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La iniciativa propone crear un régimen especial para preservar áreas de valor geopolítico, ambiental, hídrico, científico y productivo, estableciendo mayores controles sobre las operaciones que puedan comprometer el interés público provincial.

Ushuaia, 28 de julio de 2026.– El legislador provincial Matías Lapadula, integrante del bloque Provincia Grande, presentó un proyecto de ley destinado a establecer un régimen de protección para las tierras rurales consideradas estratégicas en Tierra del Fuego, con el objetivo de resguardar la soberanía, los recursos naturales, el ambiente y el desarrollo futuro de la provincia.

La iniciativa parte de la premisa de que el territorio fueguino trasciende su valor económico y constituye un activo estratégico sobre el que se sustentan el ejercicio de la soberanía, la gestión de los recursos naturales, el desarrollo de las comunidades y la planificación de las próximas generaciones.

En ese marco, Lapadula remarcó que “Tierra del Fuego tiene una posición geopolítica única. Somos una provincia bicontinental, puerta de entrada a la Antártida y parte de un territorio sobre el cual la Argentina mantiene un reclamo permanente e irrenunciable de soberanía”.

El proyecto propone identificar como activos territoriales estratégicos aquellas tierras que, por su ubicación o por su importancia ambiental, hídrica, productiva, científica, energética o geopolítica, requieran una protección especial por parte del Estado provincial.

Uno de los ejes centrales de la iniciativa establece que toda operación que pueda afectar esos activos deberá someterse a una evaluación técnica específica. En aquellos casos donde se determine que existe una posible afectación al interés público provincial, la autorización deberá contar con el voto favorable de los dos tercios de la Legislatura.

Para llevar adelante ese análisis, el proyecto prevé la creación de un comité técnico integrado por organismos del Estado provincial, la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF) y el Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC-CONICET), que tendrá la misión de evaluar el impacto ambiental, territorial, hídrico y estratégico de cada operación.

Además, la propuesta incorpora la creación de un registro provincial que permitirá identificar a los titulares de las tierras estratégicas, sus beneficiarios finales y las personas físicas o jurídicas que ejerzan el control efectivo sobre esos inmuebles.

“No buscamos intervenir sobre cualquier operación, sino proteger aquellos sectores que resultan fundamentales para la soberanía, los recursos naturales y el futuro de nuestra Provincia”, explicó el legislador.

El texto también establece una protección reforzada para áreas naturales protegidas, bosques nativos, turberas, humedales, reservas hídricas, cabeceras de cuencas, sectores costeros, sitios de interés científico y zonas vinculadas con la defensa nacional.

Al fundamentar la iniciativa, Lapadula sostuvo que “defender el territorio es una responsabilidad permanente del Estado. No existe una verdadera política de recursos naturales si la Provincia no puede decidir sobre el territorio donde esos recursos se encuentran”.

De ser aprobado, el proyecto incorporará nuevas herramientas institucionales para el análisis y control de las operaciones sobre tierras consideradas estratégicas, fortaleciendo la capacidad del Estado provincial para intervenir en decisiones vinculadas con la preservación del patrimonio territorial y los recursos naturales de Tierra del Fuego.