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El Gobierno sigue la receta de Massa y está revisando las exenciones en la provincia

El ministro de Finanzas Públicas, Federico Zapata, precisó que se están revisando las actividades exentas de pago de Ingresos Brutos y también las tasas de servicios que quedaron desactualizadas. El impacto mayor sería en el sector productivo por el aumento de tasas, y también en la tarifa de gas por el gravamen que se impondría a Camuzzi. El proyecto fue presentado en la mesa paritaria del SUTEF pero Zapata aclaró que “no se trata de subir los impuestos para poder pagarle los salarios a los trabajadores”. Reconoció deudas atrasadas con proveedores, por efecto de los aguinaldos que demoraron el cumplimiento de compromisos, y se está tratando de dar una proyección para que sepan cuánto estarían cobrando. Una de las áreas más afectadas es salud con la provisión de insumos y la limitación de derivaciones. El ministro minimizó los alcances de las declaraciones de Sergio Massa, que va a insistir con la separata en el presupuesto 2024 y la necesidad de que el Congreso quite los beneficios promocionales a la provincia.

Río Grande.- El ministro de Finanzas Públicas Federico Zapata García dio detalles de la reforma de la ley tarifaria 440, que enviará a la Legislatura en breve con el fin de aplicar los nuevos gravámenes en este mismo ejercicio.

Por Radio Provincia aseguró que “no significa que esto va a subir los impuestos. Revisar la 440 tiene que ver con exenciones que se han establecido a distintas actividades por una coyuntura del momento. Ante la necesidad de recursos de la provincia por aumentos salariales y gastos de funcionamiento del Estado, inevitablemente hay que ver qué exenciones son pasibles de revisión”, dijo.

“También hay determinadas tasas que no han tenido actualización o que tienen una base imponible absolutamente desactualizada. Las tasas se cobran por servicios que presta el Estado y no se han establecido de forma variable sino fija. En un contexto inflacionario obligatoriamente hay que revisarlas, porque el Estado tiene que tener recursos para poder prestar esos servicios”, argumentó.

Reiteró que “no es que el Estado provincial esté buscando la suba de impuestos sino revisar las bases imponibles, cuáles son los sectores que tienen mayor capacidad contributiva y los que no están pagando impuestos por alguna exención que se ha dado”.

Se le preguntó si este intento de subir la recaudación tiene que ver con dar aumentos a sectores como el docente, dado que se presentó en la mesa paritaria del SUTEF. “Esto se dio en una mesa paritaria y nosotros lo venimos planteando desde la mesa anterior. Se llegó a dar aumento por decreto a los docentes porque nosotros venimos explicando que no contamos con los recursos necesarios para hacer frente, ante esta escalada inflacionaria”, señaló.

“El dato de la coparticipación se recoge de la coparticipación nacional y uno va viendo, a comparación del año pasado, cómo hay recursos por encima y por debajo de lo que está presupuestado, en sintonía con el proceso inflacionario. En la medida que haya inflación, los impuestos nacionales que son básicamente Ganancias e IVA, tienen un correlato, porque en la medida que suben los precios, sube la recaudación. Hoy nosotros tenemos una recaudación de Ingresos Brutos por encima de la inflación y en términos reales hubo un crecimiento, pero no lo hemos visto en el primer semestre respecto de lo que estaba presupuestado recibir de coparticipación. Inevitablemente hay que revisar cuáles ingresos uno tiene alguna potestad de revisar”, expuso.

Rubros afectados

Consultado sobre los rubros afectados y si estos aumentos van a irse a los precios, estimó que no. “Hay tasas del sector agropecuario, el sector forestal, de recursos naturales –mencionó sobre el impacto en sectores productivos-. Esos valores han quedado desactualizados y no son variables, sino que son montos fijos. Las bases imponibles no tienen relación con el nivel de actividad y quedaron desactualizadas. Después hay determinados rubros que han tenido exenciones y no pagan Ingresos Brutos. Un sector es la prestataria del servicio de gas, Camuzzi, que está exenta. El trabajo que estamos haciendo es la evaluación de cómo impactaría gravar esas actividades que están exentas para que no repercuta en el precio que se cobra al usuario. Es un trabajo bastante complejo y no tiene solamente un fin recaudatorio, sino que estamos evaluando el impacto –aclaró-. Se apunta a una política tributaria equitativa, no sólo al aumento de la recaudación. Hay otras actividades que se han eximido en su momento, por eso estamos haciendo la proyección de cuánto incrementaría los recursos provinciales si se eliminara la exención”.

Aumento para usuarios de plataformas

En cuanto al gravamen que impuso el gobierno a los usuarios de plataformas como Netflix, Spotify y similares, del 3% de Ingresos Brutos adicional al impuesto País, negó que se trate de más presión fiscal. “En una provincia donde no se pagan dos impuestos importantes como IVA y Ganancias, un 3% de Ingresos Brutos no me parece una presión tributaria muy alta. En este caso eran servicios que estaban exentos y esto no implica que sea una presión tributaria muy alta, más cuando uno ve que en el resto del continente hay un montón de impuestos que acá no se tributan. Me parece que Ingresos Brutos no es una gran carga tributaria para el servicio que se presta”, opinó.

