, visados catastrales y derechos de oficina para proyectos de vivienda única familiar de hasta 120 metros cuadrados, presentados por beneficiarios de las categorías previstas en el artículo 3º, incisos a) y b).
Asimismo, establece bonificaciones de hasta el 50% para construcciones destinadas a locales comerciales, oficinas, galpones industriales o complejos residenciales de alquiler.
La iniciativa busca incentivar tanto la construcción de viviendas familiares como las inversiones privadas capaces de generar movimiento económico y nuevas fuentes de empleo.
Reducción del impuesto inmobiliario para nuevas construcciones
El proyecto incorpora también una reducción de hasta el 50% en la tasa del impuesto inmobiliario para parcelas que inicien obras de construcción privadas, comerciales o residenciales.
El beneficio se extendería durante el período fiscal de ejecución de las obras y hasta la obtención del correspondiente final de obra, con un límite máximo de 24 meses.
Gallardo explicó que este tipo de incentivos ya se aplica en diferentes provincias y municipios del país, donde se procura estimular la inversión privada mediante reducciones temporales de la carga tributaria.
Durante la entrevista mencionó experiencias de Chubut, Chaco, Santa Fe y Córdoba, además de municipios como Bariloche, San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Villa Carlos Paz y Río Cuarto.
Según sostuvo, esas políticas constituyen antecedentes que podrían ser considerados para adaptar mecanismos similares a la realidad económica y climática de Río Grande.
Permiso de Obra Exprés Digital: iniciar una construcción en 72 horas hábiles
Uno de los aspectos más novedosos de la propuesta es la creación de un sistema denominado “Permiso de Obra Exprés Digital”.
La iniciativa plantea que profesionales matriculados, como arquitectos, ingenieros y maestros mayores de obra, puedan presentar digitalmente la documentación técnica básica requerida y obtener un permiso provisorio de inicio de obra en un plazo máximo de 72 horas hábiles.
Este mecanismo permitiría comenzar los trabajos bajo responsabilidad civil y profesional del firmante, sin perjuicio de las inspecciones y controles posteriores de las áreas técnicas municipales.
Gallardo explicó que actualmente los trámites administrativos pueden demandar varios meses, situación que se agrava cuando las demoras coinciden con la temporada invernal.
Según relató, existen casos en los que la obtención de autorizaciones puede extenderse durante seis o siete meses y, si se suma la veda climática, el inicio efectivo de una construcción puede demorarse considerablemente.
La propuesta busca reducir esos tiempos mediante herramientas digitales y procedimientos administrativos más ágiles, manteniendo los controles técnicos y las responsabilidades profesionales.
Revisión de exigencias técnicas y articulación con Camuzzi
El proyecto también propone revisar determinados requisitos técnicos vinculados con las conexiones domiciliarias y comerciales de agua y cloacas.
Gallardo sostuvo que algunas exigencias sobre materiales y componentes pueden representar costos elevados para los propietarios, especialmente cuando no se utilizan en su totalidad.
Por ese motivo, el artículo 10º encomienda a la Dirección de Obras Sanitarias Municipal revisar y simplificar las exigencias, priorizando materiales modernos y de menor costo, sin comprometer las condiciones de seguridad y durabilidad.
Asimismo, el artículo 11º propone invitar formalmente a Camuzzi Gas del Sur a integrar mesas técnicas de trabajo junto a la comisión mixta, con el objetivo de agilizar trámites de habilitación de medidores y finales de obra.
El contador consideró que estas medidas permitirían reducir obstáculos administrativos y económicos que actualmente dificultan la concreción de proyectos habitacionales y comerciales.
Una comisión mixta con participación municipal, legislativa y profesional
La iniciativa contempla la creación de una Comisión Mixta para la Reactivación de la Construcción y Regularización Inmobiliaria.
Según el artículo 2º, estaría integrada por dos representantes del Departamento Ejecutivo Municipal, pertenecientes a las áreas de Obras Públicas y Catastro; tres integrantes del Concejo Deliberante, garantizando representación pluripartidaria; y dos representantes del Colegio de Escribanos de Tierra del Fuego.
También se prevé la participación de un representante del Colegio de Arquitectos y/o del Colegio de Ingenieros o Técnicos de la provincia, en carácter de invitado permanente.
Este organismo tendría como finalidad diseñar, implementar y fiscalizar las medidas de alivio fiscal y simplificación administrativa contempladas en la ordenanza.
Gallardo señaló que la propuesta está abierta a modificaciones y aportes de los equipos técnicos municipales y de los distintos sectores involucrados.
Penalidades para evitar la especulación inmobiliaria
El proyecto no se limita a establecer beneficios fiscales, sino que incorpora mecanismos destinados a impedir su utilización con fines especulativos.
En particular, contempla plazos para el inicio efectivo de las construcciones y la posibilidad de suspender su cómputo durante la veda invernal.
