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El Colegio Profesional de Trabajo Social de Tierra del Fuego advirtió que los procesos de revinculación no pueden acelerarse por “presiones, intereses o urgencias políticas” y repudió la utilización de situaciones de vulnerabilidad con fines de exposición pública, rédito político o campaña electoral. En paralelo, la ministra de Bienestar Ciudadano y Justicia, Lucía Rossi, sostuvo que “una revinculación no es un trámite administrativo” y remarcó que niños y adolescentes deben permanecer al margen de los conflictos entre adultos.

Río Grande, 2 de septiembre de 2026.- Los procesos de revinculación familiar y, particularmente, la protección de niños y adolescentes frente a la exposición pública quedaron en el centro de dos pronunciamientos que confluyen en una misma preocupación: estas situaciones no pueden resolverse de acuerdo con urgencias adultas, presiones políticas o tiempos ajenos a las necesidades de quienes se encuentran bajo medidas de protección.

Por un lado, el Colegio Profesional de Trabajo Social de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur difundió un contundente comunicado bajo la consigna “Los tiempos de las niñeces y adolescencias no son los tiempos de la política”. Por otro, la ministra de Bienestar Ciudadano y Justicia, Lucía Rossi, explicó el alcance de las intervenciones estatales y judiciales y sostuvo que una revinculación requiere tiempo, acompañamiento profesional y determinadas condiciones para poder concretarse.

Aunque se trata de pronunciamientos diferentes y no existe en el material una referencia que permita interpretar uno como respuesta directa al otro, ambos colocan el interés superior de niños y adolescentes como límite frente a las demandas, conflictos o necesidades de las personas adultas.

“Una revinculación no es un trámite”

El Colegio Profesional de Trabajo Social señaló que las medidas de protección y los procesos de revinculación deben sustentarse en evaluaciones profesionales rigurosas, intervenciones interdisciplinarias, acompañamiento territorial y respeto por los tiempos y necesidades de cada niño y adolescente.

“Una revinculación no es un trámite que pueda acelerarse en función de presiones, intereses o urgencias políticas”, expresó la institución.

El Colegio explicó que cuando un niño o adolescente fue separado de su ámbito familiar existieron previamente situaciones de vulneración de derechos que hicieron necesaria la intervención del sistema de protección.

Por esa razón, sostuvo que el regreso al ámbito familiar debe producirse cuando existan condiciones adecuadas y seguras, se hayan cumplido los objetivos establecidos por los equipos intervinientes y se garantice el derecho de los propios niños y adolescentes a ser escuchados.

Rossi: “Requiere tiempo, acompañamiento y condiciones”

Las declaraciones de Lucía Rossi avanzan sobre un concepto prácticamente coincidente desde la responsabilidad del Estado provincial.

La Ministra explicó que el organismo a su cargo interviene frente a situaciones de vulneración de derechos o riesgo mediante equipos profesionales que realizan los abordajes, elaboran informes y posteriormente elevan la información a las autoridades judiciales.

“Nuestra función y nuestra responsabilidad es con los derechos de las niñas, niños y adolescentes, por sobre cualquier conflicto entre adultos. Nosotros abordamos las situaciones, realizamos los informes correspondientes y elevamos la información a la Justicia. Nosotros hacemos sugerencias e informamos lo que sucede. La Justicia dispone”, explicó.

Rossi remarcó que una revinculación tampoco puede ser considerada desde el Estado como una simple gestión administrativa.

“Una revinculación no es un trámite administrativo. Es un proceso que requiere tiempo, acompañamiento y, en muchos casos, el cumplimiento de determinados tratamientos o intervenciones profesionales”, sostuvo.

Según explicó, los tratamientos son establecidos por especialistas de Salud y la duración de cada proceso depende también de la evolución de las personas involucradas y del cumplimiento de las indicaciones profesionales.

La intimidad como parte de la protección

Otro punto de coincidencia entre ambas posiciones aparece en torno a la exposición pública.

El Colegio Profesional de Trabajo Social recordó que niños y adolescentes tienen derecho a no ser revictimizados, a vivir libres de violencia y a que su interés superior prevalezca sobre las necesidades o urgencias de los adultos.

En ese marco, reclamó responsabilidad institucional, confidencialidad, profesionalismo, políticas públicas sostenidas y equipos especializados.

“No necesitan presión política ni exposición pública de las situaciones particulares que atraviesan las familias”, remarcó.

Rossi también hizo especial hincapié en este aspecto.

“Respetamos profundamente el derecho de toda persona a reclamar y a pedir respuestas a las instituciones del Estado. Pero cuando hay niñas, niños y adolescentes involucrados, todas las personas adultas tenemos una responsabilidad mayor: preservar su intimidad, evitar exposiciones innecesarias, escucharlos y proteger sus derechos”, afirmó.

“Nuestras familias no necesitan un reel”

El comunicado del Colegio adquiere un tono especialmente crítico cuando aborda la utilización pública y política de situaciones de vulnerabilidad.

“Nuestras familias no necesitan un reel. Necesitan viviendas, trabajo, salarios dignos, acceso a la salud y la educación, políticas de discapacidad, acompañamientos profesionales y recursos que permitan construir proyectos propios de vida dignos”, expresó la institución.

A continuación, explicitó el alcance político de su cuestionamiento: “Como Colegio Profesional, repudiamos el uso de las situaciones de vulnerabilidad de las niñeces, adolescencias y familias con fines de exposición pública, rédito político o campaña electoral”.

El documento no individualiza ni menciona a ningún dirigente político en particular, sino que formula el cuestionamiento en términos generales hacia quienes ejercen responsabilidades públicas.

El reclamo también apunta a las políticas públicas

El Colegio sostuvo que la preocupación de quienes ocupan cargos públicos por las revinculaciones y los derechos de niños y adolescentes debe traducirse en decisiones concretas, políticas públicas y recursos.

En ese sentido, reclamó mayor inversión en equipos profesionales especializados, instituciones adecuadamente equipadas, programas destinados a poblaciones vulnerables y políticas que mejoren las condiciones materiales y sociales de las familias.

También planteó la necesidad de garantizar acceso efectivo a salud, educación, vivienda, trabajo, seguridad social y políticas de discapacidad, junto con sistemas de protección integral capaces de brindar respuestas oportunas y sostenidas.

Niños y adolescentes, por encima de los conflictos adultos

La posición expresada por Rossi vuelve a encontrarse con el planteo de los profesionales del Trabajo Social cuando coloca a niños y adolescentes en el centro de cualquier decisión.

“Las niñas, niños y adolescentes son sujetos de derechos y deben estar siempre en el centro de nuestras decisiones. No pueden quedar expuestos ni ser utilizados en conflictos que corresponden al mundo adulto”, sostuvo la Ministra.

Y concluyó: “Por encima de cualquier diferencia, reclamo o conflicto, hay algo que nos tiene que encontrar del mismo lado: el cuidado y la protección de nuestras infancias y adolescencias”.

Desde el Colegio Profesional de Trabajo Social, la síntesis fue igualmente categórica: las situaciones de vulneración de derechos no pueden transformarse en contenido para las redes sociales ni las historias de vida de las familias utilizarse como escenario político.

Una definición resume el eje central del pronunciamiento y, al mismo tiempo, encuentra correspondencia con los conceptos expresados por la titular de Bienestar Ciudadano y Justicia: “Los tiempos de las niñeces y adolescencias no son los tiempos de la política”.