“Los servicios que acá no pagan Ingresos Brutos sí lo hacen en el resto del país, por eso no estamos hablando de cobrar algo distinto que en el resto del país. Nosotros venimos firmando durante dos años seguidos el consenso fiscal, que justamente establece un compromiso para que ninguna de las provincias pueda excederse de los topes establecidos. Nosotros somos una de las provincias que está dentro de los límites. Hay servicios que en Santa Cruz pagan Ingresos Brutos y en Tierra del Fuego no, agravado por la situación de que en Santa Cruz pagan IVA y Ganancias y acá no. Los impuestos provinciales ayudan a sostener los servicios del Estado, como son la Salud, la Seguridad y la Educación”, planteó.

Impacto sin cuantificar

A nivel global no se ha hecho una estimación de cuánto aumentaría la recaudación con estas medidas. “No lo tenemos cuantificado y no se trata de revisar la ley impositiva a los fines de dar aumentos salariales. Se trata de revisarla porque estamos en una coyuntura de que, al tener una dependencia de la coparticipación que no tiene los aumentos esperados, inevitablemente como parte del Estado tenemos que buscar la forma de compensar esa caída. Esto no se traduciría exclusivamente en dar aumentos salariales, porque el Estado no está solamente para pagar salarios, sino para desarrollar un montón de otras políticas públicas. Es un trabajo que se pudo comunicar en una mesa con el SUTEF pero no es que se les dijo que la suba de impuestos se iba a traducir en más aumentos. Cuando iniciaron las paritarias de mayo se explicó que la situación financiera se veía comprometida por no tener los ingresos esperados de coparticipación. La complicación es tal que necesariamente tenemos que rever el esquema de exenciones y tasas que están con valores irrisorios. No se trata de subir los impuestos para poder pagar los salarios a los trabajadores del Estado”, reiteró, y dijo que “se necesitan acciones correctivas para poder sostener al Estado”.

La separata fueguina

Cabe señalar que este aumento de impuestos y tasas no se enviará con el presupuesto 2024 sino por separado, para poder contar con la herramienta lo antes posible. “Queremos aplicarlo este mismo año. Tenemos la presentación bastante avanzada, luego tomará estado parlamentario. Seguramente como todos los años se va a convocar a todos los ministerios a explicar la ejecución de este año y las proyecciones para el que viene. Esto va a tener un impacto en el presupuesto y nosotros lo estamos analizando para una ejecución para este año. Ni bien tengamos el análisis formulado estaremos remitiendo el proyecto de ley a la Legislatura. Seguramente se debatirá en la Legislatura y va a tener un impacto en el presupuesto 2024”, expresó.

Ajuste del gasto

Paralelamente el gobierno analiza un ajuste en el gasto público. “Nosotros estamos tomando los dos caminos juntos, porque inevitablemente hay que reducir u optimizar el gasto. Uno de mis objetivos es que el gasto público sea lo más optimizado posible y no se trata de reducir o achicar, sino de gastar menos para tener un beneficio mayor para la población”, sostuvo.

“El gasto público hay que revisarlo en el conjunto. Los servicios que presta el Estado tienen que ir acompañados de estructuras para poder prestarlos de la mejor forma y obviamente esto es susceptible de optimizarse, para prestar servicios con el menor recurso posible”, indicó, sin precisar qué áreas se verán afectadas.

Respecto del déficit real de las cuentas públicas, no lo pudo precisar pero no se podría disminuir el que fue presupuestado. “No puedo hablar de déficit porque en siete meses del año uno no puede llegar a proyectarlo. Todavía quedan cinco meses de ejecución de gasto y de recursos. Hay un montón de acciones que se pueden tomar y tampoco sabemos cómo se va a comportar la coparticipación, que es lo que más marca el ritmo de los ingresos. De acuerdo al déficit que estaba presupuestado y a menores recursos durante esos siete meses, de mínima no se va a poder disminuir el déficit que estaba en el presupuesto. Hay que ver hasta dónde se puede sostener ese déficit y hasta dónde crece, pero es medio apresurado restando cinco meses poder estimar un monto. Es muy importante la evolución que tenga la coparticipación en lo que resta del año y también de qué forma optimizamos el gasto e incrementamos la recaudación de impuestos. Hay que agudizar también la cobrabilidad y es otro de los elementos en los que estamos trabajando”, agregó.

Letras de tesorería

Con respecto a las letras de tesorería, volverían a pasarse para el año próximo. “Desde que iniciamos el proceso este año se han ido cancelando y colocando. El resultado neto hoy en día es de 5 mil millones de stock. Esto se utiliza para ir compensando menores recursos de coparticipación. La coparticipación se incrementa por la propia inflación y vamos cancelando con esos mayores recursos las letras que fuimos usando. Es un proceso que ya vimos el año pasado y las letras no tienen un destino específico, sino que son para cubrir gastos generales. Terminamos el año pasado pasando para este ejercicio la mitad del programa y entendemos que este año se va a pasar menos para el siguiente. Uno va viendo cómo cada vez tenemos mayores inversores. En esta última colocación logramos comprimir un poco la tasa variable que se le ofrece a los inversores, porque se toma una tasa de referencia de bancos privados, que se llama BADLAR, y sobre eso uno ofrece determinados puntos por encima como margen variable. En ese sentido venimos mejorando la parte variable que le ofrecemos a los inversores”, destacó.