Para determinados proyectos comerciales y de inversión, el plazo máximo para comenzar las obras sería de 180 días, mientras que para las categorías de vivienda única se contempla un período de gracia de 12 meses.
La iniciativa establece que el incumplimiento injustificado de los plazos o la paralización de las obras durante períodos superiores a 90 días, con las excepciones previstas, podría provocar la caducidad automática de los beneficios.
En esos casos, se propone la restitución de los importes tributarios bonificados, con los intereses correspondientes, además de sanciones relacionadas con la sobretasa por baldío.
También se contempla la suspensión del registro municipal de constructores, por hasta dos años, para profesionales que utilicen documentación falsa o simulen el inicio de una obra con el propósito de eludir obligaciones fiscales.
De esta manera, Gallardo busca diferenciar a quienes realmente pretenden construir de aquellos que podrían utilizar los incentivos para mantener terrenos ociosos con fines especulativos.
Una tarifa social notarial para facilitar las escrituras
Otro de los aspectos incorporados al proyecto es la posibilidad de establecer una “Tarifa Social Notarial”.
La iniciativa propone invitar al Colegio de Escribanos de Tierra del Fuego a suscribir convenios específicos con el Municipio para reducir los costos de escrituración y constitución de garantías hipotecarias.
El objetivo es facilitar el acceso a los títulos de propiedad y disminuir las barreras económicas que enfrentan las familias para solicitar créditos destinados a la construcción de su primera vivienda.
Gallardo explicó que, en numerosos casos, los propietarios no pueden acceder al financiamiento bancario porque todavía no cuentan con la escritura correspondiente.
Por ese motivo, consideró necesario abordar conjuntamente los costos tributarios, administrativos y notariales.
El financiamiento hipotecario como oportunidad para reactivar la actividad
Durante la entrevista, Gallardo también se refirió a las iniciativas nacionales destinadas a ampliar el financiamiento hipotecario.
En ese contexto, mencionó un esquema de utilización de recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES para favorecer la disponibilidad de fondos bancarios de largo plazo.
Según explicó, el mecanismo permitiría mejorar las condiciones de financiamiento de las entidades participantes, que habitualmente captan depósitos a plazos mucho más cortos que los correspondientes a los créditos hipotecarios.
Gallardo mencionó condiciones de referencia de hasta 15 años de financiamiento, con tasas vinculadas a la actualización por UVA, y destacó la importancia de que los bancos puedan disponer de recursos adecuados para sostener préstamos de largo plazo.
También mencionó a entidades como Banco Nación, Banco Macro, Banco Hipotecario y BBVA, y señaló que el Banco de Tierra del Fuego analizaba alternativas para participar de mecanismos de asistencia crediticia.
Estas consideraciones formaron parte de su análisis económico durante la entrevista y no constituyen disposiciones del proyecto de ordenanza municipal.
Gallardo también analizó medidas nacionales para las empresas
Hacia el final de la conversación, el contador hizo referencia a anuncios económicos nacionales que, según su interpretación, podrían contribuir a aliviar la situación financiera de empresas y contribuyentes.
Entre ellos mencionó medidas relacionadas con la suspensión de determinados embargos de ARCA, facilidades de pago para obligaciones fiscales y líneas de crédito destinadas a estimular distintas actividades económicas.
También expresó preocupación por la carga tributaria que afronta el sector de la construcción, particularmente por impuestos provinciales como Ingresos Brutos y Sellos.
En ese sentido, consideró que la reactivación de la actividad requiere una combinación de herramientas municipales, provinciales y nacionales que permitan reducir costos y facilitar nuevas inversiones.
Una propuesta abierta al debate institucional
Gallardo remarcó que el proyecto fue elaborado a partir de su experiencia profesional y de las dificultades que observa en la actividad de la construcción.
En los fundamentos de la iniciativa reconoce las medidas de regularización de deudas implementadas por el Municipio, aunque plantea la necesidad de avanzar con herramientas adicionales que faciliten el inicio efectivo de obras.
También destaca que la propuesta no pretende sustituir las competencias técnicas del Ejecutivo municipal, sino ofrecer un marco de trabajo que pueda ser analizado, corregido y enriquecido por los organismos correspondientes.
El contador sostuvo que el objetivo principal es contribuir a la generación de empleo y aprovechar la capacidad de la construcción para movilizar distintos sectores de la economía local.
En definitiva, la iniciativa presentada ante el Concejo Deliberante y el intendente Martín Pérez propone combinar alivio fiscal, acceso a la vivienda, regularización inmobiliaria y modernización administrativa para impulsar una actividad que Gallardo considera fundamental en la recuperación económica de Río Grande.
La propuesta deberá ser evaluada por las autoridades municipales y, en caso de avanzar, requerirá el correspondiente tratamiento legislativo y su posterior reglamentación para que los beneficios puedan entrar en vigencia.
