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El presidente del Concejo Deliberante de Tolhuin, Matías Rodríguez, confirmó que presentó una denuncia penal contra el intendente Daniel Harrington por presunta retención de fondos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de fondos. El edil sostuvo que la deuda vinculada a recursos que, según afirma, el Ejecutivo debía transferir al cuerpo deliberativo se aproxima a los $1.100 millones y aseguró que previamente fueron agotadas las instancias administrativas y de diálogo.

Tolhuin, 29 de septiembre de 2026.- El conflicto institucional entre el Ejecutivo Municipal y el Concejo Deliberante de Tolhuin sumó este martes un nuevo capítulo, esta vez en el ámbito judicial. El presidente del cuerpo legislativo, Matías Rodríguez, confirmó que presentó una denuncia penal contra el intendente Daniel Harrington por presunta retención de fondos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de fondos.

Rodríguez confirmó la presentación durante una entrevista con Radio Provincia y sostuvo que la decisión fue adoptada después de sucesivos reclamos del Concejo para que el Municipio transfiera los recursos que, según plantea el cuerpo deliberativo, corresponden al funcionamiento de la institución y al cumplimiento de las obligaciones vinculadas con los aportes y contribuciones de sus trabajadores.

El concejal aseguró que el conflicto alcanzó una instancia en la cual, desde su perspectiva, ya no existen posibilidades de continuar postergando una definición.

“La situación llega ya a momentos culminantes, donde lamentablemente ya no hay más margen”, expresó Rodríguez.

Una deuda que Rodríguez ubica cerca de los $1.100 millones

El presidente del Concejo Deliberante sostuvo que la deuda acumulada por recursos no transferidos se aproxima actualmente a los $1.100 millones.

Según explicó, la situación repercute particularmente sobre las obligaciones que el cuerpo mantiene con la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) y la Caja de Previsión Social.

Rodríguez señaló que ambos organismos realizaron intimaciones vinculadas con las obligaciones pendientes y sostuvo que el Concejo quedó expuesto a reclamos por recursos que, de acuerdo con su postura, debieron ser previamente remitidos por el Ejecutivo Municipal.

“La deuda asciende casi a 1.100 millones de pesos y para nosotros es mucho”, manifestó.

El conflicto por los aportes no es nuevo. Durante septiembre, OSEF avanzó con reclamos contra distintos organismos estatales y se informó una deuda correspondiente específicamente al Concejo Deliberante de Tolhuin. La Justicia también tramita un proceso ejecutivo promovido por la obra social contra el cuerpo legislativo.

“No nos queda más margen”

Rodríguez indicó que la denuncia contó con el respaldo político del cuerpo y recordó que existe una resolución que lo habilita a avanzar por las vías administrativas necesarias.

Aseguró que previamente fueron realizadas intimaciones administrativas y posteriormente se envió una carta documento al Ejecutivo, pero sostuvo que las respuestas recibidas no permitieron solucionar el conflicto.

“Ya agotamos absolutamente todas” las instancias administrativas, afirmó.

En ese sentido, explicó que la decisión de acudir a la Justicia busca establecer responsabilidades y terminar con una controversia que lleva meses.

“No nos queda más margen y por eso hemos tomado esta determinación, que nos parece la más seria y la más correcta, y que se defina en los lugares donde se tiene que definir”, expresó.

Aportes y contribuciones

Consultado sobre cuánto tiempo lleva el Concejo sin recibir los recursos necesarios, Rodríguez diferenció entre contribuciones patronales y aportes personales.

Según detalló, existen contribuciones pendientes correspondientes a gran parte del año pasado, mientras que durante 2026 se habrían acumulado aproximadamente cinco meses de aportes y contribuciones sin transferencia.

El presidente del cuerpo puso especial énfasis en los aportes personales descontados a los trabajadores.

Explicó que una deuda por contribuciones patronales puede eventualmente ser objeto de un convenio de pago, pero consideró especialmente delicada la situación de los aportes retenidos sobre los salarios de los empleados.

“En el caso de los aportes, los aportes del personal, lo que se le descuenta al personal, nosotros no podemos hacer caso omiso de semejante situación”, sostuvo.

OSEF había informado previamente obligaciones pendientes tanto del Municipio como del Concejo Deliberante. El Ejecutivo municipal, por su parte, comunicó este lunes 28 de septiembre que propuso incorporar la deuda correspondiente al cuerpo deliberativo dentro de un esquema de regularización y asumir el plan de pago.

“Que lo demuestren en la Justicia”

Durante la entrevista se le señaló a Rodríguez que desde el Municipio se ha cuestionado la existencia de una deuda del Ejecutivo con el Concejo Deliberante.

El edil respondió que esa diferencia deberá ser resuelta ahora en sede judicial.

“Que lo demuestren en la Justicia. Esa es la manera de solucionarlo”, afirmó.

Rodríguez consideró que existen interpretaciones contrapuestas entre ambas instituciones acerca del origen y las responsabilidades sobre las obligaciones pendientes y señaló que precisamente esa diferencia motivó la presentación judicial.

“Evidentemente entendemos entre las dos partes distinta la situación; por eso tomamos la determinación de llegar a la Justicia”, explicó.

Los intentos previos de alcanzar un acuerdo

El presidente del Concejo aseguró que antes de acudir a la vía penal existieron diferentes intentos de resolver el conflicto institucionalmente.

Mencionó particularmente una reunión de la Comisión de Presupuesto en la cual representantes del Ejecutivo presentaron documentación bancaria, aunque, según Rodríguez, no lograron explicar satisfactoriamente por qué no se habían transferido los recursos destinados a los aportes.

El concejal argumentó además que el cuerpo deliberativo no incrementó su planta de personal y sostuvo que los aumentos salariales que impactan sobre los trabajadores del Concejo son definidos por el propio Ejecutivo.

El Concejo ya había planteado públicamente a fines de 2025 que parte de su presupuesto debía afrontar obligaciones pendientes originadas, según su posición, en recursos que no habían sido transferidos por el Ejecutivo.

El conflicto llega definitivamente a la Justicia

Rodríguez explicó que presentó personalmente la denuncia acompañado por el secretario Administrativo del Concejo Deliberante y que ahora corresponderá a las autoridades judiciales determinar el trámite que tendrá la presentación.

“Hay que esperar ahora, obviamente, para ver si realmente se le da curso y si tiene el peso para hacerlo”, señaló.

La presentación penal abre así una nueva instancia dentro de un conflicto institucional y financiero que durante los últimos meses enfrentó públicamente al Ejecutivo y al Concejo Deliberante.

En paralelo, continúan las conversaciones institucionales para regularizar las obligaciones con OSEF. El Municipio informó el lunes que propuso incorporar las obligaciones correspondientes al Concejo dentro del convenio y asumir el plan de pago, mientras que una mesa técnica tiene previsto continuar trabajando durante octubre en los términos de un eventual acuerdo.

A partir de la denuncia presentada por Rodríguez, será ahora la Justicia la que deberá analizar los hechos expuestos y determinar si corresponde impulsar una investigación y establecer eventuales responsabilidades.