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El contador Oscar Bahamonde, titular de la AREF, apostó a una mesa de diálogo para resolver el conflicto por el impuesto inmobiliario, tras el fallo adverso para los municipios. Sostuvo que la vía judicial ya está agotada y la resolución señala que no está afectada la autonomía municipal. A partir de esta semana comenzarán las reuniones entre los ejecutivos para llegar a una solución.

Río Grande.- El titular de la AREF, contador Oscar Bahamonde, señaló por Radio Provincia que a partir de esta semana comenzará una serie de reuniones entre los ejecutivos para arribar a una solución política, ante el fallo de la Corte Suprema que le da la razón a la provincia y desestima la demanda de las municipalidades.

“El gobernador nos ha pedido entablar conversaciones con los ejecutivos municipales y encontrar una solución a través del diálogo y el consenso, para que ninguna de las partes se vea afectada, teniendo en cuenta que ha quedado firme el fallo del Superior Tribunal de Justicia, luego de la denegatoria del recurso presentado por los municipios”, dijo.

“Son distintas las alternativas que se pueden plantear en la mesa. La misma aplicación de la ley puede ser que no genere una disminución de recursos para los municipios. Si nos remitimos al fallo del Superior en su momento, uno de los argumentos de defensa fue la afectación de recursos y el fallo dijo que no surgía esa posibilidad del espíritu de la ley, porque se mantenían como algo fijo los recursos que venían recaudando los municipios, y que la coparticipación del 60 y 40% sería sobre los excedentes, con lo cual la afectación de recursos no se estaría dando. Con este fallo no da lugar a la queja que presentaron los municipios”, indicó.

Respecto del cambio de roles y de la postura que tenía la gestión municipal de Melella con la que tiene como gobernador, señaló que “obviamente cuando estábamos en el municipio teníamos que defender los recursos del municipio. Hoy estamos en la provincia y tenemos que defender lo de la provincia. La última instancia era ir a la Corte, porque creíamos que había alguna vulneración de la Constitución, pero los recursos que presentaron ambos municipios fueron desestimados y quedó firme lo que dijo el Superior Tribunal. La afectación de recursos no estaría pasando de acuerdo a la posición de la justicia, tampoco la afectación de la autonomía municipal. Por el contrario, el fallo dijo que se afectaba la autonomía provincial, al no dejar que se reasuman las potestades tributarias del que tiene la facultad para establecer el impuesto y también se estaría vulnerando la autonomía provincial”.

“Esto no quiere decir que haya cambiado lo que pensábamos pero quizás no teníamos la razón y por eso la justicia falló de esta manera. Para eso está la justicia, para dirimir los conflictos. Nosotros vamos a apostar a una mesa de trabajo, sabiendo el objetivo que ha planteado el gobernador de no afectar los recursos, para encontrar una solución”, reiteró.

Algunos concejales dicen que la afectación va a ser de mil millones anuales pero según las cifras oficiales sería una cuarta parte de ese valor. “Yo he tenido conversaciones con funcionarios de los dos municipios y ninguno de los dos me transmitió ese monto de mil millones. Públicamente no he leído lo que han dicho y no sé si sumando los tres municipios hoy recaudan ese monto. Si fuera así, la ley dice que se mantiene lo que se está recaudando y la distribución del 60/40 es sobre los excedentes”, remarcó.

“No se busca generar una controversia mediática. La justicia resolvió como un tercero imparcial y arribó a una sentencia respecto al tema. Ahora nos tenemos que sentar en una mesa a trabajar los representantes de los ejecutivos para ver cómo le damos una solución a esto”, volvió a expresar.

Aparentemente no sería necesaria una derogación de la ley según el gobierno. “Al haber quedado firme la sentencia, la facultad para legislar sobre el impuesto inmobiliario es provincial. Eso no quita que después se pueda modificar la ley. Esto surgirá de la charla que tengamos. Las leyes siempre se pueden modificar o se puede dejar la misma ley, porque no habría afectación. Puede ser una de las alternativas y por eso nos vamos a sentar a negociar. Puede haber una solución diferente y para eso estamos llamando a sentarse y buscar una solución. El fallo dice claramente que, si se aplica la ley provincial, los municipios deben mantener los recursos que ya venían recaudando. Hoy ya está agotada la vía y la solución que queda es política entre los distintos actores para encontrar una solución a este tema, que ya lleva siete años”, concluyó.