Aldo Sergio Parodi, vecino de Guaymallén, Mendoza, impulsó una denuncia penal contra el rey Carlos III del Reino Unido, el primer ministro británico Andy Burnham y otras exautoridades por la ocupación de las Islas Malvinas. Explicó los fundamentos de su presentación y confirmó que solicita la imputación y captura de los denunciados. La Justicia Federal de Ushuaia se declaró territorialmente incompetente y dispuso la remisión de las actuaciones a Río Grande, donde intervienen la Oficina Judicial y la Fiscalía Federal a cargo de los doctores Mariel Borruto y Marcelo Rapoport, respectivamente.
Río Grande, 3 de noviembre de 2026.- Una denuncia penal vinculada con la ocupación británica de las Islas Malvinas fue remitida a la Justicia Federal de Río Grande, luego de que el Juzgado Federal de Garantías de Ushuaia resolviera declinar su competencia territorial.
La presentación fue impulsada por Aldo Sergio Parodi, ciudadano argentino residente en San José, departamento de Guaymallén, provincia de Mendoza, quien pretende que la Justicia investigue eventuales responsabilidades penales del rey Carlos III del Reino Unido, del primer ministro británico Andy Burnham y de otras figuras políticas vinculadas con la administración británica.
Durante una entrevista concedida al programa “La Mañana de la Tecno”, emitido por Radio Universidad 93.5 MHz de Río Grande, Parodi explicó los motivos que lo llevaron a presentar la denuncia y sostuvo que su intención es trasladar al ámbito judicial penal argentino el reclamo histórico de soberanía sobre las Islas Malvinas.
“Yo hice lo que se tendría que haber hecho hace tiempo”, afirmó, al considerar que la ocupación británica debe ser abordada también desde la perspectiva del derecho penal.
La Justicia de Ushuaia remitió las actuaciones a Río Grande
De acuerdo con las comunicaciones judiciales aportadas por el denunciante, el 15 de octubre de 2026 el juez federal de Garantías de Ushuaia, Dr. Federico Calvete, resolvió declarar la incompetencia territorial de ese tribunal y remitir las actuaciones a la jurisdicción federal de Río Grande.
Una de las comunicaciones identifica el caso con el Nº 158174/2026, mientras que otra hace referencia a la carpeta judicial FCR 16582/2026.
Desde la Oficina Judicial Subsede Ushuaia se informó que las actuaciones se encontraban en trámite ante la Oficina Judicial Subsede Garantías de Río Grande, en virtud de la resolución dictada por Calvete.
Otra respuesta judicial indicó que la titular del Juzgado Federal de Garantías de Río Grande es la Dra. Mariel Borruto, quien se encontraba subrogada por el Dr. Federico Calvete al momento de esa comunicación.
Asimismo, se informó que las consultas relacionadas con la investigación debían canalizarse ante la Unidad Fiscal de Río Grande.
Parodi identificó al fiscal federal Marcelo Alejandro Rapoport como uno de los funcionarios judiciales cuya intervención considera fundamental para el avance de la denuncia.
La remisión territorial constituye un paso procesal relevante, aunque no implica por sí misma que la Justicia haya considerado acreditados los delitos denunciados ni que exista una imputación formal contra los funcionarios británicos mencionados.
Parodi solicita la captura del monarca británico
En su presentación, el ciudadano mendocino sostiene que la ocupación de las Islas Malvinas, iniciada en 1833, constituye una conducta que debería ser investigada penalmente por las autoridades judiciales argentinas.
Además de Carlos III y Andy Burnham, menciona entre los presuntos responsables a los ex primeros ministros David Cameron y Tony Blair, a quienes atribuye responsabilidades vinculadas con la continuidad de la administración británica sobre el archipiélago.
El denunciante solicita que se evalúe la posibilidad de ordenar medidas de captura y detención internacional mediante Interpol.
Durante la entrevista radial, Parodi manifestó su expectativa de que la Justicia Federal de Río Grande adopte decisiones que, a su entender, podrían otorgar una nueva dimensión internacional al reclamo argentino.
“Creo que el tema Malvinas es una herida que tenemos que cerrar con justicia”, expresó.
No obstante, la procedencia de las imputaciones y de las medidas solicitadas deberá ser examinada por las autoridades competentes, considerando las normas del derecho argentino, el derecho internacional y las cuestiones de jurisdicción e inmunidad que pudieran corresponder.
Un documento histórico de 1833 como parte de la presentación
Parodi destacó la incorporación a su presentación judicial de un documento histórico conservado en el Archivo Histórico de la Provincia de Tucumán, dirigido al gobernador de esa provincia y fechado el 24 de enero de 1833. La pieza documental, cuya importancia fue señalada por el Dr. Javier Critto, director de esa institución, describe cómo la corbeta británica HMS Clio, comandada por John James Onslow, exigió el retiro del pabellón argentino de las Islas Malvinas. El informe relata las protestas formuladas por el comandante argentino José María Pinedo y los acontecimientos del 3 de enero de 1833, cuando efectivos británicos desembarcaron, izaron su bandera y arriaron la argentina. La comunicación, firmada por Juan Ramón Balcarce y Manuel Maza, constituye un testimonio oficial contemporáneo de los hechos y deja constancia del rechazo argentino a la ocupación. Parodi considera que esta documentación fortalece los fundamentos históricos de su denuncia penal, aunque su alcance jurídico deberá ser evaluado por la Justicia Federal de Río Grande (ver a más abajo).