Deuda con proveedores

También se le preguntó sobre la deuda con proveedores sobre todo del sistema de salud, tal el caso de insumos para el hospital como costo de derivaciones médicas. “Hay demora y uno no quiere llegar al corte de prestaciones. Una de las prioridades del gasto público es la salud y la segunda es la educación. Estamos trabajando en las demoras, porque también uno viene arrastrando el esfuerzo grande que tuvimos que hacer para el pago de los aguinaldos. Estamos terminándonos de acomodar y la idea es tratar de acortar el período de pago en servicios esenciales para no llegar a estos cortes. Durante estas últimas semanas venimos atendiendo reclamos específicos de algunos prestadores y tratando de cumplir de la mejor forma posible para que no se corten los servicios. Es deuda de estos últimos meses y uno entiende que los proveedores necesitan tener una proyección y también trabajamos fuertemente en eso. Si no podemos cancelarle una factura, por lo menos le decimos cuál es la proyección en que se va a poder cancelar para que tenga la certeza el proveedor. Muchas veces los cortes de servicio tienen que ver con una falta de proyección sobre cómo se va a cancelar la deuda. En eso estamos trabajando, dando prioridad a la salud, la educación y la ayuda alimentaria del gobierno a través del Ministerio de Desarrollo Humano”, puntualizó.

Pasaron cosas

Esta repentina emergencia que lleva a aumentar impuestos, reducir gastos y postergar pagos a proveedores se explica en las ‘cosas’ que pasaron en el país. “Han sucedido cosas este año en el ámbito económico que uno no podía predecir y hemos tenido que buscar alguna herramienta para acomodarnos. El año pasado el gobierno nacional pidió anticipos extraordinarios de Ganancias y eso hizo que las provincias pudiéramos dar aumento por encima de la inflación anual el año pasado. Si medimos los aumentos interanuales, cerramos el 2022 por encima de la inflación del año y eso nos permite tener esta especie de colchón a la hora de medir cómo va variando el sueldo. Cuando uno ve lo que cobra un empleado en julio con respecto a julio pasado, todavía está por encima de la inflación. Para seguir manteniendo esta ecuación hay que ver de qué forma se optimiza más el gasto en los sectores que se pueda revisar y de qué forma se buscan nuevas fuentes de recursos. Queremos seguir sosteniendo el poder adquisitivo de los trabajadores y esto se va viendo mes a mes respecto de los recursos y viendo cómo evolucionan los precios de los bienes”, dijo el ministro.

Declaraciones de Sergio Massa

Finalmente se le pidió opinión sobre las declaraciones del ministro Sergio Massa, que adelantó una nueva presentación de la separata para que el Congreso revise las exenciones impositivas, y expuso su malestar por no haber recibido una respuesta todavía. Cabe señalar que en esa separata se encuentra incluido el régimen promocional fueguino, pero Zapata minimizó el alcance de estas declaraciones. “Es lo mismo que sucedió el año pasado. Está cuantificado eso y no significa que se ha tomado la decisión de quitar ese gasto, sino que se cuantifica dentro del esquema del déficit de la Nación, para ver dónde se origina y cuál es el gasto por estas políticas de la 19640. No lo tomamos como algo negativo, sino que es lo mismo que sucedió el año pasado. De hecho el año pasado se puso en el presupuesto y no se tocó. Por más que la oposición esté en contra, no se toma la decisión porque entendemos que tiene que ver con una decisión geopolítica sostener un régimen en una isla que está con cercanía a la Antártida”, planteó.

Se le insistió en el reproche de Massa a los parlamentarios por no tratar la exenciones, porque dijo que no hicieron nada ni con el proyecto de derogación de la Coalición Cívica ni con la separata, que se lo devolvieron y no quitaron ningún beneficio, de allí que esté decidido a insistir.

“La Coalición Cívica no hizo nada y tampoco lo hizo el gobierno -respondió Zapata-. Yo interpreto esas declaraciones como diciendo que nadie va a querer el costo político de quitar los beneficios de la provincia, no lo hace el gobierno ni la oposición. Hay una herramienta que este gobierno ha puesto en funcionamiento que es el fondo de ampliación de la matriz productiva, donde ya se empezó a fondear y se está trabajando en proyectos concretos. Independientemente del régimen de promoción industrial como está hoy, es necesario ampliar la matriz productiva. Estos recursos hay que volcarlos en nuevas actividades que amplíen y no sustituyan la matriz productiva como lo había planteado el gobierno anterior. De fondo esa es la herramienta que más le sirve a la provincia, para generar actividades distintas en la provincia. Eso va a ampliar la matriz productiva, va a generar más puestos de trabajo, mayores recursos, y no esto que se viene planteando, que es el costo que tiene el régimen de promoción para el presupuesto nacional”, concluyó.

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