radiouniversidad.com.ar

Familias de retirados de la Policía Territorial de Tierra del Fuego intensificaron su reclamo en Buenos Aires ante la falta de respuestas provinciales. Denuncian la quita del 50% de sus haberes, situaciones de extrema vulnerabilidad y un conflicto que ya escala a medios nacionales y organismos del Estado.

Río Grande / Buenos Aires.- Después de casi un año sin percibir la totalidad de sus haberes, familias de ex policías territoriales de Tierra del Fuego decidieron dar un paso más en su reclamo: trasladar la problemática al Congreso de la Nación y a los principales medios nacionales, en busca de visibilidad y soluciones urgentes.

La situación afecta a unos 540 retirados, quienes denuncian que desde hace aproximadamente diez meses dejaron de cobrar cerca del 50% de sus ingresos, correspondiente a la caja compensadora provincial. Mientras tanto, sólo perciben la parte vinculada a la órbita nacional, lo que —aseguran— resulta insuficiente para afrontar el costo de vida en la provincia.

Una agenda intensa en Buenos Aires

Marisa Fontana, integrante de las familias afectadas, relató que el grupo se encuentra desplegando una intensa agenda en la Ciudad de Buenos Aires. Allí realizaron presentaciones formales en la Cámara de Diputados y el Senado, además de mantener contactos con la Defensoría del Pueblo y el Ministerio del Interior.

“Fueron días muy ajetreados, muy cansadores, pero con la satisfacción de sentirnos escuchados”, expresó. Según indicó, lograron instalar el tema en distintos espacios políticos y mediáticos, incluso sin distinción partidaria. “Muchos se asombraron del problema que tenemos y de la falta de respuesta y respeto por parte de nuestras autoridades”, sostuvo.

La estrategia también incluyó apariciones en programas de televisión y entrevistas con periodistas nacionales e internacionales, con el objetivo de amplificar el conflicto más allá de la provincia.

El origen del conflicto

El subcomisario retirado Daniel Torales explicó en televisión nacional con el periodista Chiche Gelblung que el problema tiene raíces en un sistema previsional específico creado antes de la provincialización de Tierra del Fuego.

Según detalló, los efectivos territoriales contaban con un esquema de compensación por zona desfavorable —clave en una región de alto costo de vida— que fue garantizado por leyes y convenios entre Nación y Provincia tras 1992.

Sin embargo, denunció que ese acuerdo dejó de cumplirse de manera unilateral:

“Nos están pagando sólo el 50% del haber. El resto fue suspendido por una resolución interna que deja de lado leyes vigentes”, afirmó.

Torales también señaló que existen presentaciones judiciales avanzadas, pero que las demoras agravan la situación social: “Hay gente mayor, con enfermedades graves, que no puede esperar. Incluso hubo fallecimientos en este contexto”.

Historias de vulnerabilidad

El impacto del recorte no es sólo administrativo: golpea de lleno en la vida cotidiana de los retirados y sus familias.

Alfredo Gatti, policía retirado, y María Pérez, esposa de otro efectivo, expusieron en televisión nacional la dimensión humana del conflicto.

“Estamos viviendo una situación muy compleja. Nos dejaron de pagar casi el 50% del haber”, resumieron al programa “Solo Información Confiable”.

Entre los casos más críticos mencionaron:

Jubilados de más de 80 años con enfermedades oncológicas o tratamientos de diálisis.

Familias que no pueden sostener estudios de sus hijos fuera de la provincia.

Viudas que aún no acceden a los beneficios previsionales por demoras administrativas.

Adultos mayores obligados a realizar trabajos informales para subsistir.

“De un día para el otro nos sacaron una parte del sueldo sin previo aviso. Eso era parte de nuestro haber”, remarcaron.

Reclamo institucional y acusaciones

Los afectados apuntan directamente contra la administración provincial y las autoridades de la caja compensadora. Denuncian que la suspensión de pagos se fundamenta en una supuesta falta de liquidez, producto de malas inversiones, pero sostienen que la medida es ilegal.

“Por una resolución interna no pueden dejar de cumplir una ley, ni un convenio entre Nación y Provincia, ni la Constitución”, afirmaron.

Además, cuestionan la falta de respuestas del Poder Ejecutivo y reclaman la intervención del Poder Legislativo para exigir explicaciones y garantizar el cumplimiento de las obligaciones previsionales.

Un conflicto que escala

Mientras las causas judiciales avanzan lentamente, los ex policías territoriales decidieron cambiar la estrategia: salir del ámbito provincial y nacionalizar el reclamo.

La presencia en medios, las gestiones ante organismos nacionales y las reuniones con legisladores forman parte de una ofensiva que busca romper el silencio institucional que —según denuncian— atraviesa el conflicto.

“Somos pocos, pero detrás hay 540 familias que la están pasando muy mal”, sintetizó María Pérez.

La resolución del conflicto, sin embargo, aún parece lejana. Y en el medio, el tiempo —ese mismo que la justicia demora— sigue jugando en contra de quienes, tras décadas de servicio, hoy reclaman algo básico: cobrar lo que les corresponde.