Busca acompañamiento institucional en Tierra del Fuego
La presentación fue impulsada por Aldo Sergio Parodi, ciudadano argentino residente en San José, departamento de Guaymallén, provincia de Mendoza, quien pretende que la Justicia investigue eventuales responsabilidades penales del rey Carlos III del Reino Unido, del primer ministro británico Andy Burnham y de otras figuras políticas vinculadas con la administración británica.
Durante la comunicación con Radio Universidad, Parodi explicó que presentó inicialmente la denuncia en su condición de ciudadano argentino y que procura obtener patrocinio letrado para continuar con las actuaciones.
Asimismo, manifestó su intención de promover la participación de instituciones y autoridades de Tierra del Fuego, entre ellas el Colegio Público de Abogados de Río Grande, el Gobierno provincial y el Municipio riograndense.
El denunciante considera que la condición de Tierra del Fuego como provincia que comprende constitucionalmente a las Islas Malvinas y otros territorios del Atlántico Sur otorga especial significación a la intervención de la Justicia Federal con asiento en Río Grande.
También expresó su deseo de que familiares de caídos y veteranos de la Guerra de Malvinas puedan acompañar la iniciativa.
Sin embargo, hasta el momento, la documentación aportada no permite confirmar que esas instituciones hayan solicitado formalmente intervenir en el expediente.
Una presentación judicial que abre interrogantes sobre su alcance
La denuncia impulsada por Parodi incorpora una dimensión penal al debate sobre la soberanía argentina de las Islas Malvinas, una controversia histórica que la Argentina sostiene en el ámbito diplomático e internacional.
El Reino Unido mantiene la administración del archipiélago, mientras que la Argentina reivindica sus derechos soberanos y reclama la reanudación de negociaciones bilaterales para resolver la disputa.
En ese contexto, la presentación del ciudadano mendocino plantea interrogantes jurídicos sobre la posibilidad de atribuir responsabilidades penales individuales a autoridades extranjeras por hechos relacionados con una controversia territorial internacional.
Por el momento, el hecho procesal documentado es la declaración de incompetencia territorial del Juzgado Federal de Ushuaia y la remisión de las actuaciones a Río Grande.
Será la intervención de las autoridades judiciales competentes la que determine la viabilidad jurídica de los planteos formulados y las eventuales medidas que correspondan adoptar.
Un documento de 1833 revela cómo se produjo la ocupación británica de las Islas Malvinas
Uno de los elementos históricos que Aldo Sergio Parodi incorporó a su presentación judicial es una comunicación oficial fechada el 24 de enero de 1833, conservada en el Archivo Histórico de la Provincia de Tucumán, que describe los acontecimientos ocurridos durante la ocupación británica de las Islas Malvinas.
El documento, cuya relevancia fue destacada por el Dr. Javier Critto, director del Archivo Histórico de Tucumán, constituye un testimonio de las comunicaciones mantenidas entre las autoridades argentinas inmediatamente después de los acontecimientos de enero de aquel año.
La pieza documental, identificada en la Sección Administrativa, Volumen 41, folios 152 a 153 vuelto, reproduce una comunicación dirigida al gobernador y capitán general de Tucumán, firmada por Juan Ramón Balcarce y Manuel Maza.
En su contenido se relata que el 2 de enero de 1833 la corbeta británica HMS Clio, comandada por John James Onslow, se presentó en las Islas Malvinas y comunicó al comandante argentino José María Pinedo, responsable de la goleta de guerra Sarandí, la intención de tomar posesión del archipiélago en nombre de la Corona británica.
Según la comunicación oficial, Onslow exigió que se arriara el pabellón argentino y se reconociera la autoridad británica, invocando instrucciones recibidas de su gobierno.
El comandante Pinedo rechazó la exigencia y formuló protestas ante el oficial británico, señalando que no podía consentir semejante decisión sin instrucciones expresas de las autoridades argentinas.
El documento describe que, durante la mañana del 3 de enero de 1833, efectivos desembarcados desde la corbeta británica izaron su bandera y retiraron el pabellón argentino que permanecía en tierra.
La comunicación señala que Pinedo había dispuesto expresamente que la bandera nacional no fuera arriada y que, antes de retirarse, dejó instrucciones al responsable del establecimiento, Juan Simon.
La protesta argentina quedó reflejada en el informe enviado desde Buenos Aires a Tucumán, donde se cuestionó el empleo de la fuerza por parte de una nación con la cual existían relaciones diplomáticas y comerciales.
El texto también expresa la determinación del Gobierno de Buenos Aires de sostener los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas y procurar una reparación por parte de Gran Bretaña.
La importancia del documento reside en que permite reconstruir, mediante una comunicación oficial contemporánea a los hechos, las circunstancias de la ocupación británica y la reacción de las autoridades argentinas.
Durante su entrevista con “La Mañana de la Tecno”, por Radio Universidad 93.5 MHz, Parodi destacó especialmente este testimonio histórico y sostuvo que su incorporación al expediente constituye uno de los fundamentos de la denuncia penal que impulsó contra el rey Carlos III y otras autoridades británicas.
Si bien la documentación aporta elementos históricos sobre los acontecimientos de 1833, su eventual valor probatorio dentro de la investigación penal deberá ser determinado por las autoridades judiciales competentes.
De esta manera, una comunicación conservada durante casi dos siglos en los archivos de Tucumán adquiere renovada actualidad a partir de su utilización en una presentación judicial vinculada con el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas.
Se puede descargar el documento histórico pinchando el link de abajo:
