El ministro de Economía de Tierra del Fuego, Alejandro Barrozo, aseguró que la Provincia mantiene un flujo regular de coparticipación hacia los municipios y negó que exista una decisión política de perjudicar a alguna administración local. Informó que durante los primeros diez meses de 2026 se transfirieron más de $221.212 millones a Río Grande, Ushuaia y Tolhuin. Sin embargo, la explicación oficial contrasta con el reclamo de Río Grande, que denuncia una deuda superior a los $17.294 millones y exige un compromiso concreto de devolución.
Ushuaia, miércoles 4 de noviembre de 2026.- El ministro de Economía de Tierra del Fuego, Alejandro Barrozo, defendió la política de distribución de recursos provinciales hacia los municipios y aseguró que, pese a las dificultades financieras que atraviesa el Gobierno, se mantiene un flujo regular y constante de transferencias de coparticipación.
Las declaraciones surgieron a partir de un nuevo encuentro de trabajo entre funcionarios provinciales y representantes de las áreas económicas de Río Grande, Ushuaia y Tolhuin, realizado en el marco de las reuniones destinadas a analizar la disponibilidad de recursos y las obligaciones financieras de las distintas administraciones.
Durante la reunión, Barrozo sostuvo que el principal problema que enfrenta Tierra del Fuego está relacionado con la insuficiencia de ingresos para atender la totalidad de los compromisos y necesidades del Estado provincial.
En ese contexto, negó que las dificultades en la distribución de fondos respondan a una decisión política destinada a perjudicar a alguno de los municipios.
Desde el Ministerio de Economía señalaron que no existe animosidad particular hacia ninguna administración local y que las restricciones financieras afectan al conjunto de la estructura estatal.
La Provincia informó transferencias por más de $221.212 millones
Como parte de la exposición, el Ministerio de Economía presentó un balance de las transferencias realizadas a los tres municipios fueguinos entre enero y octubre de 2026.
De acuerdo con los datos oficiales difundidos, los montos fueron los siguientes:
| Municipio | Transferencias enero-octubre 2026 |
| Río Grande | $107.521.767.681,79 |
| Ushuaia | $96.911.610.637,30 |
| Tolhuin | $16.779.167.208,67 |
| Total provincial | $221.212.545.527,76 |
Según el Gobierno, estas cifras reflejan el esfuerzo financiero realizado para sostener el funcionamiento de las administraciones municipales en un escenario económico restrictivo.
La cartera económica destacó, además, que la regularidad de los envíos de fondos no registra antecedentes similares en la historia provincial, afirmación que forma parte de la posición oficial y que requeriría información histórica comparativa para su corroboración.
Río Grande reclama más de $17.294 millones que considera adeudados
La exposición del Gobierno provincial se produce en medio de un conflicto financiero con la Municipalidad de Río Grande, que viene reclamando la transferencia de recursos de coparticipación y otros conceptos cuya deuda, según los registros municipales, supera los $17.294 millones.
Desde la administración del intendente Martín Pérez sostienen que la Provincia recibió recursos que correspondían al Municipio, pero no los transfirió dentro de los plazos correspondientes.
La secretaria de Finanzas municipal, Valeria Capotorto, participó de las reuniones con el objetivo de obtener un compromiso formal que establezca montos, plazos y mecanismos para cancelar las obligaciones pendientes.
Sin embargo, desde el Municipio señalaron que el encuentro no permitió obtener un cronograma concreto de devolución.
En este punto aparece la principal diferencia entre ambas posiciones: mientras el Gobierno provincial destaca el volumen total de recursos transferidos durante el año, Río Grande cuestiona los montos que considera pendientes y las demoras en su acreditación.
Por lo tanto, las cifras de transferencias informadas por Economía no permiten determinar, por sí solas, si las obligaciones de coparticipación se encuentran completamente regularizadas.
La crisis financiera como explicación oficial
El Ministerio de Economía insistió en que las dificultades para disponer de fondos responden a una situación económica general y no a criterios discrecionales de distribución.
Según la explicación provincial, los recursos disponibles resultan insuficientes para afrontar simultáneamente las obligaciones salariales, los servicios públicos, los compromisos administrativos y las transferencias correspondientes a las administraciones municipales.
La cartera económica sostuvo que, aun en ese escenario, mantiene la continuidad de los envíos y procura preservar los mecanismos de coordinación institucional.
No obstante, la explicación vinculada con la insuficiencia de recursos no resuelve el planteo central formulado por Río Grande respecto de los plazos legales de transferencia y la cancelación de los montos reclamados.
Nuevas reuniones en Tolhuin y Ushuaia
El ministro Alejandro Barrozo estuvo acompañado por el viceministro de Economía, Juan Pablo Roullier, y por integrantes de los equipos técnicos de Finanzas públicas de los tres municipios.
Como resultado del encuentro, las partes acordaron establecer una mesa de trabajo permanente para realizar el seguimiento de los recursos de origen nacional y provincial y de los fondos de coparticipación destinados a las administraciones municipales.
Las próximas reuniones quedaron previstas para el 13 de noviembre en Tolhuin y el 24 de noviembre en Ushuaia.
Desde el Gobierno provincial señalaron que estos espacios permitirán mantener abiertos los canales de comunicación, intercambiar información sobre las cuentas públicas y avanzar en mecanismos de coordinación frente al complejo escenario económico.
Sin embargo, el conflicto de fondo continúa abierto: Río Grande reclama precisiones sobre los recursos que considera adeudados, mientras la Provincia sostiene que las dificultades obedecen a restricciones financieras generales.
De esta manera, las próximas reuniones serán determinantes para establecer si el diálogo institucional logra traducirse en compromisos concretos respecto de los fondos pendientes y los mecanismos de transferencia hacia los municipios.
