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El ex ministro de Educación de Tierra del Fuego analizó la propuesta impulsada desde sectores del Gobierno nacional y sostuvo que la educación trasciende la transmisión de conocimientos, al tiempo que defendió el papel del Estado como garante del derecho a aprender.

Río Grande, 13 de julio.– El ex ministro de Educación de Tierra del Fuego, profesor Diego Romero, expresó su preocupación por la posibilidad de que avance en el Congreso un proyecto para habilitar el denominado homeschooling o educación en el hogar, modalidad que propone que las familias asuman directamente la enseñanza de sus hijos fuera del sistema escolar tradicional.

Durante una entrevista concedida al programa “El Primero de la Fila”, que conduce Guillermo Lacaze por FM La Isla, Romero consideró que, si bien hasta el momento no existe un proyecto presentado formalmente en la Cámara de Diputados, distintos funcionarios nacionales ya manifestaron públicamente su intención de impulsar una reforma educativa con ese eje.

El ex funcionario explicó que la actual Ley Nacional de Educación ya establece que la formación de niños, niñas y adolescentes constituye una responsabilidad compartida entre el Estado, la escuela y las familias, por lo que rechazó la idea de que actualmente la educación recaiga exclusivamente sobre las instituciones educativas.

En ese sentido, sostuvo que la escuela cumple un papel mucho más amplio que la simple transmisión de contenidos curriculares.

“Un niño no se educa solamente adquiriendo conocimientos. También aprende en el recreo, en la clase de Educación Física, en el vínculo con sus compañeros, con los docentes, con los directivos y con toda la comunidad educativa”, planteó.

Romero consideró que esos espacios constituyen los primeros ámbitos de socialización y preparación para la vida comunitaria, aspecto que, según señaló, se vería seriamente afectado por un sistema basado exclusivamente en la educación dentro del hogar.

Asimismo, advirtió que una modalidad de estas características podría profundizar desigualdades sociales, ya que no todas las familias cuentan con las mismas condiciones económicas o de disponibilidad para asumir de manera exclusiva la formación cotidiana de sus hijos.

También cuestionó que las propuestas de reforma se fundamenten en los resultados de las evaluaciones educativas nacionales.

Reconoció que existen aspectos del sistema educativo que requieren ser revisados —como la enseñanza de la matemática, la comprensión lectora o la organización del nivel secundario—, aunque aclaró que ello no implica abandonar el modelo de educación pública vigente.

Para Romero, una transformación de ese alcance implicaría modificar profundamente el paradigma educativo argentino.

A su criterio, el Estado no sólo garantiza el acceso a la educación, sino que además cumple una función esencial en el seguimiento integral de la infancia, detectando situaciones vinculadas con la salud, la alimentación, el acompañamiento familiar y otras problemáticas que forman parte del desarrollo de los estudiantes.

En esa línea, afirmó que reducir el rol estatal a la mera evaluación de conocimientos mediante exámenes libres dejaría de lado el carácter integral que actualmente posee el sistema educativo.

El ex ministro también cuestionó la lógica de competencia entre educación pública y privada que, según indicó, promueven algunos sectores.

Recordó que la legislación vigente ya reconoce la libertad de las familias para elegir el establecimiento educativo de sus hijos, sin que ello implique desvalorizar el sistema público.

Durante la entrevista también expresó reparos respecto de la orientación que, a su entender, plantea el modelo liberal en materia educativa, al señalar que privilegia el individualismo por sobre la construcción colectiva y la convivencia escolar.

Romero sostuvo además que una eventual reforma de estas características debería debatirse ampliamente dentro del Consejo Federal de Educación, ámbito que reúne a los ministros de Educación de todas las provincias y donde, consideró, deberán analizarse las implicancias de cualquier modificación al sistema vigente.

Finalmente, estimó que una iniciativa de este tipo generaría un amplio debate social, no sólo entre docentes y especialistas, sino también entre las propias familias, que deberían asumir un rol completamente diferente en el proceso educativo.

“Los padres tienen responsabilidades compartidas con la escuela, pero no sé si estarán dispuestos a asumir solos una función que históricamente ha sido complementaria entre la familia y las instituciones educativas”, reflexionó.